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El exjuez superior Armando Rivera Monge puede considerarse un hombre de suerte. El 11 de octubre del año pasado, cuando le faltaban pocos días para acogerse a su pensión, tres robacarros lo atacaron justo en el momento en que llegaba a su casa procedente de su despacho.
Pese a que lo encañonaron a través de los vidrios de su vehículo, las alarmas se activaron de inmediato y provocaron la huida de los delincuentes que no pudieron cumplir su cometido.
Dos días después, los ladrones regresaron al amanecer y, en aparente venganza, balearon el vehículo estacionado en la cochera. Un plomo penetró las paredes del dormitorio de su hijo, pero el muchacho también salió ileso.
Veintidós días después --el 3 de diciembre de 1995--, en una acción similar, los robacarros terminaron con el próspero empresario, Rodrigo Mora Chacón, de 49 años.
En un afán por despojarlo del Isuzu Tropper que conducía, cuatro pistoleros encapuchados lo atacaron, a las 3 a.m., a la entrada de su casa en La Catalina de Rohrmoser, Pavas.
Los malhechores le atravesaron un carro, pero Mora opuso resistencia por lo que le dispararon a quemarropa. Aunque la víctima fue trasladada al hospital falleció en el trayecto.
El tema de la violencia impuesta por los ladrones de autos cobró inusitado interés el 25 de marzo, cuando los jueces del Tribunal Superior Tercero Penal de San José, sección primera, Alicia Fallas Monge, Carlos Boza Mora y Emilia Solera Falla, revelaron las amenazas de que eran objeto ellos y sus familiares en momentos en que juzgaban, por diversos delitos, a 11 supuestos robacarros.
Pese a que esa banda, en la cual figuran Ricardo Méndez Castro, conocido como Bambán; Francisco Javier Boza --ya condenado a 48 años de cárcel-- y otros supuestos ladrones de vehículos, está presa junto con unos diez cabecillas más, la sustracción de autos empeora día con día y los métodos de los malhechores son cada vez más violentos.
La acción de los robacarros tiene como saldo dos personas muertas, tres vapuleadas y otras tres baleadas, durante el último año.
Según las estadísticas de la Sección de Delitos Culposos de Tránsito del OIJ, el robo de automóviles ocasiona diez denuncias diarias en San José; al menos en siete media la amenaza con arma, privación de libertad y la agresión física.
Los responsables son unas diez bandas que operan en San José y en las cuales participan cerca de 250 personas, entre las cuales casi la mitad son menores de edad, según el OIJ. Todos estos grupos están bien armados con ametralladoras y puñales.
Según la citada oficina, tales organizaciones delictivas se dividen el millonario negocio de la extorsión y la exportación de vehículos robados.
De acuerdo con cálculos policiales, en la actualidad, un 65 por ciento de los carros sustraídos son sometidos al pago de rescate mediante la extorsión, mientras que el 35 por ciento restante es exportado a Nicaragua, Panamá y Guatemala.
La próspera industria de la sustracción de autos, con base en estimaciones oficiales, genera --en promedio-- una pérdida de ¢2 millones a su víctima, por lo que los robacarros se están apropiando de unos ¢20 millones diarios en vehículos, o sea unos ¢600 millones al mes.
Los registros judiciales señalan que entre 1988 y los tres primeros tres meses de 1996, fueron hurtados 13.735 carros.
Un grupo de 8.955 automotores ---65 por ciento del total robado-- fue sustraído en el lapso que va de enero de 1993 a marzo de 1996, lo que demuestra el significativo aumento de los hurtos en los últimos tres años.
Al llamar la atención sobre las condiciones desiguales en que el Ministerio Público lucha contra ese mal, el fiscal general de la República, Carlos Arias Núñez, advirtió --en entrevista con La Nación-- que "si esta lucha se pierde, se cayó el país".
Arias aseguró que se trata de un negocio en escala mundial con fuertes ramificaciones en Centroamérica y llamó la atención sobre posibles conexiones de estos ladrones con el narcotráfico.
"Tenemos informes que por Costa Rica pasan furgones cargados con vehículos robados que luego son llevados a enormes fincas de países centroamericanos controlados por el narco", dijo Arias.
El jefe del Ministerio Público lamentó que debido a muchas deficiencias procesales son pocos los robacarros a quienes se castiga, lo que origina desconfianza en la policía.
Este fenómeno también repercute en las arcas del Instituto Nacional de Seguros (INS). Según un comunicado del departamento de Comunicaciones de esta entidad, entre enero de 1995 y marzo de 1996 se han girado ¢1.193 millones a causa de 1.780 reclamos por robo de vehículos.
Red de extorsión
Vehículos de modelos recientes son robados a sus dueños, quienes menos de tres o cinco horas después reciben una llamada telefónica de los ladrones para exigirles un rescate.
Carlos Arias, no dudó en atribuir nexo en las extorsiones a algunas agencias de seguridad fundadas por expolicías.
"En el fondo estas empresas no son más que parte de las mismas bandas que se roban los autos; a veces aparecen como héroes pero se trata de un trabajo de gangster", puntualizó.
El Fiscal General criticó al INS por requerir los servicios de agencias para la recuperación de vehículos. No obstante, el departamento de Comunicaciones del INS comunicó a este diario que, desde setiembre pasado, ya no hace ese tipo de contrataciones.
Con preocupación sobre los niveles de corrupción a los que han llegado estos grupos, Arias afirmó que hay indicios sobre la compra de conciencias en importantes entidades públicas. "Aunque por ahora no tenemos suficiente para acusar a alguien, investigamos la penetración de los robacarros en Aduanas, el Registro Público y, principalmente, en las cárceles."
En la red del hurto de autos --advierte el jefe del Ministerio Público-- además participan abogados y no descartó que algunos policías también brinden colaboración a cambio de una utilidad.
Por su parte, el fiscal especial contra el robo de autos, Víctor Vargas Villalobos, atribuyó el afianzamiento de la extorsión a que, muchas veces, se presentan complicaciones para sacar del país los autos robados, por lo que los delincuentes prefieren coaccionar a los propietarios para que paguen.
Los vehículos más apetecidos son los modelos recientes del Nissan Pathfinder, Mitsubishi Montero, Nissan Sentra, Honda Prelude, Toyota Corolla y Toyota Tercel, entre los principales.
La falta de contactos necesarios para enviar los vehículos robados en Costa Rica a otras naciones para su comercialización ha llevado a los delincuentes a implantar este nuevo sistema de extorsión.
Andan por todas partes
Un agente del OIJ advirtió que "las bandas de robacarros andan por todas partes, durante el día y la noche, y en la mayoría de ellas hay muchos menores de edad".
De ellas la que más atrae la atención de la policía es una conformada por al menos 22 personas, localizada en Santa Ana.
También se tiene identificado otro grupo en el sur del área metropolitana, propiamente en Concepción de Alajuelita, a la que pertenecen unas 35 personas, principalmente menores de edad.
Otra banda opera en Moravia y Tibás. Se trata, al parecer, de un grupo con conexiones en Panamá y Nicaragua, pero que desde hace unos cinco meses se dedicó exclusivamente a la extorsión.
La policía también tiene información de dos organizaciones de robacarros que operan en Aserrí. Pese a que se describe a todos los grupos como extremadamente violentos, la banda de este cantón josefino llama poderosamente la atención.
Un oficial consultado sobre el modo de operar de este grupo comentó que "interceptan a los conductores durante la noche y les colocan un puñal o un revólver para robarles no solo el auto sino todas sus pertenencias".
Las diez bandas se completan con grupos en Desamparados, Curridabat, Hatillo, Sagrada Familia, Guadalupe y San Juan de Tibás.
Sistema inoperante
Frente a la extorsión y la muerte por parte de los robacarros, el sistema judicial se han vuelto prácticamente inoperante, puntualizó Carlos Arias Núñez.
"Son pocas las veces que la policía logra con éxito culiminar sus investigaciones, pero las que se logran llevar a los estrados judiciales, por deficiencias en el sistema procesal, a veces quedan impunes."
Como ejemplo, Arias destacó que las diligencias de reconocimiento son generalmente lentas, lo que permite que las bandas se comuniquen con los testigos y los amenacen. "Esta situación aterroriza a las víctimas", aseguró el Fiscal General.
Mencionó una nota que los fiscales extraordinarios, Víctor Julio Vargas Villalobos y José Manuel Morales Sanabria, enviaron en diciembre pasado al Consejo Superior del Poder Judicial, en la cual detallan algunas deficiencias procesales.
En el documento, al cual tuvo acceso La Nación, mediante las actas del Consejo Superior del Poder Judicial, los fiscales pidieron la asignación de un juez especial.
Adujeron que muchos operativos policiales fracasan porque no se cuenta con una suma determinada para hacer un marcaje previo de los billetes en casos en que los delincuentes pretenden extorsionar a las víctimas.
