Caracas, 12 jun (EFE).- Las autoridades venezolanas sospechan que las armas halladas el viernes en una cadena de televisión y en dos hoteles pertenecían a los colombianos que presuntamente planeaban derrocar y matar a Hugo Chávez, según denunció el propio presidente.
Se trata de 62 fusiles, más de 10.000 cartuchos de municiones, granadas para morteros, explosivos plásticos C-4 y cable detonante descubiertos en los hoteles venezolanos, donde fueron detenidos tres militares que se ha anunciado serán presentados hoy ante los periodistas.
Además, en una casona del canal de televisión Venevisión, propiedad del magnate de las comunicaciones Gustavo Cisneros, la policía política Disip y la Guardia Nacional (GN, policía militarizada) hallaron municiones, 26 armas cortas y 3 largas "en perfecto estado".
Junto a las armas se encontraron unos manuales para acciones de sabotaje y uso de explosivos, según el jefe policial a cargo de la operación, que no se identificó.
"Dejamos expresa constancia de que el lugar estaba cerrado", dijo tras el operativo el abogado de Venevisión, Luis Gómez, al destacar que las armas descubiertas "son viejas y están oxidadas", y estaban ocultas en bolsas y bolsos antiguos, "llenos de telarañas".
Imágenes de Venevisión y otras emisoras autorizadas a acompañar la operación de registro mostraron también algunas ametralladoras.
Víctor Ferreres, presidente de una de las cuatro emisoras a las cuales Chávez llama "caballos del Apocalipsis" e involucra en planes para intentar volver a derrocarlo, manifestó que en la casona registrada funcionó "hace más de veinte años" una empresa de seguridad, y dijo creer que a ella pertenecía el armamento.
"Me comunican que no son armas de guerra, que algunas ni siquiera tienen percutor, que están en desuso, son viejas y oxidadas; no es indicio de nada", subrayó y recordó que también fueron recientemente registradas otras dos propiedades de Cisneros.
Antes del hallazgo, Ferreres dijo que la orden de registro de la justicia militar que le fue presentada facultaba a las autoridades a buscar indicios del "presunto entrenamiento de paramilitares, vídeos y documentos conspirativos de todo orden, municiones, chalecos y armas".
"El que no debe no teme. No tenemos nada que ver con ese tipo de actividades, lo que queremos es un proceso pacífico, electoral y constitucional", declaró.
Además de ciudadanos que repudiaron los registros, varios líderes opositores acudieron a Venevisión para expresar su solidaridad, entre ellos se encontraba el socialdemócrata Henry Ramos, quien dijo que el hallazgo en la emisora privada fue "simulado".
Advirtió de que, "a medida que se vaya acercando el día del referendo revocatorio (sobre el mandato de Chávez, previsto para 15 de agosto), más van a arreciar éstos contra los medios y los dirigentes".
Paralelamente y en otra zona de Caracas, el coronel Eladio Aponte de la Guardia Nacional (GN, policía militarizada) informaba de que en los hoteles registraos se encontró el armamento de mayor poder.
"Esto es fruto de las investigaciones que se vienen adelantando desde el 9 de mayo", afirmó el coronel en alusión al día en que fueron sorprendidos cerca de Caracas más de un centenar de supuestos paramilitares colombianos, ahora presos en un regimiento caraqueño.
El coronel también informó de que ha sido emitida una orden de prisión contra el general Efraín Vásquez, quien fue jefe del Ejército hasta el 13 de abril de 2002, cuando fracasó el golpe de Estado que dos días antes logró derrocar a Chávez durante 47 horas.
Vásquez no forma parte del grupo de cuatro altos oficiales opositores a Chávez y se ha ofrecido una recompensa de más de 100.000 para el que aporte "información fidedigna" sobre ellos.
Uno de ellos, el general Ovidio Poggioli, hasta hace poco jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), se entregó y está acusado de planificar, coordinar y ejecutar la incursión del 9 de mayo.
Los colombianos detenidos, iban vestidos como militares venezolanos y, aunque estaban desarmados, formaban parte de un grupo mayor de hasta 4.000 hombres, según la denuncia reiterada por el gobernante. EFE
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