ATF pidió crédito a nombre del BAC

Pero no se trata de un certificado de propiedad que haga constar que los bonos de deuda externa para los cuales el Anglo giró sumas millonarias realmente le pertenecen.

Es más bien una carta, fechada el 19 de junio de 1992, en la que José Luis López, presidente de ATF -entidad que supuestamente negoció los bonos para el BAC-, le pidió al Internationale Nederlanden Bank (ING) una ampliación de su crédito por $30 millones adicionales a los $5 millones que tenían a su favor. Para ello, aseguró que contaba "con el aval del Banco Anglo Costarricense".

Sin embargo, cuando se llegó al punto de definir quién iba a tener a su nombre los títulos que se compraran con ese dinero, la misiva era enfática en su solicitud: "Permanecerán en la custodia que tiene Ariana Trading and Finance Inc. con NMB Bank."

Al respecto José Luis López explicó que la carta estaba en esos términos porque era ATF la que estaba negociando con el ING, para una línea de crédito que el Anglo le solicitó a su compañía. No obstante, agregó, el BAC no tomó el crédito porque tampoco la entidad internacional lo otorgó.

En el documento incluso se pide que no se requiera la autorización al Banco Central de Costa Rica (BCCR) para ejecutar las transacciones, porque "para una operación internacional llevaría más de un año ya que el Banco Anglo es 100 por ciento estatal".

Consultado ayer por La Nación, el presidente de la Junta Liquidadora del Anglo, Marco Hernández Avila, negó que el BAC haya tenido conocimiento, al menos documentalmente, de que se estaba utilizando su nombre con el fin de pedir una ampliación de crédito para la empresa intermediaria ATF. "El Banco nunca dio un aval para esas transacciones", subrayó Hernández.

Ante esa aseveración, López dijo: "Que se busque la solicitud del Central a ver si está."

"Yo no sé donde están los directores; que les pregunten a ellos. Por ejemplo, a Carlos Trejos, quien tiene que responder lo que se conversó", concluyó López.

Inversion mas credito

Cuando los López ofrecieron por primera vez el negocio de venderle títulos de deuda externa al Banco Anglo, aseguraron que representaban al NMB Bank (que después cambió su nombre por ING). Esa versión fue rechazada por el NMB en respuesta a una consulta del 30 de agosto de 1994, formulada por el entonces presidente ejecutivo del Banco Central, Carlos Manuel Castillo.

"Ariana nunca ha sido representante del ING en ningún sentido", insistió el banco holandés.

Precisamente en ese primer ofrecimiento al Anglo, hecho por José Luis López en una carta fechada 5 de junio de 1992, dirigida al exgerente de la entidad, Carlos Hernán Robles Macaya, ATF ofreció que por cada $1 millón que invirtieran en títulos de deuda externa de Costa Rica, el BAC recibiría un préstamo de $2 millones para la compra de más títulos.

El documento concluye diciendo: "De inmediato podríamos darles la suma de $5 millones en efectivo contra lo mencionado anteriormente."

Esos $5 millones son los mismos que ATF tenía autorizados con el NMB Bank antes de que iniciaran sus negociaciones con el Anglo. Es decir, solo 14 días después de enviar la primera oferta al Anglo, ya Ariana Trading actuaba con su aval solicitando créditos millonarios ante un banco que decía representar.

Fiscalía pide traducción de prueba

El jefe del Ministerio Público, Carlos Arias Núñez, solicitó ayer al Juzgado Cuarto de Instrucción que ordene la traducción de las 3.233 páginas que componen la nueva prueba, aportada recientemente por Estados Unidos, en relación con la causa por el descalabro del Banco Anglo Costarricense.

Así lo informó ayer Fabián Barrantes, jefe del departamento de Información y Relaciones Públicas del Poder Judicial tras confirmar que la evidencia fue puesta en conocimiento de las partes, incluido al Ministerio Público, el 23 de mayo.

Una vez que los documentos suministrados por el Departamento de Justicia norteamericano estén traducidos al español, los fiscales procederán a estudiarlos para definir si procede encausar nuevas acusaciones o solicitar la anulación de algunas ya formuladas.

Precisamente ese fue el planteamiento del presidente de la Junta Liquidadora del Banco Anglo, Marco Hernández Avila, quien considera que, ante la nueva prueba, podría estarse al frente de "una estafa".

Junta asesorada

Ante las declaraciones de Hernández, publicadas por La Nación el lunes, el Fiscal General de la República reaccionó diciendo que ese funcionario no es abogado para opinar sobre cuáles son las acciones que deberá emprender el Ministerio Público en este caso.

Sobre ese particular, el presidente de la Junta expresó que Arias tiene razón al decir que su formación no es de abogado penalista, "pero tengo asesores de gran capacidad y prestigio que me han asegurado qué es lo que hay que hacer con la prueba y con base en eso rendí mis declaraciones", explicó.

"No dudo de la capacidad del Ministerio Público para analizar la prueba, pero lo que la Junta y el país demandan es que se actúe para que la acción ejercida mediante la acción civil resarcitoria se fortalezca y se recuperen los fondos transferidos por el Banco en su momento, que son de todos los costarricenses", agregó.

Según adelantó, los abogados de la Junta Liquidadora -Gloria Navas y Vinicio Zamora- están preparando un informe con la interpretación que ellos hacen del legajo. El producto final se entregará al juez para que este lo ponga en conocimiento del Ministerio Público, indicó. Ese documento podría estar listo en los próximos 15 días.

Anteayer:

Conmoción en caso Anglo ante pruebas aportadas por Estados Unidos

Ayer:

Fiscalía cautelosa ante nueva prueba

Hoy:

ATF pedía créditos a nombre del Anglo