EscucharUna fiesta en Barranca de Puntarenas concluyó abruptamente el jueves con la muerte de un muchacho de veinte años. Nadie lo asaltó ni le cobró cuentas pendientes con el crimen organizado. Fue un accidente, en medio de una fiesta donde los congregados tomaron la trágica decisión de jugar con un revólver.
El joven fallecido, un estibador, padre de una niña de año y medio, bromeó con el portador del arma, quien la había recibido de otra persona, interesada en venderla ilegalmente. Al amigo se le escapó un tiro que dio en la frente del fallecido. Según los testigos, no había disputas entre ellos, y alquilaban juntos la casa donde sucedió la tragedia.
Asustados, los presentes se negaron a permitirle a la Cruz Roja el ingreso a la casa. Pidieron la camilla para acomodar a la víctima sobre ella, sin intervención de los paramédicos. Intentaban, con bastante ingenuidad, disimular lo ocurrido. Mientras llegaba el Organismo de Investigación Judicial, dos muchachos salieron con el arma a un lote vecino, donde la enterraron. Cuando los investigadores comenzaron a hacer preguntas, el responsable tardó poco en derrumbarse y relatar lo sucedido.
Ahora se le acusa de homicidio simple. No cuenta con antecedentes penales, pero la Fiscalía solicitó imponerle tres meses de prisión preventiva mientras investiga los detalles del suceso. La versión inicial podría confirmarse o tal vez no, pero, independientemente de su veracidad, el caso cumple el patrón de los homicidios en Costa Rica: en su mayoría ocurren entre conocidos, y no es raro que la víctima y el victimario habiten bajo el mismo techo.
En el 2010, 134 de los 527 homicidios se dieron en el marco de una riña, 55 fueron producto de la violencia doméstica y 16 ocurrieron a consecuencia de accidentes con armas. En casi todos los casos, la inoportuna disponibilidad del arma contribuyó a producir el trágico resultado. Por contraste, solo 115 muertes obedecieron a la delincuencia común (robos o asaltos) y apenas 15 (menos del 3%) ocurrieron en el marco de la legítima defensa. El costo de armar a la ciudadanía para repeler ataques es, evidentemente, muy alto.
El número más significativo agrupa al 30% de las muertes ocurridas en conexión con el narcotráfico, donde pocas veces hay víctimas ajenas a la actividad delictiva. Son, igualmente, tragedias, pero no tocan al ciudadano común, respetuoso de la ley. Si hacemos a un lado el narcotráfico, las posibilidades de morir a manos de un pariente o conocido son mayores que las de perder la vida por causa de la delincuencia.
A la luz de las estadísticas, la conveniencia de facilitar la portación de armas con fines de defensa personal es muy discutible. Contra las políticas más rigurosas, se esgrime el argumento de que solo el hampa estaría armada. Es cierto, pero también sería más fácil identificar a los delincuentes, y una penalización estricta de la posesión ilegal ayudaría a sacar a muchos de ellos de circulación.
También se alude a la posibilidad de estimular el desarrollo del mercado negro. Podría ocurrir, pero un ciudadano común y corriente difícilmente asumirá el riesgo de encarcelamiento a cambio de poseer un arma ilegal. Por otra parte, la inscripción del arma y el permiso para portarla en nada inciden en el momento de la fatal decisión de accionarla ni sirven para prevenir los accidentes.
Hace dos semanas, otro joven de 20 años cometió suicidio luego de matar por accidente a un amigo en El Roble de Puntarenas. En julio, un hombre se disparó en el pecho mientras limpiaba su pistola, y un guarda murió de un disparo no intencionado en el pómulo. Ese mismo mes, un joven agricultor perdió la vida cuando se le disparó el rifle, y la bala lo alcanzó en la barbilla. Al mes siguiente, un niño de 9 años falleció baleado en similares circunstancias. Esos siete accidentes, ocurridos en un lapso inferior a los tres meses, produjeron casi la mitad de las muertes atribuidas en el 2010 a la defensa personal.
Sin embargo, la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública inscribe unas 40 armas diarias. Este año ya concedió 3.523 matrículas a personas físicas y 3.390 a personas jurídicas. Hay 213.807 armas legalmente inscritas y apenas es posible estimar el tamaño del mercado negro. Es hora de analizar esta realidad con ojos más críticos.
