EscucharCon el fin de resolver litigios entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en una convención de 1965 el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés).
Costa Rica ratificó, como 148 Estados más, dicha convención (la firmó el 29 de septiembre de 1981, pero la ratificó tan solo el 27 de abril de 1993). El amplio plazo entre la firma y la ratificación de Costa Rica se debió a la posición de no ratificar este instrumento mientras se resolvía el caso de la expropiación de la Hacienda Santa Elena, consecuencia de la creación del Parque Nacional de Santa Rosa (Decreto Ejecutivo 8550-G del 5 de mayo de 1978). Se lee en un memorandum ("http://www.prnewswire.com/news-releases/gcab-releases-legal-memorandum-summarizing-recent-argentine-legislation-and-bondholder-remedies-54081267.html") de la GCAB ("http://www.prnewswire.com/news-releases/gcab-releases-legal-memorandum-summarizing-recent-argentine-legislation-and-bondholder-remedies-54081267.html") del 2005 (Global Committee of Argentina Bondholders) que esta decisión de Costa Rica resultó de presiones directas en relación con este caso: “In the 1990s, following the alleged expropriation of property owned by an American investor, Costa Rica refused to submit to ICSID arbitration. The American investor invoked the Helms Amendment and delayed a US$ 175 million loan from the Inter-American Development Bank to Costa Rica. Costa Rica consented to the ICSID proceeding, and the American investor ultimately recovered US$ 16 million”.
Varios países del hemisferio americano no son parte a la convención del CIADI. En el área cercana a Centroamérica, Canadá, Cuba, México, o República Dominicana no lo son, como tampoco Antigua y Barbuda, Belice, Dominica (Commonwealth de) ni Surinam. Brasil tampoco ha ratificado (ni tan siquiera firmado) dicha convención.
Recientes denuncias del CIADI. Como cualquier tratado internacional, la Convención CIADI queda sujeta a la denuncia por un Estado Parte, cuando este último considere que ya no corresponde a sus intereses ser parte de ella. La figura de la denuncia de un tratado quedó plasmada en la Convención de Viena sobre derecho de los tratados (art. 56). Bolivia inició esta práctica con su denuncia notificada al CIADI en mayo del 2007, seguida por Ecuador (denuncia notificada en julio del 2009).
Venezuela anunció oficialmente su denuncia el pasado 24 de enero del 2012, la cual será efectiva en julio próximo. Probablemente otros Estados como Argentina (con 24 demandas ante el CIADI de los 146 casos pendientes a la fecha) también se inclinará en algún momento por esta opción en el futuro. Ya circula un proyecto de ley con fecha del 21 de marzo del 2012 en el Congreso de Argentina en ese sentido.
La virulencia de la ofensiva diplomática de España a raíz del anuncio de la posible nacionalización de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) por parte de Argentina, probablemente incida aún más en esta delicada decisión. El uso erróneo (e innecesario) por parte del ministro de Relaciones Exteriores de España del vocablo “agresión” para referirse a la posible expropiación de YPF el pasado 13 de abril, posiblemente explique el anuncio argentino hecho días después.
La catedrática española Araceli Mangas Martín es contundente en su valoración: “Argentina no ha cometido, ni aun materializándose la expropiación, 'una agresión' ni sería equivalente a una agresión militar. Son gruesas palabras en boca del ministro español de Asuntos Exteriores, impropias en términos jurídicos y nada diplomáticas. Ya están los ánimos algo exacerbados por parte del Gobierno argentino por su propia deriva nacional-populista como para echar leña al fuego desde el Gobierno de España” (ver artículo del 16/04/2012: “Kirchner frente a la legalidad”, ElMundo-España).
Más allá del caso argentino, ha sido cuestionada en la literatura especializada la poca sensibilidad demostrada por los tribunales CIADI en sus decisiones sobre temas relativos a la defensa de intereses difusos (derechos humanos, medio ambiente, poblaciones indígenas, agua para comunidades, etc.). Recientemente incluso, se invita al CIADI a “pensar en verde” sus arbitrajes, lo cual constituye un verdadero reto para este mecanismo ideado en plena época de nacionalizaciones y expropiaciones de empresas dedicadas a la explotación de recursos minerales e hidrocarburos: una época en la que las consecuencias ambientales y sociales de estos proyectos extractivos eran simple y llanamente ignoradas.
Conforme los Estados salgan sistemáticamente mal librados de sus contiendas ante los árbitros del CIADI, es posible que esta lista de “denunciantes” se extienda en el futuro mediano a otros países del hemisferio americano. Incluso, en el caso de países en los cuales el Poder Ejecutivo, de manera poco transparente e inconsulta, firmó en el pasado contratos leoninos de concesión (que incluyen cláusulas a todas luces abusivas a favor del concesionario privado) denunciar el CIADI permitiría minimizar el efecto de posibles demandas futuras.
