EscucharBuenos Aires, 13 sep (EFE).- La Procuración General de Argentina creó hoy una fiscalía especial para investigar el más cruento atentado sufrido por el país, luego de que las pesquisas judiciales de poco más de diez años no arrojaron ningún resultado, informó a EFE una fuente de ese organismo.
Se trata de una Unidad Fiscal que tendrá como principal objetivo que "no quede impune" el ataque con explosivos que el 18 de julio de 1994 redujo a escombros las siete plantas del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con 85 muertos y más de 200 heridos.
La fuente de la Procuración General (Ministerio Público), del cual dependerá esa comisión especial, indicó que también deberá investigar si existieron cómplices locales de los terroristas y las diversas irregularidades que sufrió el caso en la etapa judicial de instrucción.
Esa Unidad Fiscal, que reconoce como antecedente un equipo creado hace dos décadas para investigar los casos de robo de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, estará conformada por unas 20 personas bajo la dirección de los fiscales federales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos.
Esa comisión especial investigadora "comenzará a trabajar apenas el Gobierno autorice el presupuesto para su funcionamiento", agregó la fuente, tras señalar que ese equipo "no tiene plazos, sino el objetivo bien concreto de que el atentado terrorista contra la AMIA no quede impune".
La creación de una fiscalía especial fue una de las primeras ideas que manejó el Gobierno que preside Néstor Kirchner luego de que concluyera, hace once días, con un veredicto absolutorio un juicio oral y público de casi tres años contra la llamada "conexión local" de los terroristas.
Durante ese proceso, contra un comerciante de automóviles acusado de haber facilitado la camioneta usada como coche-bomba y varios ex policías argentinos, salieron a la luz numerosas irregularidades que comprometen al juez Juan José Galeano, el primero que investigó el atentado, y a ex funcionarios.
En ese juicio, el más extenso de la historia argentina, se probó que el juez Galeano aceptó que la SIDE (el servicio de inteligencia que depende de la Presidencia del país) pagara 400.000 dólares al comerciante de automóviles para que en su declaración comprometiera a policías de la provincia de Buenos Aires.
El veredicto absolutorio del tribunal, que fue repudiado por familiares de las víctimas de la AMIA, dejó en claro que durante el Gobierno presidido por Carlos Menem (1989-1999) se entorpecieron deliberadamente las investigaciones para impedir que la Justicia llegase a la verdad.
Al respecto, el tribunal decidió abrir causas penales contra el juez Galeano por las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado y también contra el ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy por presunto encubrimiento.
Durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se creó una Unidad Fiscal Especial para investigar los casos de robo de hijos de desaparecidos denunciados por Abuelas de Plaza de Mayo, comisión que integró el entonces fiscal y actual jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. EFE
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