EscucharNuestro país cuenta con una Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos desde el año 2005, cuyo objetivo primordial es “reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico, así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en casos de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción”.
El espíritu fundamental de la gestión de riesgo es la prevención, es decir, identificar las fuentes de amenaza y los peligros que puedan darse, a fin de tomar medidas concretas para evitar un desastre y la pérdida de vidas y de bienes materiales.
Gestión de riesgo. En materia de planificación urbana o, de manera más amplia, de ordenamiento territorial, eso implica conocer con detalle las condiciones técnicas de los terrenos que se definan como aptos para el desarrollo de las ciudades y sus construcciones, de manera que aquellas que se autoricen para ese fin presenten las condiciones más seguras posibles para las personas que vayan a vivir o laborar allí.
Para conocer las condiciones de vulnerabilidad que presenta un terreno, se deben hacer diversos estudios técnicos (geología, geomorfología, de estabilidad de ladera, de diversos tipos de amenazas naturales e incluso de hidrogeología), además de las condiciones de pendientes y espesor de suelos, entre otros).
Debido a que Costa Rica es un país geológicamente activo, localizado en una zona de choque de placas tectónicas, presenta una extensa gama de fuentes de amenazas naturales originadas por estos factores.
El Valle Central, donde vive más de la mitad de la población del país, es una cuenca de origen tectónico, todavía activa, que presenta vulnerabilidad a una serie de fuentes de amenazas naturales. Entre ellas se encuentran las inundaciones o avalanchas (como la que cobró la vida a 23 personas en noviembre del 2010 en Escazú), deslizamientos, sismos fuertes y fenómenos asociados, como la amplificación sísmica o la licuefacción, las fallas geológicas activas y su potencial de ruptura en superficie, así como los peligros volcánicos asociados a la eventual entrada en actividad de uno de los cuatro colosos que forman parte del borde norte del Valle.
Las fuentes de amenazas naturales no ocurren todas juntas, ni tampoco cubren la totalidad del territorio. Se presentan en zonas específicas. Incluso, la forma en que se presentan puede variar según las condiciones locales en varias escalas, es decir, desde una muy baja hasta una muy alta amenaza.
En consideración de todo ello, resulta muy importante, para todos, conocer el grado de vulnerabilidad que tiene el terreno donde vivimos, o donde queremos vivir. De igual manera, las autoridades responsables de definir el uso del suelo que va a tener un terreno, como ya vimos, y según la Ley Nacional de Emergencias, están obligadas a utilizar la información técnica disponible, o bien a realizar los estudios necesarios, para que, al momento de definir los usos del suelo, los hagan para terrenos seguros con el menor grado de vulnerabilidad posible, y para que quienes van a construir en esos sitios, tomen medidas técnicas concretas para garantizar la seguridad de las obras a realizar.
No hacerlo es exponer inútilmente a ciudadanos a riesgos conocidos por las autoridades, con posibles acciones legales en caso de que se verifique su negligencia y se deba compensar daños sufridos.
Lo avanzado. En nuestro país, desde el año 2006 se dispone de una metodología estandarizada, publicada mediante un decreto ejecutivo (DE 32967 – Minae) para realizar este tipo de estudios.
La metodología fue desarrollada como consecuencia de una resolución de la Sala Constitucional del año 2002, que señaló la obligación que tienen las municipalidades de realizar una evaluación ambiental de su plan regulador o de ordenamiento territorial.
Hasta el día de hoy, más de 50 municipios, durante los últimos años, han elaborado o se encuentran elaborando informes ambientales de sus planes de ordenamiento del territorio.
De acuerdo con la Setena, 16 de esos municipios, ya cuentan con viabilidad ambiental.
En el caso de la Gran Área Metropolitana (GAM), los estudios realizados por el Prugam (Planificacion Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana) permitieron elaborar un mapa de amenazas y peligros naturales a una escala bastante detallada (1:10.000), útil para la elaboración de los planes reguladores. Además de eso, se hizo una zonificación de fragilidad ambiental. Esta información fue revisada y aprobada por la Setena, desde junio del 2009, mientras que el Reglamento de Zonificación Ambiental y de Desarrollo Sostenible de la GAM fue aprobado en noviembre del 2009 y se encuentra vigente.
Aunque puede haber todavía algunas limitaciones, y la información podría ser mejorada, mediante estudios más detallados, esos resultados representan la mejor aproximación realizada, y por ello, es indispensable que se tomen en cuenta para la toma de decisiones de usos del suelo y permisos de construcción a nivel de planes reguladores, como de lineamientos generales a nivel de plan regional.
Potgam. Cuando se revisa la propuesta del Potgam 2030 (Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana) y su intención de ampliar el anillo de contención urbano en 15.000 hectáreas (150 km²) en sustitución del Plan Prugam y el hecho de que el 62% de esa ampliación se localiza en zonas de alta y muy alta fragilidad, y de alta y muy alta vulnerabilidad a las amenazas naturales, se concluye que existe una serie y peligrosa contradicción, entre ambas propuestas.
Esto, por cuanto el Potgam estaría afectando aún más las ya impactadas áreas de protección de la GAM, sino que usando números conservadores, se estaría induciendo a que 1 millón de personas se instalarán en condiciones de alto y muy alto riesgo a las amenazas naturales.
Ese millón de personas, como mínimo, se instalaría a los largo de las próximas dos décadas en zonas inseguras y de riesgo, sumándose al medio millón que ya vive en esas condiciones. De manera que para el 2030 sería la mitad de la población de la GAM, y no como ahora que es el 20%, los que vivirían en condiciones de riesgo alto a muy alto a las amenazas naturales.
El Prugam, por el contrario, regula sin impedir del todo el desarrollo en dichas zonas y lanza el reto de impulsar ciudades compactas en las zonas urbanas potenciales (áreas construidas y sin construir).
Concluimos, entonces, que la eventual aprobación y puesta en vigencia del Potgam, en materia de gestión de riesgo, no representa ningún avance, por el contrario es un enorme y grave retroceso que condenaría aún más a la GAM hacia el subdesarrollo, la insostenibilidad y la vulnerabilidad de sus habitantes.
Y, con la GAM, es todo el país el que seguiría asfixiándose en un impasse y atrasos por carecer de un ordenamiento territorial y sus consecuencias económicas. Según los más recientes datos de Mideplán en torno al costo de atender las emergencias naturales, ronda los $2.000 millones, un peso económico a todas luces insostenible.
Como puede observarse, solo este hecho debería llevarnos a revisar con sumo cuidado las propuestas, sin dejar de alternativas, como por ejemplo expandir la GAM, hacia el noroeste, donde se presentan zonas de menor fragilidad ambiental y vulnerabilidad, tema igualmente planteado por el Prugam para su respectivo estudio.
No es justo, ni correcto, que se esté condenando a vivir en condiciones de riesgo a la mitad de la población futura de la GAM. El Potgam dice reconocer la viabilidad ambiental del Prugam, pero la irrespeta en beneficio de otros particulares.
Quienes deciden no deben hacer a un lado los estudios técnicos sobre vulnerabilidad de la GAM y exponer peligrosamente el futuro de la región urbana más importante de nuestro país.
