EscucharLa eventual compra millonaria de armas a la Industria Militar de Israel (TAAS) mediante gestiones combinadas del Ministerio de Seguridad Pública y Aviación Civil, provocó ayer una fuerte agitación en el seno de la Asamblea Legislativa durante los actos de la sesión solemne del 1 de mayo.
Los diputados opositores Rodolfo Méndez Mata --jefe de campaña del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)--, Bernal Aragón Barquero --hasta ayer jefe de fracción de esa agrupación--y Gerardo Trejos Salas, del Frente Democrático, cuestionaron que el Gobierno pretenda hacer esa adquisición mediante compra directa y no por licitación.
Los tres censuraron que la negociación fuera declarada como secreto de Estado, tal y como lo alegó el martes a La Nación el ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, mediante un fax.
La gestión del Gobierno incluye la adquisición y trueque de pertrechos por ¢1.076 millones, de los cuales ¢933 millones serán financiados con fondos de Aviación Civil --generados por el uso de la terminal del aeropuerto Juan Santamaría-- y los ¢143,1 millones restantes mediante un intercambio de municiones viejas por armamento y equipo policial nuevo.
En ambos casos la compra se hará a TAAS. Las gestiones de iniciaron la última semana de marzo pasado. (Véase recuadro)
El diputado oficialista Rolando González --hasta ayer jefe de fracción del PLN-- estimó que la compra del armamento debe analizarse con prudencia, para determinar si procede la negociación por compra directa.
González declinó opinar sobre la declaratoria de secreto de Estado alegando que hasta ayer no tenía pleno conocimiento de la gestión hecha por el Gobierno ante la compañía israelí.
El diputado sí censuró a Aragón porque, en su opinión, "está haciendo un escándalo político de un asunto tan delicado como la compra de un armamento, de urgente necesidad para los cuerpos policiales del país".
La Nación trató de obtener una reacción del ministro Juan Diego Castro, pero el funcionario, por razones que se desconocen, no asistió a los actos de la Asamblea Legislativa. Se le dejaron mensajes en la oficina de Comunicaciones del Estado Mayor, pero no respondió las llamadas.
Por su parte, el magistrado constitucionalista Rodolfo Piza Escalante --consultado mientras asistía a los actos en el Congreso-- explicó que no podía opinar sobre el tema porque tendría que inhibirse si el asunto es sometido a la Sala Cuarta.
Aún así, Piza señaló que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establece que el secreto de Estado debe ser declarado por ley, por lo que, de acuerdo con esa jurisprudencia, la compra del armamento aparentemente "no tiene nada de secreto".
Figueres menciona secreto
Las anteriores versiones trascendieron ayer al tiempo que el presidente de la República, José María Figueres --luego de concluido su discurso en la sesión solemne del Congreso--, ratificó a La Nación la firma de un decreto que declaró como secreto de Estado la compra del armamento a la Industria Militar de Israel.
Figueres adujo no recordar la fecha del decreto, pero estuvo de acuerdo en suministar a este diario una copia del mismo cuando se le solicite.
Acerca de las razones que mediaron para hacer tal declaratoria en relación con la adquisición de los pertrechos, Figueres adujo que resulta estratégica para combatir el narcotráfico, posibles secuestros, y en general para combatir de manera más organizada el crimen.
Para el jefe de campaña del PUSC, Rodolfo Méndez, se trata de una compra desmedida bajo un "proceso oscuro que debe ser aclarado".
Gerardo Trejos Salas, del Frente Democrático, calificó la negociación como una ocurrencia más del presidente Figueres.
Sobre la declaratoria de secreto de Estado, Trejos dijo que "aquí no hay más secreto de Estado que la razón por la que Juan Diego Castro fue nombrado ministro de Seguridad".
Aragón opinó que la compra no puede calificarse como un secreto de Estado, por lo que anunció medidas a todo nivel para evitar que el Gobierno dé dicho tratamiento a esa negociación.
Colaboraron con esta información los periodistas de La Nación, William Méndez y Carlos Villalobos.
Tramites paralelos
Tanto la compra de armas como el canje de municiones por ametralladoras y equipo policial se han tramitado en forma paralela en la Contraloría General de la República:
22 de marzo de 1996:
Aviación Civil presenta una solicitud ante la Contraloría General de la República para que se le autorice la compra de armamento, en forma directa, a la Industria Militar de Israel (TAAS).
29 de marzo de 1996:
La Oficial Mayor del Ministerio de Seguridad Pública, Vilma Granados Solera, presenta una solicitud a la Contraloría General de la República para que se le autorice entregar a la Industria Militar de Israel munición declarada en desuso y recibir a cambio equipo policial y ametralladoras.
Primera semana de abril:
La Contraloría pide al Ministerio de Seguridad y a Aviación Civil completar la información pues los datos aportados no indican montos de compra, avalúo del material que se dará a cambio del equipo policial y otros detalles.
25 de abril de 1996:
El ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, envía un documento a la Contraloría en el que completa la información sobre el canje de municiones por equipo policial. Además, otro documento en el que complementa la información relacionada con la compra de armas a Israel.
Fuente: Contraloría General de la República.
