EscucharLima . La fiscal de la nación, Nelly Calderón, denunció por homicidio al expresidente Alberto Fujimori, con relación a dos matanzas de grupos paramilitares apoyadas por el gobierno a principios de la década del 90.
Peru espera que con la denuncia de estos delitos se allane el camino para lograr que Fujimori sea extraditado por Japón, donde vive en el exilio.
La fiscalía, que presentó la denuncia el miércoles ante la Corte Suprema, acusa al ex presidente de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada, dice el documento.
Agrega que Fujimori, quien actualmente reside en Japón, fue ``coautor'' de dos matanzas y ``conocía en detalle las operaciones'' de un escuadrón paramilitar conocido como Grupo Colina, agrega.
Al Grupo Colina se le acusa de acribillar a 15 personas en 1991 durante una pollada (parrillada) en un solar de la zona antigua de Lima. Algunos de los miembros del grupo paramilitar están acusados del asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta en 1992.
Los fiscales acusan a Fujimori del asesinato de la ex agente de inteligencia Mariela Barreto, cuyo cuerpo decapitado y descuartizado fue encontrado en marzo de 1997, señala el documento.
El Congreso allanó el camino para la presentación de cargos el 27 de agosto, al retirarle la inmunidad constitucional a Fujimori, quien reside desde noviembre en Japón, donde nacieron sus padres, al colapso de su gobierno de 10 años se derrumbó en medio de un escándalo de corrupción.
Las acusaciones de homicidios y desapariciones forzadas, que las autoridades peruanas señalan como crímenes de lesa humanidad, son los cargos más graves en contra de Fujimori, quien ha dicho que planea quedarse indefinidamente en Japón.
Fujimori también enfrenta cargos por abandono de funciones y negligencia, los cuales conllevan una pena máxima de dos años de prisión. El ex mandatario niega las acusaciones en su contra y dice ser sujeto de una ``vulgar persecución política''.
Japón anunció que Fujimori tenía derecho a la residencia a poco de su llegada y la ley japonesa prohíbe la extradición de sus ciudadanos por crímenes cometidos en otros países.
Aunque Perú espera que las nuevas acusaciones faciliten la extradición, el ministerio de relaciones exteriores de Japón reiteró el jueves después del anuncio de las autoridades peruanas, que el gobierno japonés mantiene su oposición a esa medida.
El ministro de Justicia del Perú, Fernando Olivera, calificó como ``inaceptable'' la posición del Japón, y dijo que su gobierno se prepara para una ``batalla judicial'' con el objeto de asegurar la extradición de Fujimori al Perú.
Las autoridades peruanas esperan que las nuevas acusaciones de crímenes contra lesa humanidad ayuden a que Fujimori sea juzgado en un tribunal japonés, o sea enviado a un tribunal internacional, como el de La Haya, en Holanda.
Edición periodística: Adriana Quirós Robinson, Editora nacion.com Fuente: agencias.
