EscucharUna acusación por el delito de estafa aguarda en el Juzgado de Instrucción de Curridabat desde el 13 de marzo último a Omar Adalid Aguilar Ardón, presidente de la Administradora de Consorcios S.A. (ADCONSA), quien acumula decenas de denuncias por el abandono de su empresa.
Esa instancia judicial giró, además, el impedimento de salida de Aguilar, de nacionalidad hondureña, y ordenó su inmediata presentación. Sin embargo, su paradero es desconocido.
La causa suma las cientos de quejas por estafa que presentaron el año pasado vecinos de San Isidro de Pérez Zeledón, quienes invirtieron en ADCONSA; así como una denuncia presentada por la entonces Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF) porque la compañía no estaba registrada.
"Nosotros enviamos el expediente que tuvimos desde 1994 al Ministerio Público. Como no avanzó hablamos con jueces e hicimos publicaciones. La gente estaba alertada", declaró Alfonso Guzmán, director de Asesoría Legal de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) -antigua AGEF-.
Exceso de confianza
Alfonso Guzmán alegó lentitud de los organismos judiciales pues dentro del expediente también incluyeron cartas de interesados en las que se les indicaba el estado ilegal de la empresa. Este informe también fue entregado a la sección de investigaciones contables del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Sin embargo, dichas gestiones, al parecer, no fueron suficientes ya que, de nuevo, decenas de personas se vieron afectadas luego de que las instalaciones de ADCONSA fueron abandonadas y sus representantes desaparecieron.
Ayer 30 personas se presentaron al Sindicato Industrial de Trabajadores de la Empresa Privada (SITEP), cuyos asesores representarían a los "inversionistas perjudicados".
Lilia Fonseca Alvarado, una de las abogadas del sindicato, explicó que los afectados que han llegado hasta el momento perdieron alrededor de ¢6 millones pues aportaron sumas que van desde los ¢20.000 hasta los ¢860.000.
Por otra parte, todo parece indicar que Omar Adalid Aguilar -principal responsable de la empresa custionada- no ha salido del país, según un informe de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Los perjudicados, por su parte, reclamaron además la presencia de los colaboradores de ADCONSA, a quienes identificaron como de apellidos Chanto, Solís, Ramírez y Sarquis.
