Asunción, 1 ene (EFE).- La acusación de un fiscal contra varios jefes de las fuerzas de seguridad en un sonado atraco a un vehículo que transportaba caudales derivó hoy en el arresto de 11 oficiales de la Policía paraguaya.
Once de los 14 oficiales sancionados con un arresto cautelar de ocho días amanecieron hoy en la sede la Agrupación Especializada, en Asunción, después de que el fiscal Pedro Alderete los denunciara públicamente tras pedir garantías al jefe de Estado, Nicanor Duarte.
El comandante de la Policía Nacional, el comisario Umberto Núñez, ordenó además el relevo del jefe de Investigación de Delitos, Rubén Mendoza, uno de los implicados por Alderete, que ayer denunció a un grupo de 20 policías que trabajaban a su cargo en las pesquisas.
Alderete, bajo protección militar ordenada por el jefe de Estado, encabeza la investigación del asalto a un vehículo que transportaba caudales del Banco Nacional de Fomento, del que fueron robados 3.250 millones de guaraníes (540.000 dólares), el 19 de diciembre pasado.
El atraco, que se cometió en una localidad cercana a Coronel Oviedo, a 120 kilómetros al este de Asunción, fue ejecutado por varios hombres que interceptaron a tiros el vehículo de caudales, pero dejó una serie de dudas y fuentes cercanas a la investigación habían hablado, incluso, de una "entrega" de dinero.
Alderete, en declaraciones a emisoras de radio locales, reafirmó hoy todo el contenido de sus expresiones realizadas en una rueda de prensa de urgencia convocada por Duarte en el preludio del Año Nuevo, y precisó que todo partió del comisario Mendoza.
"El 23 (de diciembre) por la tarde me llama el comisario Rubén Darío Mendoza desde un lugar fuera de Coronel Oviedo y me dice que solamente lleve al comisario Hugo Benítez y al jefe de Investigación de Coronel Oviedo, Arnaldo Sanabria", afirmó Alderete a la radio local AM970.
Benítez, quien junto con Mendoza fueron comisionados de Asunción para las pesquisas, y Sanabria son los de más alto rango del grupo, en el que también se hallan el subcomisario Antonio Gamarra y el suboficial José Schémbori.
Gamarra y Schémbori fueron procesados a principios de 2003 por el secuestro y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, dirigentes de una organización de izquierda involucrados en el secuestro de la esposa de un acaudalado empresario y actualmente refugiados en Brasil.
"Una vez distante y cerca del lugar donde se produjo el asalto me propusieron y trataron de convencer, sin opción alguna, de que si se encontraba el dinero se iba a realizar una 'repartija' entre los 20 policías", relató Alderete en la residencia presidencial.
"El plan era presentar 500 millones de guaraníes (unos 83.000 dólares), exhibir sobre la mesa para la prensa, para el país y para la carpeta fiscal y resto se repartiría en partes iguales entre todos los integrantes del equipo de trabajo", detalló.
Por su parte, el jefe de Estado ofreció garantías de seguridad personal de Alderete, que ahora deberá apartarse del caso, y exigió una investigación a fondo tanto al comandante de la Policía como al fiscal general del Estado, Oscar Latorre.
"Esto (el caso) puede empezar a generar una purga importante en la Policía y en cierta manera enaltece al Ministerio Público en un país donde durante mucho tiempo se prefería, por temor o falta de confianza en las instituciones, callar los hechos", afirmó Duarte.
La denuncia del fiscal y el asalto han reavivado la fragilidad o las deficiencias de los sistemas de seguridad para resguardar los fondos de Banco de Fomento, una institución estatal que ha sido objeto de importantes atracos, sin que la mayoría de los casos se haya aclarado.
Asimismo, han vuelto a salpicar a la jerarquía policial, que en octubre pasado -dos meses después de que Duarte asumiera la presidencia del país-, fue renovada por un escándalo ligado a un caso de contrabando de mercancías que además forzó el relevo del ministro del Interior. EFE
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