EscucharMadrid, 8 feb (EFE).- El miembro del Consejo de la Magistratura argentina Beinusz Smuckler declaró hoy en el juicio contra el ex militar Adolfo Scilingo, que muchos abogados no atendieron los "hábeas corpus" interpuestos por las familias de los desaparecidos en la dictadura por miedo.
Smuckler, que también preside el consejo consultivo de la Asociación Americana de Juristas, explicó que tras el golpe miliar fueron removidos numerosos miembros de la judicatura y añadió que había muy pocos abogados que estuvieran dispuestos a firmar y defender los "hábeas corpus".
En este sentido, aseguró que se logró "amedrentar" a los abogados para que no defendieran los "hábeas corpus" y a los familiares para que no los presentaran, al tiempo que puso de manifiesto la nula eficacia que estos mecanismos tuvieron.
También dijo que durante la dictadura 114 letrados desaparecieron, algunos fueron asesinados y una "enorme cantidad" de ellos debieron exiliarse.
Smuckler es el primero de los testigos en este juicio que declara por videoconferencia desde Argentina, donde se constituyó un tribunal para poder recoger este testimonio, que comenzó a las doce del mediodía en Argentina, cuatro horas más en España.
La declaración fue tomada a Smuckler como testigo en el juicio que sigue la Audiencia Nacional a Scilingo por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, cometidos presuntamente durante la dictadura argentina (1976-1983) y por los que las acusaciones piden para él 6.626 años de cárcel.
Además describió una ciudadanía que "vivía en un estado de terror permanente" y explicó que en Argentina hay un vacío generacional "enorme" porque los desaparecidos y asesinados lo fueron de "los sectores más combativos y formados política e ideológicamente de ese periodo", una "pérdida inmensa -dijo- para la sociedad argentina".
La represión estuvo, matizó Smuckler, orientada hacia todos aquellos que "supuestamente profesaban una posición política o ideológica" contraria a los postulados de la dictadura.
Finalmente indicó que se dieron instrucciones para que los bebés de las mujeres que daban a luz tras ser detenidas fueran entregados con la identidad cambiada a miembros de las fuerzas de seguridad para "evitar que los hijos siguieran la ideología" de sus padres biológicos.
Desde Argentina también declararon hoy la directora del Banco de la Nación, Malvina Seguí, quien habló sobre un informe presentado por ella ante el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón cuando era legisladora de la provincia de Tucumán, y Eduardo Lardies, quien fue detenido y torturado entre 1976 y 1978.
Seguí indicó que, según el informe citado, Tucumán fue el lugar donde se anticiparon los métodos represores que después se aplicaron en todo Argentina, y Lardies relató las torturas a las que fue sometido en un centro de detención clandestino en el que pudo ver pintados signos nazis en las paredes.
Estaba previsto que a través de videoconferencia declarara también el escritor argentino Ernesto Sábato, quien fue presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
Sin embargo, razones de salud le han impedido su testificar, según explicó el tribunal argentino, que también puso de manifiesto la dificultad de que el escritor pueda declarar a lo largo de febrero.
Está previsto que el juicio continúe el miércoles con más videoconferencias, con los testimonios de los testigos propuestos por las acusaciones particulares y populares. EFE
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