EscucharLa Paz, 11 feb (EFE).- A un año del denominado "febrero negro" de Bolivia, cuando un fuego cruzado entre policías y militares frente al Palacio presidencial dejó 33 muertos y más de 200 heridos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del país reclamó hoy el procesamiento de todos los responsables.
El 12 de febrero del año pasado, tres días después de iniciado un motín de la unidad elite Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía boliviana, los uniformados rebeldes se enfrentaron a tiros con la unidad militar encargada del resguardo del Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz.
El motín policial se opuso a un cambio de la escala de tributos al salario, propuesto por el entonces presidente del país andino, Gonzalo Sánchez de Lozada, y degeneró en un intercambio de bombas de gas lacrimógeno y, después, en disparos de armas de fuego con víctimas.
El combate entre policías y militares se saldó con la muerte de 15 uniformados, pero los soldados debieron enfrentarse al día siguiente a grupos de manifestantes y vándalos que atacaron edificios públicos y privados y desataron una ola de violencia que elevó a 33 el numero de muertos.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, recordó las jornadas y lamentó que, a pesar de los esfuerzos legales desplegados, los responsables aún no han sido procesados y castigados.
La Fiscalía acusó a cuatro militares y a 11 policías de ser los responsables de los hechos de violencia y ha anticipado que varias ex autoridades políticas serán encausadas.
"En el primer año de 'febrero negro' el desafío es el mismo: la lucha contra impunidad como tarea ineludible" de la sociedad boliviana, dijo el activista de los derechos humanos.
Llorenti, que hace dos meses reemplazó en el puesto a Waldo Albarracín, elegido Defensor del Pueblo, opinó que "la democracia auténtica es incompatible" con procesos pendientes de resolución en la justicia del país.
"A un año de esa fecha hacemos un homenaje a los muertos policías, militares y civiles, fallecidos en un enfrentamiento fratricida que nunca debió ocurrir entre bolivianos", agregó el presidente de la APDHB.
Señaló que la organización sigue reclamando que los jefes militares que comandaron las operaciones hace un año deben ser procesados en la justicia ordinaria porque las cortes castrenses no garantizan un juicio justo.
Por eso, la APDHB ha presentado un recurso de Amparo Constitucional contra la decisión del Tribunal de Justicia Militar de negar competencia a la corte civil para el enjuiciamiento de los uniformados acusados por la Fiscalía.
La muerte de la enfermera Ana Colque y las graves heridas causadas a la médico Carla Espinoza, entre otras víctimas, "deben ser motivo de un proceso en la justicia ordinaria y esperamos que el Tribunal Constitucional rectifique lo hecho", apuntó.
Si el tribunal boliviano ratifica la competencia militar exclusiva, la entidad recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, indicó Llorenti.
Según dijo, "febrero negro" se produjo por causas estructurales en la sociedad boliviana que no se han resuelto y que están relacionadas con problemas económicos, sociales y políticos.
Por los disparos en el Palacio Presidencial en febrero del año pasado, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada denunció un intento de golpe de Estado.
Ocho meses después, el mandatario se enfrentó a una segunda espiral de protestas contra su política gubernamental, que se saldó con al menos 58 muertos y su dimisión y marcha a los Estados Unidos, pero está al borde de ser citado a un juicio de responsabilidades por el Congreso boliviano. EFE
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