EscucharSantiago de Chile, 11 sep (EFE).- Con diversos actos los grupos de izquierda y familiares de las víctimas de la dictadura militar conmemoraron hoy el 32 aniversario del golpe de Estado, pero los disturbios en que terminaron algunos de ellos dejaron al descubierto que aún no se cierran en Chile las heridas abiertas en esa fecha.
Las agrupaciones de derechos humanos se manifestaron en las calles; el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, asistió a una misa privada en la Escuela Militar, sin la presencia del ex dictador Augusto Pinochet, y el presidente Ricardo Lagos asistió en compañía de sus ministros, al Tedéum evangélico.
A la salida, Lagos dijo que "está llegando el momento de superar ese momento gris y oscuro" refiriéndose al golpe de Estado de 1973.
"No se trata de olvidar el pasado, se trata de sacar las experiencias para que aquellos hechos no vuelvan a ocurrir", subrayó el mandatario.
Según el informe policial, los incidentes de mayor magnitud se vivieron en la romería al Cementerio General, que organizó la Asamblea de Derechos Humanos, donde visitaron la tumba del presidente Salvador Allende y el monumento en memoria de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura (1973-1990).
Antes de llegar al camposanto, las agrupaciones pasaron por un costado del Palacio de la Moneda, en Morandé 80, por donde los militares golpistas sacaron los restos de Salvador Allende, tras el bombardeo que sufrió la sede gubernamental el 11 de septiembre de 1973.
La marcha estuvo centrada en el repudio al indulto a los militares implicados en violaciones a los derechos humanos y a un proyecto de ley que la derecha opositora ha presentado en el Parlamento sobre rebaja de penas a los militares.
En muchas de las pancartas que portaban los más de 6.000 manifestantes, se podían leer frases como: "No a los indultos", "No a la impunidad" y "No a la rebaja a los militares represores".
El pasado 19 de agosto, el presidente Lagos indultó al ex suboficial Manuel Contreras Donaire, condenado a ocho años de presidio por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez durante el régimen militar, decisión que provocó fuertes críticas de parte de los familiares de la víctimas de la dictadura.
La abogada Julia Urquieta, coordinadora de la Asamblea, afirmó en el Cementerio General "que la mayoría del pueblo chileno no quiere impunidad e indulto y llamó a la movilización en contra de la impunidad", aunque reconoció que grupos radicales podrían expresarse de manera distinta.
En Santiago y otras ciudades, la Intendencia (Gobernación) Metropolitana, autorizó una decena de manifestaciones conmemorativas, al tiempo que la policía sacó a las calles miles de efectivos para reforzar la seguridad y reprimir los brotes de violencia.
El Ejército, en tanto, recordó en una misa privada y sin la presencia de Pinochet y de ninguno de sus familiares, a sus caídos el 11 de septiembre de 1973.
Encabezado por el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, unas 200 personas asistieron a la liturgia que se realizó en la capilla de la Escuela Militar y a la que no se permitió el ingreso de la prensa.
Varios colaboradores de Pinochet le visitaron en su domicilio al que fueron accediendo en grupos pequeños, mientras en las afueras de la residencia un grupo muy reducido de adherentes gritaba frases alusivas al ex dictador y su régimen.
El Gobierno de Lagos recordó esta fecha con una misa en el palacio de la Moneda, a la que fueron invitados familiares del extinto presidente Allende y diversas colectividades políticas.
El Colegio de Periodistas, en tanto, efectuó una romería al Cementerio Parque del Recuerdo, en memoria del periodista José Carrasco Tapia, asesinado por la policía secreta de Pinochet hace 19 años.
Tal como lo había anticipado el Gobierno, al menos unos 10.000 policías salieron hoy domingo a la calle para mantener el orden durante el día, tanto en la capital chilena, donde viven unos seis millones de personas, como en las principales ciudades.
El ministro del Interior, Francisco Vidal, había advertido, ayer sábado, que las personas que fueran sorprendidas portando o lanzado bombas molotov, arriesgaban penas de cárcel de entre tres y diez años.
Pese a ello, se registraron varios detenidos en las afueras del Cementerio General, donde varios grupos radicales se enfrentaron con las fuerzas policiales, tal como ocurrió hace dos días cuando decenas de estudiantes atacaron con bombas molotov a la policía. EFE
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