EscucharLo que no avanza retrocede. Esta vieja máxima del cambio cumple su inexorable designio en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), institución fundada hace 72 años y que es hoy solo una buena contadora de votos, con escasa visión moderna sobre el proceso electoral.
Una encuesta reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló la erosión pública de la confianza en el TSE y en sus administrados: los partidos políticos, que salen muy desprestigiados.
Nadie duda de que el TSE merece confianza como administrador del conteo electoral. Su bien ganado prestigio garantiza la pureza del resultado en los comicios del 2022, pero se quedó corto en fomentar la libertad política para la toma responsable de conciencia de ese voto; eso deriva en que elijamos gobernantes de mala calidad profesional, ética y moral.
En la elección de malos gobernantes se origina la parálisis y la mala gestión de las instituciones estatales que genera la corrupción; cuando hay impunidad, la sociedad se desmoraliza y aumenta la posibilidad de la toma populista del control económico y social.
El lector podrá decir: ¿Qué responsabilidad tiene el TSE en este caos político-electoral que se avecina? Mucha, porque desde su fundación, en 1949, la sociedad costarricense evolucionó, cambió la forma en que nos comunicamos; se sofisticó el manejo de masas por las redes sociales y las campañas electorales son cada vez más profesionales.
Está claro que el TSE no tiene facultades legislativas, pero nadie duda que si quisiera podría promover, fortalecer y hasta liderar el debate para que en materia electoral se realicen las reformas que el país requiere. Incluso, denunciar ante la opinión pública los subterfugios que pudieran introducir algunos partidos políticos con mala fe.
Veamos algunos ejemplos. Hace poco la presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y el TSE acordaron vetar el proyecto de ley sobre voto informado y posponer la entrada en vigor, como nueva ley, hasta dentro de cuatro años. Al final se aprobó, y regirá en el 2022.
Pero el TSE hace rato debió gestionar una ley para obligar a los partidos a presentar, para inscribirse, una biografía y foto de todos sus candidatos presidenciales y legislativos, así como el plan de gobierno, en el caso de los aspirantes a la presidencia.
El TSE debió promover los cambios de ley en los requisitos mínimos para aspirar a la presidencia, a una diputación o alcaldía, así como la inhibición de participar, y menos para acceder a deuda política, a partidos con sentencias en firme en su contra, como el Movimiento Libertario y el Partido Acción Ciudadana.
En una democracia con tres o cuatro partidos a escala provincial se justificaba el sistema de cocientes, subcociente y residuo para la elección legislativa.
Es evidente que el sistema electoral no funciona cuando tenemos 27 partidos aspirando a la presidencia y más de 30 provinciales disputando diputaciones, por lo que una inmensa cantidad de votos serán irrelevantes.
Sufrimos por causa de políticos condenados que siguen vigentes, partidos franquicia, argollas de políticos que se reciclan en partidos espejo.
La falta de movilidad política empobrece la democracia: los diputados pasan a ser asesores parlamentarios o alcaldes, y viceversa; y si tienen suerte, agarrarán un puesto político de gobierno donde pareciera que tampoco tendrán que brindar explicaciones ni rendir cuentas sobre lo hecho y no hecho.
No podemos impedir a los políticos presentar sus postulaciones, pero sí escoger a los gobernantes. La atomización de partidos derivada del cambio generacional, de la globalización de la información y de los efectos políticos de la pandemia demandan la actualización de los sistemas y leyes electorales.
El TSE demostró su incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos.
El autor es empresario y expresidente de la Uccaep.
