“En el caso de los recursos económicos cuya orden de giro por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sea directamente al Partido Político, esos recursos pueden ser objeto de embargo por parte de un juez de la República”, dijo la PGR.

Esta agrupación política cayó en inactividad total en el 2018 cuando la cantidad de votos que recibió fue menor a la requerida para cobrar gastos de campaña con dinero público.

Ahora, el partido retomó actividad para participar en los comicios nacionales del 2022.

Según la Procuraduría, hasta el momento el Libertario no ha hecho ninguna propuesta de arreglo de pago.

En octubre del 2015, el Tribunal Penal de San José condenó a Ronaldo Alfaro, Carlos Solano y Ronald Segura (ya fallecido) por cobrar al TSE ¢209 millones por 194 “capacitaciones que nunca existieron”.

Para el 2020, el monto a pagar era de al menos ¢401 millones, distribuido en los ¢209 millones estafados, ¢33 millones por las costas del proceso judicial y la acción civil resarcitoria, así como ¢80 millones por daño social, ¢12 millones de costas personales y ¢67 millones por los intereses que se han venido acumulando desde el 2015.

El veredicto ordenó al Movimiento Libertario a pagar el monto estafado de manera solidaria; sin embargo, se están corrigiendo errores de la ejecutoria de la sentencia.

Carlos Valenciano, candidato presidencial del Libertario, aseguró que él no tuvo “absolutamente nada que ver con el objeto de la condena”, pues en ese momento no participaba en el partido, por lo que pidió hacer una auditoría para conocer la realidad de la agrupación.

“Lo que he pedido encarecidamente, con un acuerdo con el comité, es hacer una auditoría, donde el auditor determine exactamente cuáles son las deudas activas que debe tener el Movimiento (Libertario) y, de esa forma, como partido, enfrentar las responsabilidades y las deudas que efectivamente tengan que pagarse”, aseveró Valenciano.

El candidato del ML también comentó que el Comité Ejecutivo pidió a un abogado presentarse ante el Tribunal Penal correspondiente para buscar un arreglo de pago.

“Hay que determinar jurídicamente cuál es el efecto de esa condena sobre los activos que puede tener el partido en este momento; lo que sí quiero decir es que, si en determinado momento se puede sanear todo, encantadísimo”, agregó el libertario.

Valenciano dijo que las deudas que su partido mantiene con el Estado no afectarán su campaña.

Por su parte, Danilo Cubero, presidente del ML, comentó que, con el relanzamiento del partido, buscarán pagar las deudas y han empezado con poner al día los estados financieros ante el TSE, así como otras deudas que mantenían con instituciones del Estado por planillas del pasado.

En cuanto a la forma de pagar la condena por estafa, afirmó: “En esto tenemos nosotros que apelar al voluntariado de las personas, las asociaciones y demás, para que podamos nosotros plantear un mecanismo”.

“Además, nosotros, desde el punto de vista lógico, no podríamos llegar a hacer en un solo tracto el pago, tenemos que hacer tractos y en un espacio alcanzable, que no se nos convierta en una camisa de fuerza, pero que permita ir honrando nuestras deudas”, manifestó Cubero.

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Largo proceso

En el 2015 el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José condenó a este partido político al pago de la acción civil respecto al daño material.

En julio del año 2016, la condena la revisó en primera instancia el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, donde los jueces confirmaron la culpabilidad de los implicados, pero pidieron definir otra vez la cantidad de años de prisión para cada uno, así como evaluar la posibilidad de que el partido pagara por el “daño social” provocado.

Ese mismo año los libertarios elevaron el asunto a la Sala Tercera y, en 2017, el alto tribunal decidió no modificar la sentencia.

Los trámites de ejecución de sentencia empezaron en el 2018, luego de tres años de apelaciones y de un juicio de reenvío, pero aún no se han terminado.

Según la Procuraduría, el 5 de marzo de 2018 se amplió la condena civil incluyendo una condena por daño social.

“Se están corrigiendo algunos errores en la ejecutoria que emitió en su momento el Tribunal Penal, para luego instaurar el respectivo proceso de ejecución de sentencia. Es con ocasión de dicho proceso, que se valorarán las acciones que pueden materializarse con el propósito de recobrar las sumas otorgadas en sentencia dentro de las que, por supuesto, figura el embargo de los dineros que se vayan a girar directamente a la agrupación política”, precisó el órgano procurador.

Dentro de los errores, expuso la PRG, se encontraron fallas en cuanto al señalamiento de que la sentencia se encuentra en firme, falta de los folios certificados y la inclusión tanto de la parte dispositiva como de la integralidad de cada una de las sentencias.

En este proceso se han realizado dos solicitudes de ejecutoria de la sentencia civil, una en el 2018 y otra en el 2019.

Asimismo, el abogado del Estado explicó que le solicitó al Tribunal Penal, en cumplimiento de un requisito legal, que previniera a los condenados civilmente a que cancelaran las sumas que se encontraban en firme, pero esa gestión de pago no fue atendida en su momento.

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