Aseguramiento de trabajadoras domésticas en CCSS está estancado desde 2018

Este estancamiento sucede a pesar de que la Caja bajó a la mitad el costo de asegurarlas y facilitó a los patronos los trámites para su inscripción, incluso cuando la trabajadora tiene varios empleadores, que era una de las principales complicaciones.

Los cambios para flexibilizar el seguro de esta población datan del 2017, cuando se aprobó el Reglamento para la Inscripción de Patronos y el Aseguramiento Contributivo de las Trabajadoras Domésticas, después de un intenso y complejo proceso de discusión con diferentes grupos; entre ellos, asociaciones que representan a estas trabajadoras. Pero tal parece que estas facilidades no han sido suficientes.

Históricamente, las trabajadoras domésticas han tenido la tasa de cobertura de aseguramiento más baja entre los asegurados de la CCSS, de alrededor de un 10%. En los últimos años, esa tasa se ha acercado al 20%, pero aún sigue siendo muy baja, admitió el gerente financiero de la entidad, Gustavo Picado Chacón.

El promedio institucional para el seguro de Salud, destacó el gerente, es del 75%. La brecha de este grupo laboral es, entonces, de casi 50 puntos porcentuales.

Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del segundo semestre de este año, hay 83.000 empleadas domésticas sin seguro; lo que corresponde a un 62% de ese grupo laboral, según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Las trabajadoras domésticas remuneradas encabezan una lista de siete grupos laborales sin acceso a los servicios de salud del Estado, una situación que obliga a más de 662.000 personas a valerse por sus propios medios cuando se enferman. En esa lista están obreros de la construcción, y trabajadores de comercio, hoteles, transporte, ganadería y pesca.

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“Las trabajadoras domésticas son un grupo cuyas características explican esta baja cobertura, particularmente por la relación privada en la que ejercen el puesto: lo hacen en el interior de una casa, sin otros compañeros de trabajo. A principios del año 2000, un porcentaje importante laboraba a tiempo completo, pero esto se ha venido transformando de manera significativa. Hoy en día, muchas laboran en jornadas de tiempo parcial y con múltiples patronos (por horas), lo cual lo hace más complejo”, explica Gustavo Picado.

Para el gerente financiero de la CCSS, la reforma que se hizo en el 2017 para incentivar el aseguramiento de las empleadas domésticas fue sobrepasada por un tema cultural. En su criterio, persiste un ocultamiento y anulación de los derechos de estas trabajadoras por parte de los patronos, que no es solo en el caso de aseguramiento.

“Estudios han demostrado que tampoco les pagan el aguinaldo o las vacaciones, y no les reconocen otros derechos fundamentales, como los feriados, el día libre a la semana, las horas extra o los permisos para asistir a citas médicas”, indicó el gerente, quien aclaró que esta situación no es exclusiva de Costa Rica pues se registra en otros países de Latinoamérica.

Reforma necesaria pero insuficiente

La expectativa con el reglamento del 2017 era incentivar entre los patronos el aseguramiento de sus empleadas domésticas remuneradas al bajarles costos y facilitarles trámites. Pero las esperanzas se esfumaron muy pronto.

Rosita Acosta Ramírez, una de las fundadoras de la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes), reiteró que el objetivo sigue vigente: “Que los patronos hagan conciencia de que son trabajadoras, no son sirvientas ni esclavas. Hay que eliminar esa mentalidad de que la trabajadora doméstica no tiene derechos”.

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Astradomes nació en 1990 para atender infinidad de denuncias de explotación y abuso contra empleadas domésticas. La Asociación considera todavía necesario que los patronos respeten los derechos de estas trabajadoras, pero también, dice Rosita Acosta, que ellas tengan la fuerza de voluntad para reclamar sus derechos.

Con la pandemia por la covid-19, en promedio, Astradomes recibe dos denuncias por día de trabajadoras que han sido cesadas por patronos que no les reconocen cesantía, vacaciones y aguinaldos. Todos estos casos son referidos al Ministerio de Trabajo.

En el caso de la Caja, cuando se comprueba el no pago de un seguro a estas empleadas, se procede al cobro retroactivo. Picado aseguró que han gestionado embargos de propiedades y salarios de patronos por esta causa.

“Si no reclaman, esto va en perjuicio de ellas mismas. Derecho que no se reclama, derecho que se pierde”, advirtió Rosita Acosta.

Es común que muchas de estas trabajadoras prefieran no asegurarse para obtener, de manera inmediata, un salario mayor sin considerar el perjuicio futuro. El salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo para estas empleadas se situó en ¢216.887 mensuales en el segundo semestre de este año.

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Entre las desventajas de no asegurarse están las dificultades para ser atendidas en los servicios públicos de salud cuando se enferman, no cotizar para una pensión por vejez, y dejar desprotegidos a sus hijos, quienes carecerían de una pensión de orfandad en caso de muerte de la madre.

Las estadísticas de la CCSS, asegura el gerente financiero, demuestran que un 80% de las trabajadoras remuneradas del hogar encuentran otras formas para tener acceso a los servicios de salud. De ellas, dice, un 20% lo hace como asegurada directa, que es la forma correcta, pero el otro 60% encuentra alguna manera distinta.

Una, a través de beneficios familiares (cuando el esposo, compañero o hijo asalariados la asegura); otra, registrarse por cuenta del Estado o que alguien les pague un seguro voluntario. Un grupo importante se queda desprotegido del todo.

Al final, son modalidades con las que tienen algún acceso pero que no son las que legalmente les corresponde, explicó la abogada laboralista María Marta Salazar Muñoz, de la firma Punto Medio Abogadas.

Salazar enfatizó en que los patronos están obligados a asegurar a estas trabajadoras desde el día uno. Es ideal que firmen un contrato donde establezcan horarios, tareas asignadas y salario. Este aseguramiento se extiende a la póliza de riesgos del trabajo, administrada por el Instituto Nacional de Seguros (INS), que las cubre en caso de sufrir algún percance laboral.

Otros escenarios

Lo que se conoce como la base mínima contributiva (BMC) cayó a la mitad con la reforma del 2017. Actualmente, en vez de hacer los cálculos con una BMC de ¢307.000 (la vigente), un empleador de trabajadora doméstica hace los cálculos a partir de una BMC de ¢153.500. Para el caso del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), hay un subsidio del Estado que, bajo ciertas escalas, le permite al patrono reducir su aporte.

“Por ejemplo, hoy un patrono que tiene que pagar ¢80.000, con la modalidad aprobada en el 2017, él y su trabajadora pagan ¢47.000 (¢15.000 y ¢32.000 el patrono). Al principio, encuentran una posibilidad, pero hay algunos que, entre pagar ¢80.000 o ¢32.000 prefieren seguir pagando cero porque para ellos sigue siendo mejor evadir las responsabilidades que tienen con la seguridad social”, manifestó Picado.

Además de bajar la BMC, la CCSS facilitó a los patronos:

• Una plataforma en la oficina virtual que les permite asegurar a su trabajadora en línea, sin interacción con ningún inspector o con alguna oficina física.
• La figura del multipatrono, que le facilita a cada empleador de una trabajadora doméstica registrarla en la CCSS sin necesidad de ponerse de acuerdo con los otros empleadores. Cuando el sistema hace la lectura, entiende que es la misma trabajadora, calcula las contribuciones y las distribuye proporcionalmente.

La pandemia de la covid-19, que se inició en el 2020, agravó la situación que se venía registrando con este grupo laboral dos años antes.

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“Fue la actividad económica que más empleo perdió, no solo en Costa Rica, sino en América Latina. Porque en el confinamiento inicial las trabajadoras no podían llegar a las casas. Cayó de 150.000 trabajadoras del hogar registradas a casi 107.000, de acuerdo con la encuesta de hogares”, confirmó Picado.

En un nuevo intento por convencer a los patronos de asegurar a sus empleadas, la CCSS lanzó una campaña.

“Queremos enviar el mensaje de que asegurarlas significa proteger a quienes nos cuidan en el hogar. Buscamos también capacitar a trabajadoras domésticas para que se vuelvan voceras en niveles más cercanos. Vamos a ir a residenciales, condominios y centros comerciales...”, explicó Picado, quien recuerda que el aseguramiento del trabajo doméstico es obligatorio desde 1973.

En el horizonte, también se analizan otras opciones, comentó el gerente. Una, promover incentivos como los que hay en Argentina, donde se subsidia el transporte público a las empleadas domésticas que estén aseguradas. Otra opción es permitir a los patronos algún incentivo fiscal. Por ejemplo, alguna deducción del impuesto de la renta.

Picado dijo que existe la posibilidad de que el aseguramiento no se haga sobre salarios sino sobre horas trabajadas sobre un monto fijo. Por ejemplo, personas que trabajan de 0 a 12 horas pagan una cuota. Otra si trabajan de 12 a 24 horas, y otra si lo hacen de 24 a 48 horas.

“Hay discusiones de fondo, y una es que los patronos que las contratan son patronos de ingresos medianos y altos. Una de las discusiones es si realmente es correcto subsidiar a la gente con más capacidad de pago para que cumplan su obligación con la seguridad social”, admitió Picado.