Tres de cada diez personas ocupadas en el país carecen de seguro social por el trabajo. Lo anterior significa que 662.000 individuos no tienen acceso por esa vía a los servicios de salud del Estado y que, por tanto, deben valerse por sus propios medios o acudir a la medicina privada cuando enferman.
Esta problemática se produce mayoritariamente en siete oficios, en las que el porcentaje de personas no aseguradas supera el 30%.
El primero de todos es el oficio doméstico, en donde el 62% carece de seguro. En términos reales, se trata de 83.000 personas. Le siguen los empleados de construcción, en donde 72.000 trabajadores (57% del total) carecen de protección. También superan el rango del 30% los ocupados en comunicación y otros servicios, hoteles y restaurantes, comercio y reparación, transporte y almacenamiento, así como agricultura, ganadería y pesca.
Dicha realidad fue constatada por la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del segundo semestre del 2022. El estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) determinó que el 31% de los 2,15 millones de trabajadores registrados carecen de dicha protección.
Braulio Villegas, vocero de la ECE, indicó que la población que se encuentra en estas circunstancias pertenece, en su gran mayoría, al sector informal.
El 64% de los informales carece de seguro (un total de 294.000 personas).
En el caso de asalariados, se trata de un 20% del total (322.000 personas).
“Son personas que no tienen seguro por trabajo, sea mediante convenio (asalariado) ni por trabajo por cuenta propia. Podrían tener algún otro tipo de seguro, por algún familiar o por estudios, pero no están cotizando por trabajo”, manifestó Villegas.
Indicó que el 70% del empleo nacional es asalariado y que, muchos quedan sin seguro por trabajo porque el patrono decide no inscribirlos.
En algunas ocasiones, comentó, el empleador le da el dinero al colaborador para que se registre ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero pocos lo hacen. “Por supuesto que esto le acarrea un costo. Si el trabajador pagara seguro por su cuenta significaría una reducción de su salario”, señaló Villegas.
Problema en aumento
El problema es recurrente. La información aportada por el INEC refleja que al primer trimestre del 2015 el número de ocupados sin seguro por trabajo era de 662.000, lo que representaba un 32% de los 2,05 millones de trabajadores registrados en ese momento.
Cinco años después, al primer trimestre del 2020, la cifra subió a 736.000 personas, que significaban el 33% de los 2,2 millones de ocupados.
Durante los tres meses siguientes, la cantidad de trabajadores sin seguro se redujo en forma drástica debido a la pérdida de empleos provocada por la pandemia de covid-19. En esa ocasión, el número se ubicó en 457.000 sin protección, el 26% de 1,74 millones de ocupados.
“No quiere decir que durante la pandemia mejoró la situación. Resulta que estos empleos están relacionados con puestos más vulnerables. La crisis sanitaria golpeó primero a personas que tenían este tipo de trabajo, haciendo que el porcentaje disminuyera”, aclaró Villegas.
En los periodos siguientes, el número de trabajadores en esa situación siguió en aumento. Al finalizar el 2020, la cifra superó los 600.000 y, desde entonces, no ha bajado de ese umbral.
“No solo no están protegiendo su salud actual sino que, tampoco, se están asegurando una pensión para cuando sean adultos mayores”, advirtió Villegas.
Presión para CCSS y Gobierno
Olman Segura, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional (UNA), aseveró que la población trabajadora que carece de seguro no solo presiona los servicios de la CCSS en la actualidad, sino que también lo hará a futuro.
En principio, según advirtió el economista, la institución ve afectados sus ingresos porque el trabajador no cotiza para un seguro de salud. No obstante, añadió, cuando la persona se enferma, de algún modo debe ser atendida en un centro médico.
Como el servicio tiene un costo, se le pasa una factura a la persona. Si esta no puede costearla, la deuda debe cubrirla el Estado con el presupuesto general. La Nación preguntó a la Caja de la cifra anual de personas atendidas sin seguro y el costo que representa para el Estado. Al cierre de esta nota, la institución no había respondido.
Segura añadió que la presión también se sentirá a largo plazo, tanto en la atención a los adultos mayores que no cotizaron como en el Régimen no Contributivo de Pensiones de la CCSS, el cual brinda apoyo económico a personas en edad de retiro que carecen de recursos para sobrevivir.
Mala cultura
Para Segura, la razón del problema podría ser cultural, aunque también cree que incide el alto costo del aseguramiento. Sin embargo, recordó que la CCSS ha implementado algunos beneficios para revertir esta práctica, como cotizar por tiempo laborado en algunas áreas como el servicio doméstico y una reducción a la base mínima contributiva.
“Existe la mala educación de evitar pagar un seguro. En el caso de los patronos, evitan hacer vueltas en la Caja para asegurar al trabajador. Para no pagar deudas de meses anteriores, le dan la plata a la persona para que lo haga o simplemente no lo hacen”, indicó el economista.
Estos ejemplos son comunes en el empleo doméstico, apuntó el director de Cinpe. En este sector una persona puede llegar a tener hasta tres trabajos con tiempo parcial y le conviene que el patrono le dé el dinero como parte del salario, en vez de cotizar a la seguridad social, según explicó.
Segura recordó que no estar registrado ante la CCSS es contrario a la ley. ¿Qué se debe hacer para atenuar el problema?, se le preguntó. “Creo que todo mundo quiere mantener viva a la CCSS. Así que es posible flexibilizar las normas de aseguramiento y reducir la tasa”, respondió.
El especialista consideró que tales medidas podrían generar un incentivo para que más personas se registren. “También se debe realizar una campaña de educación sobre la importancia de tener seguridad colectiva de salud, una futura pensión, al tiempo que se mejoran los ingresos de la Caja”, propuso.
Otras características
La última medición del INEC también revela que hay 43.000 profesionales ocupados que carecen de seguro de salud por trabajo. Ellos representan el 9% del total de 492.000 personas que integran ese grupo laboral.
Por otra parte, el estudio señala que la población más afectada tiene baja escolaridad. De hecho, hay 13.600 personas que no tienen estudios, 72.000 con primaria incompleta y 177.000 con secundaria incompleta. En tanto, los que terminaron la primaria y secundaria suman 325.000.
Con respecto al grupo etario, hay 91.000 trabajadores sin seguro que tienen entre 15 y 24 años; ellos representan el 40% de esa población. En la misma situación se encuentran 401.000 personas mayores de 55 años, quienes constituyen el 42% de ese segmento.
Por género, no existe una ligera diferencia. Para el segundo trimestre de este año, el 29% de las 389.000 mujeres ocupadas estaban sin seguro por empleo, al igual que el 33% de los 373.000 hombres que estaban laborando.
