¿Por qué Diego Miranda sacaría a la Municipalidad de San José de la Unión de Gobiernos Locales?

La UNGL es una organización que representa a las municipalidades; se financia con aportes de los ayuntamientos. No obstante, los cuestionamientos comenzaron desde el pasado 31 de agosto por causa de un polémico nombramiento.

En esa fecha, renunció a su cargo la entonces jefa interina de Recursos Humanos de la UNGL, Fabiola Salas Leal, alegando haber recibido reclamos y presiones por parte de la directora ejecutiva, Karen Porras y su asesor legal, Carlos Bolaños, para que revirtiera su criterio y aprobara la contratación de María José Arias Molina, hija del exdiputado liberacionista Rafael Arias Fallas, como asistente de Porras.

“El 30 de agosto, recibí reclamos por parte del asesor legal y presión por parte de la dirección ejecutiva. Por medio de intimidación y abuso de poder, se me solicitó dejar sin efecto el oficio, situación que no comparto y no puedo seguir tolerando”, alegó Salas en su carta de renuncia.

El 2 de octubre, La Nación publicó la grabación de una llamada sobre las supuestas presiones de Bolaños a Salas. El asesor legal le pidió “ayuda” para dejar sin efecto un oficio en el que ella concluyó que Arias no cumplía los requisitos para el cargo porque estudió Nutrición. Bolaños le solicitó “discutir y ver cómo acomodarlo para contratar a esa persona”, e incluso sugirió que, “como dijo la jefa”, podían conversar para ver “si existe algún huequito en el cual nos podamos meter”.

Pese a estas frases, todos los miembros del Consejo Directivo de la UNGL, con excepción del alcalde de Río Cuarto, José Miguel Jiménez, rechazaron una moción para abrir una investigación administrativa contra Bolaños. Argumentaron que el audio fue grabado sin consentimiento del asesor legal.

El presidente de la UNGL y alcalde de Buenos Aires, José Bernardino Rojas, argumentó que estaba concentrado en contratar una auditoría externa para que investigara la gestión de Karen Porras como directora ejecutiva. Aseguró que buscaría tener los resultados de las indagaciones antes de que se realizaran las elecciones municipales del pasado 4 de febrero.

Sin embargo, ese compromiso no se cumplió y ya no habrá investigación. El pasado martes 27 de febrero, la cúpula de alcaldes avaló un oficio de la Proveeduría de la UNGL en el que recomendó declarar inadmisible la contratación de la única empresa que se postuló para hacer la auditoría.

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Fabiola Salas renunció, el 31 de agosto, al cargo de jefa interina de Recursos Humanos. Ella estaba sustituyendo a Adriana Salazar Araya, que se ausentó tres meses por una licencia de maternidad.

Sin embargo, este jueves 21 de marzo, también renunció Adriana Salazar, quien llevaba nueve años trabajando para la UNGL. La funcionaria dijo haber sido objeto de malos tratos, acoso laboral, discriminación y violación de derechos laborales por parte de Karen Porras. Afirmó que deseaba continuar en el puesto, pero su relación laboral con Porras estaba afectando su salud física, emocional y mental.

La funcionaria agregó que los malos tratos no solo le afectaban a ella, sino también a su hija en periodo de lactancia. Por este motivo, calificó la renuncia como una “medida urgente” en protección de su salud.

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Finalmente, aunque María José Arias, hija del exdiputado Rafael Arias, no fue contratada como asistente de Karen Porras, sí fue nombrada en otro puesto dentro de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Este 26 de marzo, La Nación reveló que la UNGL modificó los requisitos del puesto de encargado del Observatorio Municipal, cuyo trabajo es procesar datos y estadísticas sobre los cantones, y puso como requerimiento tener una licenciatura en Nutrición. El cambio de requisitos ocurrió el 30 de agosto de 2023. Ese día, el Consejo Directivo de la UNGL aprobó por unanimidad un nuevo manual de puestos para la entidad.

Al día siguiente, renunció a su cargo Fabiola Salas Leal. Siete meses después, el pasado 5 de marzo, la Unión contrató a María José Arias como encargada del Observatorio Municipal, un puesto que no habría podido ocupar antes del cambio de requisitos. Con la modificación, encajó perfectamente con su grado académico y carrera profesional.

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De los 24 puestos profesionales tipo 2 que tienen la UNGL, ninguno exige un título académico específico, sino que se requiere tener un grado mínimo, como bachiller o licenciatura, en una carrera “afín al puesto”. Hay una sola excepción: la persona encargada del Observatorio Municipal debe ser licenciada en Nutrición.

A raíz de estas aparentes irregularidades, el presidente del Comité Ejecutivo del PLN, Ricardo Sancho, dijo que evalúa presentar una denuncia ante el Tribunal de Ética de Liberación contra Karen Porras.

No obstante, para Diego Miranda, recién electo alcalde de San José, no basta con eso. “No es valorar o no una denuncia, las publicaciones que ha hecho La Nación son muy claras en que hay prácticas irregulares, y no es valorarlo, es más bien ver en qué momento se hace una fiscalización de esos recursos”, criticó.

El futuro alcalde capitalino considera que tendría poca influencia para cambiar estas prácticas dentro de la UNGL, ya que Liberación Nacional sigue dominando la mayoría de municipalidades del país. A esto se suma que desafiliarse de esa entidad implicaría un ahorro de más de ¢80 millones anuales para el ayuntamiento de San José.

“En vista de que el PLN sigue teniendo un grupo importante de municipalidades, desde nuestro punto de vista es estéril pensar en participar en una instancia que ya de por sí está bastante amañada, y que habría que empezar por ver cómo funciona administrativamente. Lo que sí vamos a hacer, a partir del 1.° de mayo, es pedir cuentas sobre los fondos que se han trasladado, no solo de parte de la Municipalidad de San José, sino de instancias como el IFAM, porque realmente no son pocos los fondos que reciben”, explicó el actual regidor.

En caso de que la Municipalidad de San José se desafilie de la UNGL, se convertirá en el octavo ayuntamiento que lo hace en los últimos cuatro años. Anteriormente, se desafiliaron Moravia, Liberia, Coto Brus, San Pablo, Cartago, Paraíso y Quepos, con aprobación de sus respectivos concejos municipales.