EscucharMariana Fernández Sequeira, asesora jurídica del Sinart, reveló que el expresidente de esta institución pública, Allan Trigueros Vega, le dio la orden directa de contratar como proveedora a la empresa de Christian Bulgarelli Rojas, quien fue identificado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, como asesor en comunicación del presidente Rodrigo Chaves.
Luego, la firma RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut, fue contratada sin necesidad de concurso público para proveer servicios de producción audiovisual al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), a fin de que esta entidad cumpla con los contratos de manejo de publicidad estatal que 14 instituciones públicas le dieron por casi ¢8.000 millones.
“Recibí orden directa y de forma verbal por parte del señor Allan Trigueros Vega, anterior presidente ejecutivo del Sinart S. A., para que se incluyera y contratara a la empresa RMC La Productora”, consignó la asesora jurídica en el oficio PE-DAJ-138-2023. Ese hecho ocurrió a finales del 2022.
Previamente, el Sinart había invitado a tres empresas a participar, pero estas fueron descartadas después de la orden de Trigueros.
Las compañías invitadas fueron E-motions Films, Luis Murillo (Mekanismo taller Audiovisual) y Crew Nosotros Films. Incluso, enviaron sus ofertas entre el 18 y el 21 de noviembre del 2022.
El oficio de la asesora jurídica, con fecha del 31 de agosto y dado a conocer este jueves por el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), está dirigido al actual presidente del Sinart, Fernando Sandí. También llegó a los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos.
La asesora jurídica solicitó trasladar la información a las entidades correspondientes para que se investiguen la contratación.
“Debe indicarse que, a raíz de los cuestionamientos serios que han sido expuestos por la prensa, recomiendo que esta información sea remitida a la Contraloría General de la República, a la Auditoría Interna, y al órgano de investigación interno que analiza dicha contratación, además de remitir la información a la Asamblea Legislativa”, agregó la funcionaria.
El diputado Robles anunció que la información será enviada a la Fiscalía, de forma inmediata, para que pueda indagar lo sucedido.
La Nación contactó, vía telefónica, a Allan Trigueros. Su respuesta fue: “Por recomendación de mi abogado, no puedo referirme al asunto, en virtud de que el señor diputado indicó que pasa esto a la Fiscalía y, por respeto al órgano judicial, no puedo emitir criterio”.
Trigueros, periodista nombrado por este gobierno, ejerció la presidencia durante ocho meses, entre el 22 de junio del 2022 y el 8 de febrero del 2023, día en que Casa Presidencial informó de que se iba por “motivos de salud”. El que fuera presidente del Colegio de Periodistas (Colper), de 57 años, asumió ese cargo luego de que fracasó el nombramiento de Éricka Nahrgang, designada inicialmente por el presidente Rodrigo Chaves.
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El trámite realizado
En el documento, la abogada Mariana Fernández relató que trasladó la orden de Trigueros a Rita Mazariegos Roldán, de la agencia de publicidad del Sinart, y que le consultó los requisitos que debía cumplir Nocaut para inscribirla como proveedora de la institución.
Contó que luego hizo una revisión de legalidad y que no encontró nada anómalo, pues la compañía estaba inscrita en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y no tenía deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o con el Ministerio de Hacienda.
Superada esa parte, Fernández aseguró que, el 29 de noviembre del 2022, emitió la solicitud de contratación “con las autorizaciones de trámite correspondientes” y que el cartel de la licitación se publicó un día después.
“La Dirección de Asesoría Legal (como departamento) intervino únicamente en dos momentos del procedimiento, que son la revisión legal y, posteriormente, en el refrendo del contrato, que corresponde a revisión de carácter legal”, afirmó la funcionaria.
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Contrato de $300.000 con el BCIE para Presidencia
La empresa de Bulgarelli también obtuvo un contrato de $300.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
Sin embargo, según relató la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, Bulgarelli ayudó en la elaboración de los términos de referencia del concurso junto con el asesor de imagen presidencial, Federico Cruz, quien a su vez es presidente del partido político Aquí Costa Rica Manda.
Navarro añadió que Bulgarelli le prometió al presidente Rodrigo Chaves que su agencia Nocaut contrataría a Cruz. Luego, ganó el contrato del BCIE.
En esa compañía, según el presidente del Sinart, Fernando Sandí, trabaja Tomás Cruz, hijo de Federico Cruz.
Un equipo de La Nación corroboró que las bases del contrato que el banco sacó a concurso, en esencia, son idénticas a las que ayudaron a redactar Bulgarelli y Cruz, según el relato de Navarro.
A la fecha, tanto el BCIE como Casa Presidencial se niegan a entregar el expediente de esa contratación, lo que impide conocer cuáles otras compañías participaron en el proceso y si se seleccionó a la mejor opción.
Tampoco se tiene acceso a los estudios técnicos que mediaron para contratar a la firma de Bulgarelli, por encima del resto de oferentes de los servicios de “producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión”.
Otras contrataciones con el Estado
Tras ganar ese contrato con el BCIE, Nocaut obtuvo contratos con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la agencia comercial del Sinart y el Banco de Costa Rica (BCR), dos de ellos sin concurso público.
La primera contratación se la adjudicó Recope, el 19 de diciembre del 2022, por ¢50,9 millones, para generar productos de comunicación audiovisual. Hubo otros oferentes.
El contrato del Sinart lo obtuvo sin necesidad de concurso público el 1.° de febrero anterior. Bajo ese esquema por demanda, ya vendió servicios de preproducción, producción y postproducción al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), por ¢21,5 millones.
En el caso del BCR, el acuerdo contractual fue por ¢23 millones. Se suscribió a finales de marzo pasado y fue para gestionar el patrocinio que ese banco dio al montañista costarricense Warner Rojas Chinchilla en su intento por ascender, por segunda vez, al Monte Everest. No hubo concurso en este caso.
Las tres contrataciones aparecen en los reportes del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
