Directora de UNGL ordenó a empleados que ‘toda información’ dirigida al Consejo Directivo pasara antes por ella

Esta limitación fue uno de los factores que motivó que el 21 de marzo renunciara a su cargo la encargada de Recursos Humanos, Adriana Salazar, y el 2 de abril hiciera lo mismo el director de Proyectos y Cooperación Internacional, de apellido Vargas. Ambos reclamaron en sus cartas de dimisión que, cuando intentaron acercarse al Consejo Directivo, Porras rechazó las reuniones o les dijo que eran aspectos administrativos que debían ser atendidos por la Dirección Ejecutiva.

El Consejo Directivo es el órgano superior en materia de dirección y conducción de las políticas de la UNGL, está integrado por alcaldes, regidores e intendentes de todo el país, así como representantes de la Federación de Municipalidades. Este órgano puede nombrar o destituir al director ejecutivo, en este caso, a Porras.

Según explicó Salazar en su carta, pidió audiencias al Consejo Directivo, pero la directora ejecutiva se las negó sin aportarle una justificación. “¿Cuál es el temor de que hable frente al Consejo?”, cuestionó en el documento.

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Por su parte, Vargas dijo que trató de hacer conocer al órgano directivo una serie de hostigamientos laborales, abusos de autoridad y malas prácticas por parte de Porras. Sin embargo, en ese momento, la directora ejecutiva emitió el oficio DE-I-109-11-2023, en el cual advirtió que toda la información debía pasar antes por su despacho.

“La directora ejecutiva nos ‘recordó’ a todos los colaboradores que no podemos enviar ninguna información a ese órgano, si no ha sido de previo conocimiento de la jerarca institucional. Así lo hice, y como respuesta recibí que mi solicitud era de carácter administrativo, por lo tanto, no se iba a escalar al Consejo Directivo”, criticó el director.

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Según Vargas, también se le indicó que debía respetar estrictamente el orden jerárquico, así como canalizar con la Dirección Ejecutiva toda solicitud, reclamo o queja que tuviera. “Le recuerdo su obligación de obedecer las órdenes, instrucciones o circulares de sus superiores jerárquicos sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley General de la Administración Pública”, cita el oficio recibido por el director.

Esa ley establece que todo servidor público está obligado a obedecer las órdenes de su superior, excepto cuando esas instrucciones sean arbitrarias o constituyan abuso de autoridad o cualquier otro delito.

No obstante, el oficio DE-I-109-11-2023, enviado por Porras a todos los funcionarios de la UNGL, también les advirtió que quienes incumplan la orden y se dirijan de forma directa al Consejo Directivo se les aplicarán las sanciones dispuestas en el artículo 166 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la institución.

Ese artículo determina una serie de castigos para los empleados, que van desde amonestaciones verbales o escritas, hasta suspensiones sin goce de salario o el despido sin responsabilidad patronal.

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Presidente de la UNGL desconocía oficio y lo ve inadecuado

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El presidente de la UNGL y alcalde de Buenos Aires, José Bernardino Rojas, aseguró a La Nación que no estaba enterado de la existencia del oficio enviado por Porras a todos los funcionarios. Sin embargo, afirmó que, desde su punto de vista, no debería limitarse a ningún funcionario la posibilidad de hablar con cualquier directivo o con todo el Consejo.

“La Sala Constitucional ha dicho que un funcionario municipal no tiene que tener necesariamente autorización del alcalde para ir al Concejo Municipal. Cualquier empleado que requiera hablar con el Concejo puede hacerlo. Con respecto al Consejo Directivo de la UNGL, podría aplicarse la misma norma, siempre y cuando se haga una consulta sobre el tema.

“Me parece que no debe limitarse a los funcionarios de la UNGL para hablar con cualquier directivo, en el entendido de que tanto la junta directiva como la Dirección Ejecutiva trabajan para el fortalecimiento del régimen municipal. Ese es mi criterio personal, no debería haber ninguna limitación, si todos pretendemos los mismo como equipo”, declaró Rojas el miércoles 10 de abril.

Rojas solamente precisó que, en su opinión, los trabajadores deben comunicarle (no pedirle permiso) a sus respectivas jefaturas cuando vayan a exponer algún tema al Consejo. También señaló que el oficio emitido por Karen Porras el 6 de noviembre se fundamenta en un reglamento interno de la UNGL, pero ningún reglamento está por encima de la Constitución Política.

“En aras de la buena comunicación, voy a conversarlo con doña Karen a ver cuál es la posición de ella. El oficio hace referencia a un artículo de un reglamento interno que no está sobre los derechos que establece la Constitución Política, entonces voy a conversarlo con ella. Yo puedo hacer reglamentos y establecer el ABC, pero que ese reglamento no sobrepase los derechos de cada trabajador, cualquiera que sea, desde el conserje hasta un director”, afirmó Rojas.

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El pasado jueves 11 de abril, durante la actividad de entrega de credenciales a los 84 alcaldes electos, La Nación le consultó a Karen Porras los motivos que la llevaron a enviar el polémico oficio a los funcionarios de la UNGL.

La directora ejecutiva afirmó que esa orden se dio en apego a los estatutos de la institución, ya que ella es la responsable de la parte administrativa dentro de la UNGL.

“Cuando uno administra tiene que apegarse al marco de legalidad. Nada más estoy recordándole a los funcionarios cómo tiene que ser el proceder, eso no quiere decir en ningún momento que yo esté coartando la libertad de nadie. Todas estas críticas que se hacen yo esperaré que las lleven a las instancias pertinentes para poder defenderme”, dijo Porras.

La directora dijo que envió el oficio luego de identificar que los funcionarios que no estaban de acuerdo con aspectos administrativos iban directamente al Consejo Directivo. “Hay que recordarles que la parte administrativa la manejo yo”, concluyó.

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A continuación el oficio enviado por Karen Porras el 6 de noviembre:

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