En el centro de la disputa por el financiamiento al Parque La Libertad por parte del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) destaca una distinción jurídica significativa: ¿es la Fundación Parque La Libertad (FPLL) una aliada del MCJ o es meramente una proveedora de servicios? El ministro Jorge Rodríguez Vives la describe como una proveedora, pero la documentación disponible y oficios de su despacho dicen otra cosa.
Esta semana, la Fundación recortó la quinta parte de su personal (15 de 71 funcionarios) y ajustó salarios de 30 personas más debido a un recorte de 9,5% del presupuesto para lo que resta del año y del 13,38% para el 2027.
El ministro Rodríguez, quien alega que existe una situación fiscal adversa, subraya que la fundación opera en instalaciones del MCJ y caracteriza así su relación: “La Fundación La Libertad no es propietaria del Parque; es un proveedor de servicios del MCJ”.
Sin embargo, la documentación disponible en los sitios web del ministerio, de la fundación y en abundante documentación pública. define la relación como de “Alianza Público-Privada para el Desarrollo (APPD)”.
En un oficio del 17 de julio de este año al que tuvo acceso La Nación (MCJ-DVA-0630-2026, en respuesta al FPL-DE-075-2026), el viceministro administrativo Alexánder Castro Mena confirma esa relación.
“Al revisar la matriz de riesgos e impactos, presentada en el oficio FPL-DE-075-2026, se constata la necesidad de analizar las relaciones establecidas en la Alianza Público Privada para el Desarrollo (APPD), con el fin de buscar un sano equilibrio en las relaciones, los compromisos, los roles y los aportes”, escribe.
Unos días antes, el 6 de julio, el MCJ publicaba un comunicado refiriéndose a la relación como de Alianza Público Privada para el Desarrollo. Así sucede con abundantes comunicados de los últimos años y en sendos sitios web, así como en el Sistema de Información Cultural (SiCultura) y de Presidencia.
¿Qué significa que sea una APPD?
La distinción entre “proveedor” y “APPD” no se agota en la nomenclatura, pues tiene implicaciones organizativas, jurídicas y consecuencias sobre un eventual rompimiento del acuerdo, como lo anunció el ministro Rodríguez Vives.
Para consultarle este y otros aspectos del conflicto, La Nación ha solicitado en seis ocasiones, desde el martes, un vocero del MCJ o conversar con el jerarca, pero su encargada de prensa dijo que no podía atender a este medio por su agenda.
En el programa radial Nuestra Voz de este miércoles, Rodríguez insistió en definir la relación del MCJ con la fundación como de “proveedor”.
“Los ha incomodado que digamos que son proveedores de servicio, por supuesto que les va a incomodar, pero son proveedores de servicio, en el momento en el que reciben más de ¢4.000 millones en los últimos 5 años para que ejecuten los servicios que el ministerio les está pidiendo que ejecuten, por supuesto que los queremos de socios, por supuesto que queremos seguir trabajando, pero simplemente estamos pidiendo orden y no se vale desinformar a la gente”, dijo el jerarca.
En un documento del 2021 firmado primero por la entonces ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán Salvatierra, con la exdirectora ejecutiva del PLL, Dora María Sequeira, se reitera la relación de la Fundación Parque La Libertad con el MCJ como Alianza Público-Privada para el Desarrollo. Anteriormente, dice el documento, se trabajaba con un acuerdo de cooperación firmado en 2011. El acuerdo de APPD fue renovado recientemente por cinco años más, antes de la disputa.
La “Visión” del Parque La Libertad recalca los aportes conjuntos: “Ser una institución impulsada por un equipo interdisciplinario, comprometida con el desarrollo del Parque La Libertad, con la sostenibilidad del sitio y la gestión efectiva de fondos. La Fundación será reconocida como un motor para revitalizar la calidad de vida de las comunidades locales”.
La distinción radica en la naturaleza del acuerdo. Un proveedor debe participar en una licitación, concursar y puede no obtener finalmente el contrato. Dicha relación se rige por la Ley General de Contratación Pública.
En ese caso, el ministerio a cargo debe elaborar el cartel de licitación, adjudicar el contrato, evaluarlo con base en entregables y transferir fondos contra informes o entregables de productos o servicios específicos; se presentaría una oferta de licitación por cada cual.
En el caso de la FPLL, la fundación, creada para gestionar el espacio desde su apertura, trabaja en terrenos de 32 hectáreas donados al MCJ desde hace 18 años. Como APPD, opera con base en la Ley General de la Administración Pública y el Reglamento para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público privadas para el desarrollo en el sector público N° 40933 - MEIC - MIDEPLAN.
¿Qué se hace en Parque La Libertad?
En las instalaciones del parque, en Fátima de Desamparados, se imparten cursos de tecnología, emprendendurismo, educación, artes y otras áreas como STEAM, reforzamiento escolar, alfabetización digital, prevención de la violencia, habilidades para la vida y desarrollo socioemocional.
Asimismo, se realizan paseos en los senderos abiertos al público, actividades deportivas, conciertos, presentaciones artísticas y eventos comunitarios, artísticos y culturales de toda índole.
La fundación coopera por su cuenta con ministerios como Educación, Ciencia y Tecnología y Salud, entre otros, así como bancos estatales, y colabora con embajadas y entes internacionales.
La fundación se encarga de gestionar donaciones y conseguir recursos, así como de operar las instalaciones que sirven a 120.000 usuarios anualmente.
Asimismo, la fundación establece convenios con otras instituciones locales y extranjeras, en el entendido de que son para beneficio del parque y sin fines de lucro, como corresponde a ese modelo jurídico. Un proveedor, en contraste, sí puede y debe recibir ganancias, según establece la legislación.
¿Qué aporta la Fundación al Parque La Libertad?
De acuerdo con el MCJ, la FPLL presenta un “desorden administrativo”, algo que rechaza la fundación y que no se menciona en oficios previos.
En el documento remitido por el viceministro administrativo del MCJ a la fundación, el jerarca dice: “Si un ajuste al presupuesto del ministerio provoca lo que usted señala en su oficio, esto quiere decir que el modelo de administración y las relaciones son asimétricas y, por tanto, poco viables para garantizar una gestión sostenible, eficaz y eficiente”.
En dicho oficio, el viceministro se refería a un recorte de 40% que Rodríguez Vives habría comunicado a Patricio Morera en persona. Dicho recorte hubiese implicado el cierre técnico del parque para este mes, algo que el ministro habría reconocido. Empero, tras un mensaje a Laura Fernández, se redujo el recorte a 10%, lo cual, dicen los jerarcas del parque, molestó al ministro.
El presidente de la junta administrativa de la fundación, Marcos Fernández Salazar, y el director ejecutivo del parque, Patricio Morera Víquez, rechazan la caracterización de “proveedores” y recalcan que la FPLL hace más que ejecutar proyectos del ministerio, como argumenta el jerarca del ramo.
“Nosotros sí pagamos personal con recursos propios y hemos pagado un montón de cosas, por ejemplo, la valorización del activo son los últimos años en la propiedad del Ministerio de Cultura se ha valorizado alrededor de $1 millón de dólares. justamente con los recursos que nosotros hemos conseguido. Entonces, efectivamente, no somos un proveedor, somos un aliado”, dice Morera.
“Lo que pasa es que tampoco esos recursos de otra fuente son recursos que uno pueda disponer para pagar cualquier cosa. No, tiene que primero pagar lo que el contrato dice y después si le queda algo, pues utilizarlo para todo tipo de cosas”, añade.
Entre los aportes obtenidos por la fundación para las instalaciones a lo largo de los años se encuentran la planta de tratamiento, paneles solares, equipamiento tecnológico (incluido el recién abierto Centro de Innovación en Economía Creativa), equipo de gimnasio, materiales de trabajo y otros insumos. Dada la naturaleza de la APPD, eso quedaría en manos del MCJ en caso de ruptura de la alianza.
Este miércoles, La Nación consultó a Casa Presidencial si el gobierno concuerda con la caracterización de Rodríguez de esta relación del MCJ con la fundación; si considera las partes privadas de esta y otras alianzas público-privadas como proveedores de servicios; si considera que esas dos figuras jurídicas se pueden describir de la misma manera; y si es política del gobierno Fernández Delgado considerar a sus socios privados en APP como “proveedores de servicios”, entre otras consultas.
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