De cara a las elecciones de febrero próximo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contrató a dos personas para vigilar el eventual financiamiento electoral mediante criptoactivos. Sin embargo, ninguno de los profesionales nombrados cuenta con experiencia en esa materia.
Así lo confirmó el jefe de despacho de la Presidencia del TSE, Andrei Cambronero, quien alegó que se trata de un plan piloto y que las plazas se asignaron como puestos de confianza, lo que implica que son de libre nombramiento y remoción.
“Por la novedad del fenómeno, el Tribunal estimó que era necesaria la capacitación, porque podría ser que se dificultara el reclutamiento si se exigía eso (la experiencia en criptoactivos) como un requisito imprescindible”, explicó Cambronero.
Esa decisión fue criticada por el sindicato de empleados del órgano electoral, el cual lamentó que la experiencia fuera obviada, máxime que esa es la materia central del plan piloto.
Acuerdo adoptado en julio pasado
El marzo pasado, mediante la aprobación del acta N.º 19-2025, el Tribunal acordó conformar el equipo de trabajo que se encargaría de ejecutar “labores profesionales complejas y variadas en el área de análisis de posibles acciones tendientes a financiar agrupaciones políticas con este tipo de moneda, en contravención de la normativa nacional”.
Tras una serie de estudios internos, el TSE estableció que una de las plazas correspondería a un analista en criptoactivos y la segunda se asignaría a un experto en criminología.
El 17 de julio anterior, el prosecretario general del TSE, José Manuel Rojas Ramírez, propuso asignar dichas funciones a dos personas de apellidos Ulate Monge y Zúñiga Alvarado.
Ese mismo día, el departamento de Recursos Humanos determinó que dichos funcionarios “cumplían a cabalidad” con los requisitos establecidos para cada uno de los puestos y se procedió con el nombramiento de ambos.
Las plazas están adscritas a la Presidencia del Tribunal, pero fueron cedidas al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos por la naturaleza del plan piloto.
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Si bien los dos funcionarios cumplen con los requisitos, no se incluyó la experiencia en criptomonedas, y ninguno de ellos cuenta con dicho conocimiento.
Desde el 2020, el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) advirtió que uno de los retos a futuro para los sistemas electorales era la regulación y fiscalización del uso de las criptomonedas y la tecnología blockchain (base de criptomonedas como el Bitcoin) para el financiamiento de partidos políticos.
Asimismo, esa entidad recalcó que características de las monedas digitales, como el anonimato, podrían favorecer la comisión de ilícitos electorales, particularmente aquellos vinculados a las contribuciones a las agrupaciones políticas.
Por tal motivo, en marzo, el Tribunal le dio alta prioridad a la regulación del financiamiento político a través de esta moneda.
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Requisitos
Inicialmente, el propio acuerdo dispuso que sería mediante convenios que se llevaría a cabo la capacitación en el campo, una vez que los funcionarios fueran nombrados en sus puestos.
Cambronero explicó que el Tribunal ya estableció dichos puentes con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y con la Corte Suprema de Justicia, con el fin de preparar a los dos funcionarios en temas de cibercrimen.
Al respecto, el sindicato cuestionó que se contratara a esas dos personas para ser capacitadas, y que solo se exigiera una licenciatura en Informática, Computación o Ingeniería de Software para el puesto de analista en criptoactivos; y una licenciatura en Criminalística o Criminología para el puesto de analista en esa área.
En este último caso, el sindicato consideró necesario que se requiriera una especialización o certificación formal en finanzas digitales, blockchain o en ambas áreas.
Si bien el Tribunal incorporó algunos de estos criterios en el perfil del puesto, lo hizo como requisitos no obligatorios.
Se estableció como “deseable” contar con al menos dos años de experiencia en funciones relacionadas, y como “preferible”, tener capacitación en análisis de blockchain y criptoactivos, ciberdelincuencia y ciberseguridad.
“El Tribunal no es un espacio de formación básica ni una instancia académica para el desarrollo paulatino de competencias”, se consignó en el documento, remitido por el sindicato a la Secretaría General del TSE, el 15 de julio anterior.
“Los perfiles no pueden responder a personas. Los perfiles y los puestos son de la administración, y por tal razón, deben buscar idoneidad y no atender intereses individuales o complacencias ya reiteradas”, se añadió en ese texto.
Andrei Cambronero insistió en que el Tribunal se rige por su propio régimen de contratación, al ser un órgano con autonomía constitucional. Por ello, afirmó que, al tratarse de puestos de confianza, la experiencia no es un requisito imprescindible.
Además, precisó que si el proyecto tiene éxito, las plazas pasarían al régimen ordinario y tendrían que someterse a concurso público, tal como lo establece la Ley Marco de Empleo Público. En caso de que el plan piloto no funcione, las plazas se reasignarán a otras tareas dentro de la institución.