El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó la creación de un equipo, inicialmente conformado con dos plazas, para la vigilancia del eventual financiamiento electoral a través de los criptoactivos.
Andrei Cambronero, letrado del órgano electoral, explicó que los magistrados le dieron “alta prioridad” a la regulación del financiamiento político a través de las criptomonedas, debido a que es un fenómeno nuevo que se ha venido observando en varios países.
En un acuerdo tomado a inicios de marzo, el TSE ordenó la creación de un plan piloto para la vigilancia del financiamiento a agrupaciones a través de los criptoactivos para las elecciones generales del 2026, en las cuales se elegirá presidente de la República y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.
Ya desde 2020, el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) advirtió que uno de los retos a futuro para los sistemas electorales era la regulación y fiscalización del uso de las criptomonedas y tecnología blockchain para el financiamiento de partidos políticos.
Por el momento, no hay total claridad de cómo se debe realizar esa vigilancia, pero Cambronero enfatizó que los magistrados acordaron dedicar dos plazas ya existentes y recalificarlas, para nombrar ahí personal que se pueda capacitar y profesionalizar en esa materia, “para de alguna manera tener control de esas transacciones, en lo que sea posible”.
“Sabemos que los criptoactivos presentan algunas particularidades que podrían complejizar el sistema de control y de fiscalización de las agrupaciones políticas. Alrededor del mundo hay procesos electorales que se empiezan a financiar con esos mecanismos”, indicó el letrado.
Precisamente, Cambronero fue designado para establecer un convenio con la Corte Suprema de Justicia, para la capacitación del personal que realice esa labor de vigilancia del financiamiento electoral.
“En Costa Rica, la donación a un partido político tiene que ser de una persona claramente identificable y todos sabemos que las criptomonedas dificultan eso. La idea es profesionalizar el personal que apoye en la parte de control y fiscalización; de previo, necesitamos un proceso de capacitación”, enfatizó.
En el acuerdo tomado el 4 de marzo, los magistrados establecieron algunas de las funciones de los encargados en vigilar el financiamiento mediante criptoactivos.
Entre esas funciones están la de inferir el comportamiento de las variables de un fenómeno criminal en materia de financiamiento de agrupaciones políticas por medio de criptoactivos, formular hipótesis, recopilar, sistematizar y evaluar datos en denuncias y registros oficiales.