La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) investigar las circunstancias que llevaron al archivo de un expediente en el que se indagaban presuntas agresiones contra el niño de cuatro años que falleció el 4 de noviembre en Desamparados de Alajuela.
Las dos mujeres detenidas como sospechosas, la madre biológica del menor y su pareja, afirmaron que el niño se había atragantado. Sin embargo, las investigaciones preliminares apuntan a que el menor presentaba lesiones antiguas y recientes que le habrían provocado la muerte.
En un comunicado de prensa, la organización sindical cuestionó la actuación institucional, pues aparentemente el Patronato recibió, desde el 8 de junio de este año, una denuncia trasladada por el Ministerio de Educación Pública (MEP), relacionada con presuntas situaciones de riesgo y lesiones físicas del niño.
Sin embargo, en setiembre, la institución habría archivado el expediente al considerar que las valoraciones realizadas no acreditaban indicadores de riesgo.
“Para la ANEP, esta situación genera serias interrogantes sobre los procedimientos de investigación, los criterios técnicos utilizados y los mecanismos de supervisión que debieron garantizar una intervención adecuada para proteger al niño”, dice la organización sindical en su comunicado.
El sindicato indicó que la ausencia de lesiones visibles o de indicadores físicos inmediatos no es suficiente, por sí sola, para descartar posibles situaciones de maltrato, especialmente cuando existe una alerta previa de un centro educativo y se trata de una persona menor de edad en condiciones de vulnerabilidad.
Uno de los principales cuestionamientos de la organización sindical se dirige a la gestión de la Dirección Regional de Alajuela del PANI, encabezada por Yorleny Mora Acuña. ANEP señala que anteriormente ha manifestado preocupaciones sobre lo que considera “un énfasis excesivo en el cumplimiento de estadísticas, indicadores y metas administrativas, sin que necesariamente estos reflejen la calidad y efectividad de las intervenciones institucionales”.
“La responsabilidad de una Dirección Regional no puede limitarse al cumplimiento de estadísticas y metas administrativas. Debe garantizar una supervisión efectiva de las oficinas locales y que las decisiones adoptadas respondan al interés superior de las personas menores de edad”, sostiene el sindicato.
Sindicato pide investigación
Mediante una gestión dirigida a la presidenta ejecutiva del PANI, María José Vega Sanabria, y a la gerente técnica, Irene Arce Meneses, la ANEP solicitó la apertura de investigaciones administrativas para esclarecer las actuaciones realizadas, los criterios utilizados y las eventuales responsabilidades en la atención, supervisión y archivo del expediente.
También pidió la valoración de medidas cautelares, incluida la separación temporal de funciones de las personas involucradas, cuando legalmente corresponda, para garantizar investigaciones objetivas. Agregaron la necesidad de revisar la gestión de la Dirección Regional de Alajuela, particularmente de sus mecanismos de supervisión y control sobre las oficinas locales.
El sindicato solicitó, además, implementar medidas correctivas para fortalecer los mecanismos de protección y evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse, así como que se informe la cantidad de alertas recibidas sobre el menor fallecido, precisando sus fechas, clasificaciones de riesgo, prioridades de atención y las decisiones administrativas adoptadas.
Niño estaba en proceso de adopción
El abogado Arcelio Hernández reveló a través de sus redes sociales que en su oficina se tramitaba el proceso de adopción de este menor de edad, promovido por las dos sospechosas.
El abogado recordó que cuando las ahora detenidas llegaron a su despacho, ambas mostraban cariño hacia el pequeño. Sin embargo, durante el proceso surgieron algunas señales que alertaron de que algo no marchaba bien, particularmente cuando el Patronato intervino para proteger al menor.
No obstante, explicó que al concluir aquella intervención, entendió que las preocupaciones habían sido aclaradas y que se trataba de un malentendido.
“Hoy, ante este desenlace tan trágico, resulta inevitable preguntarse si existieron señales de peligro que no fueron debidamente atendidas y si las instituciones encargadas de proteger a (al menor) pudieron haber hecho más para evitar su muerte”, dijo el abogado.