Los diez funcionarios de la Policía de Migración detenidos este martes por su presunto papel en una red de trata de personas fueron delatados hace dos años por sus propios compañeros, lo que permitió iniciar la investigación de la banda acusada de traer asiáticos al país para ser explotados.
“Ellos mismos limpian su casa, ellos mismos investigaron, allanaron y detuvieron”, apuntó el ministro de Seguridad, Michael Soto.
“Los compañeros son los que iniciaron esta investigación, no nació en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Yo estuve cuando ellos llegaron a dejar el dato”, aseguró el exjefe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ.
Aún faltan los arrestos de tres sospechosos: dos extranjeros, que según dijo Soto están fuera del país y es probable que no regresen, y un empleado del área de seguridad interna de Migración, de apellido Tejeda, quien se encuentra en vacaciones y regresaría el lunes.
El ministro aseguró que lo están buscando “tenazmente” para detenerlo.
(Video) Más de 10 oficiales de Migración detenidos en operativo del OIJ
Los involucrados en la red ahora enfrentarán un proceso disciplinario para definir su continuidad en la Policía Profesional de Migración; no obstante, Soto espera que estas personas dejen de trabajar para la institución.
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“De mi parte yo puedo decir que esas personas ya no gozan de la confianza mía ni de la jerarquía de la Policía de Migración, y ya no queremos que trabajen más con nosotros”, indicó.
Según Soto, la profundidad de la investigación permite asegurar que no hay más funcionarios sospechosos de participar con la banda.
“Que pueda surgir en el futuro algún otro tipo de circunstancia, no lo descarto. No hay ninguna policía en el mundo que pueda decir que no tenga problemas de corrupción”, aseveró el ministro.
El operativo de este martes de la Policía de Migración y el OIJ concluyó con el arresto de 29 personas, incluidos tres orientales que dirigían la organización que ingresaba personas de manera irregular para ser esclavizados en abastecedores y restaurantes o enviados a Canadá y Estados Unidos.
Las víctimas de trata pagaban entre $22.000 y $45.000 para viajar desde China o India para llegar a Costa Rica o avanzar hasta Norteamérica. Venían con la promesa de regularizar su condición migratoria y obtener un empleo, pero a su arribo eran explotados.
Se presume que los empleados de Migración recibían de $2.000 a $6.000 por cada ingreso de un extranjero indocumentado al país. Su longevidad en la institución iba de los 3 a los 34 años, y trabajaban en los puestos fronterizos de Tablillas, Peñas Blancas, Sixaola y el aeropuerto internacional Juan Santamaría.
Al cierre de edición la Fiscalía indagaba a los sospechosos para definir cuáles medidas cautelares solicitará.
