Una banda dedicada al tráfico y trata de personas, que contaba con cómplices en Migración, cobraba entre $22.000, y $45.000, por cada ciudadano asiático que traía ilegalmente al país.
El grupo fue desintegrado este martes en un enorme operativo desarrollado por el Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Migración que concluyó con 40 sitios allanados y 29 personas aprehendidas, entre ellas tres orientales que dirigían la organización y 10 funcionarios de Migración. También se detuvo a un oficial de la Fuerza Pública.
Además contaban con apoyo de una empresa de asesoría jurídica que les ayudaba con los trámites legales.
Según explicaron las autoridades en conferencia de prensa, el grupo traía a los orientales vía aérea a países como Perú, Ecuador o Colombia y desde ahí se conectaban hasta Costa Rica. Algunos de los extranjeros se quedaban en nuestro territorio y otros eran enviados a Canadá o Estados Unidos.
En Costa Rica se ubicaban en abastecedores y otros comercios administrados por orientales que “compraban” a estas personas. Hasta el momento, hay 110 víctimas identificadas, incluidos tres menores de edad. Dos de estas víctimas fueron halladas durante uno de los allanamientos realizados en la frontera norte.
La operación Cielo y Tierra, que cumple dos años de investigación y seguimientos, logró determinar que la banda era liderada por tres orientales desde un conocido restaurante y karaoke en Sabana Norte, San José. Según la Fiscalía ellos responden a los apellidos Cen, Azofeifa Arce y Bon Bin.
De acuerdo con Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas de esta banda tenían dos destinos posibles: quedarse en el país, o ser enviados a Panamá para luego ser llevados a Norteamérica.
“Estas tres personas tenían contactos que les permitían hacer llegar a nuestro país una importante cantidad de personas. Una vez en nuestro territorio, esas personas tenían dos destinos. Algunos se quedaban en Costa Rica y otros eran enviados a terceros lugares, esencialmente Estados Unidos y Canadá. Quienes permanecían en nuestro país eran ‘distribuidos’ en negocios comerciales, esencialmente abastecedores y restaurantes”, agregó Espinoza.
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Con el dinero que cobraban, se costeaba el traslado de sus víctimas y el pago de sobornos a algunos funcionarios cómplices de Migración en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. Cada pago rondaba entre $2.000 a $6.000 por persona que ingresaba con documentos irregulares.
La Policía Judicial informó de que algunos de los lugares allanados son las oficinas centrales de la Dirección de Migración y Extranjería en La Uruca, la delegación policial de Santo Domingo de Heredia y el restaurante chino en Sabana Norte.
También se llevaron a cabo despliegues policiales en Alajuela, Atenas, Guanacaste y San Carlos.
El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, destacó la colaboración de los diversos cuerpos policiales que ayudaron al éxito del operativo y entre los cuales colaboraron la Policía de Control de Drogas, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Unidad Especial de Apoyo (UEA), así como la Policía de Control Fiscal, el OIJ.
Soto también explicó que la cooperación efectuada con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (SENAFRONT) fue vital ya que en el vecino país también se efectuaron despliegues policiales relacionados con este caso.
De acuerdo a las autoridades panameñas, en este país se realizaron 20 allanamientos que dejaron un saldo de diez detenidos, incluido un sospechoso que también estaba vinculado con actividades de narcotráfico y a quien se le incautaron 20 kilos de cocaína.
La ruta
Según la investigación de las autoridades, el grupo criminal se dedicaba al tráfico y la trata de personas asiáticas, específicamente de China e India, las cuales eran trasladadas, vía aérea, a Europa. De aquí, las víctimas eran llevadas, vía aérea, hasta Ecuador, Perú o Colombia.
Finalmente eran desplazados hasta Costa Rica. La mayoría ingresaba por el Juan Santamaría, gracias a la complicidad de algunos funcionarios que fueron arrestados, aunque unos pocos pudieron haber ingresado por la frontera norte.
Los asiáticos que se quedaban en nuestro país eran explotados laboralmente por los comerciantes que los “compraban”, mientras que los que eran trasladados a Panamá pagaban hasta $45.000 para ser llevados a Estados Unidos o Canadá. En la mayoría de los casos, estas personas quedaban endeudadas con la organización y debían pagar su deuda con trabajo.
La fiscala general, Emilia Navas, habló de la importancia del operativo y los resultados logrados ya que “el ser humano no está en venta”. Además destacó el fortalecimiento de la legislación actual con respecto a este tema, labor que se ha venido dando a lo largo de este año.
Navas informó de que las dos víctimas que encontraron durante los despliegues policiales ya están recibiendo ayuda especial y, de momento, van a permanecer en territorio nacional.
“Estas personas son vulnerables. Tienen problemas sociales no resueltos en sus países, tienen hambre, están enfermos y se ven expuestos y obligados a hacer lo que están haciendo. El grupo criminal lo que hace es mediante fuerza, mediante fraude, mediante engaño, aprovecharse de esta vulnerabilidad y los explotan y los someten a esclavitud. Atentan contra su dignidad humana. Son víctimas y siempre debe verse así”, agregó Navas.
Por tráfico de personas se hace referencia a individuos que cobran por trasladar a otras personas a otro país, evadiendo los controles migratorios correspondientes.
Por trata se refiere a personas que son sometidas a explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular.
De acuerdo al artículo 249 de la ley de migración, se impondrá una pena de cuatro a ocho años a quien conduzca o transporte a personas, ya sea para su ingreso al país o su salida, por lugares habilitados o no habilitados por las autoridades migratorias competentes, y que evaden los controles migratorios establecidos utilizando datos o documentos legales, o bien, falsos o alterados, o bien, sin documentación alguna.
Por su parte, el artículo 189 del Código Penal sanciona con pena de prisión de seis a diez años, a toda persona que induzca, mantenga o someta a una o más personas a realizar trabajos o servicios bajo fuerza, engaño, coacción o amenaza.
Asesor municipal es socio en restaurante chino allanado
Rafael Arias Fallas, exdiputado de Liberación Nacional (98-2002) y asesor del alcalde de San José, Johnny Araya, reconoció ser socio minoritario del restaurante chino Marisco Vivo allanado este martes en La Sabana.
Arias, en declaraciones a La Nación, confirmó que es dueño del 8% de las acciones de ese local comercial, donde también figura como mayoritario un ciudadano oriental de apellidos Cen Mo, investigado por supuestamente liderar una banda de tráfico y trata de personas.
Según el funcionario, él desconoce las otras actividades de Cen ajenas al restaurante, a quien califica como su “socio y amigo” desde hace 19 años, cuando lo conoció en Alajuela.
Arias no figura en la investigación de este caso.
Colaboró en esta información el periodista Carlos Láscarez.