En un acto celebrado en la plaza de la Democracia, el gobierno de Rodrigo Chaves presentó su plan para afrontar la ola de inseguridad, el cual incluye acciones administrativas como un cambio de horario para los policías, reformas legales y solicitudes de presupuesto para contratar más policías.
Las medidas fueron anunciadas este miércoles 19 de abril, luego de que el ministro de Seguridad, Jorge Torres, había dicho, a finales de marzo, que las acciones serían comunicadas en noviembre próximo.
400 policías más
El ministro de Seguridad, Jorge Torres, dio a conocer el envío de un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa, para contratar a 400 policías más antes de que finalice el año.
La medida, según dijo, permitiría sumar 700 agentes nuevos en los próximos meses, pues a los 400 antes citados se sumarían 300 más que actualmente se encuentran en entrenamiento y capacitación.
Torres no especificó el monto del presupuesto adicional que enviarán al Congreso, pero sí indicó que este no cubrirá las 1.000 plazas que faltaban desde la administración anterior. Por otra parte, anunció una inversión en infraestructura mediante un crédito internacional.
“Cuando asumí el puesto de ministro, sorpresivamente, me encontré que contábamos con un préstamo de $5 millones, sobre el que lastimosamente todos los costarricenses estamos pagando intereses y que, por la falta de voluntad política, no estaba siendo ejecutado. Ordené la ejecución inmediata de dicho crédito para iniciar la construcción del Centro de Mando para la Policía”, agregó.
Más policías en las calles
Torres anunció que, desde este jueves 20 de abril, el país “tendrá hasta 9.500 policías simultáneos en las calles, como una medida excepcional por un espacio de seis meses”.
Según indicó, esto se logra mediante un cambio en los roles de trabajo de 12.000 policías que trabajan actualmente en roles de 3x3 y 6x6. Los oficiales pasarán a roles de 6x4, es decir, seis días laborados por cuatro de descanso.
“Quiero que sepan que ordené como ministro el proceso de reclutamiento extraordinario, pues existe una situación apremiante y teníamos plazas vacantes que no se podían nombrar porque el proceso de reclutamiento estaba detenido.
“Así que hicimos modificaciones para acelerar el proceso de formación y contratación de policías que vengan a trabajar por la protección y seguridad de nuestros ciudadanos”, agregó el jerarca.
También anunció que utilizarán ¢600 millones decomisados al narcotráfico y que están bajo resguardo del Instituto Contra las Drogas (ICD), para la compra de patrullas, y así como para mejorar la movilidad y presencia policial en zonas del conflicto.
Decreto sobre municiones
Por último, Torres expuso un decreto que “hará más severo el control y fiscalización de la venta de municiones de armas de guerra”. Alegó que en la actualidad se venden municiones de alto calibre que son usadas por las estructuras criminales y que cada día están matando ciudadanos.
“Solo van a tener acceso las personas que tengan registradas las armas legalmente. Por eso, este decreto nos va a ayudar mucho en la incidencia criminal”, aseveró en un acto público en el que también participaron el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Justicia, Gerald Campos.
El pasado miércoles 12 de abril, el mandatario había acusado a los medios de comunicación de presentar como una crisis la ola de homicidios e inseguridad que afronta el país.
“Una cosa es un problema de salud crónica y otra cosa es un cuadro agudo”, expresó Chaves en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “La situación de los homicidios en Costa Rica no es una situación nueva, como han querido hacer ver alguien o algunos que ustedes conocen, incluyendo medios de comunicación específicos, que lo quieren hacer ver como una crisis”, aseveró.
De mantenerse la ola homicida, el país podría cerrar el 2023 con entre 800 y 900 asesinatos, muy por encima de los 656 acumulados en el 2022, considerado, hasta ahora, el año más violento en la historia.
Tanto diputados como representantes del sector empresarial han solicitado a la administración Chaves tomar medidas urgentes para atacar la violencia.
Bloqueo celular en cárceles
Gerald Campos, ministro de Justicia, aprovechó la actividad para anunciar un convenio entre la empresa Polaris, en coordinación con las operadoras de telefonía, para bloquear celulares en las cárceles en un plazo inferior a 15 minutos luego de que se le detecta. Aseguró que en los próximos días el plan también bloqueará drones y señal de wi-fi.
Este plan se suma a una operación policial que Campos implementó desde el 8 de mayo y que consiste en operativos para sacar celulares de los centros penitenciarios.
“A hoy hemos decomisado más de 2.357 celulares, 15.000 armas blancas, 50 tipos de drogas, ¢19 millones en efectivo, más de 3.000 chips de líneas celulares, bebidas alcohólicas y más de 5.000 diferentes artículos electrónicos”, agregó.
Según indicó, la Policía Penitenciaria ha realizado más de 4.000 intervenciones que habrían permitido reducir en un 50% las denuncias por estafa. Mencionó que el país pasó de registrar 630 denuncias mensuales por estafa en 2022, a 270 en la actualidad.
Extradición de nacionales
Campos también anunció que el próximo lunes la fracción de gobierno presentará en el Congreso un proyecto de ley para permitirr la extradición de nacionales por tráfico de drogas o terrorismo.
“Queremos que en Costa Rica nadie sea inmune a los crímenes que cometen en el país ni el extranjero; las personas que lo hagan deberán asumir su responsabilidad. Los nacionales que sean requeridos, por ejemplo, en Estados Unidos, los queremos enviar para que sean juzgados ahí.
“Costa Rica hace poco fue testigo de un caso donde se extraditó a un peligroso hombre, apodado Cholo Chorrillo, extraditado a EE. UU., líder de una red cuyos tentáculos penetraron directamente nuestro país y bajo sus hombros tiene un largo expediente criminal”, declaró.
El artículo 32 de la Constitución Política indica, actualmente, que “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”.
Reformas legales en Asamblea
El gobierno también anunció la presentación, en la Asamblea Legislativa, de proyectos de reformas sobre tenencia de armas, modernización de intervenciones telefónicas, justicia penal juvenil y sistema penitenciario.
Diputados revisarán con lupa
Diputados de oposición afirmaron que revisarán con lupa los proyectos de ley.
Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), manifestó que, en el pasado, el gobierno ha presentado proyectos como el de fusión del sector vivienda pero que, al revisarlo detalles, encontraron aspectos como la eliminación del bono de vivienda.
“No vayan a venir sorpresas como esas”, dijo el legislador, quien agregó que los diputados ya habían comenzado a construir una agenda en materia de seguridad.
Agregó que le preocupa el cambio de horario a los policías porque, en su criterio, se reducen los días de descanso. “Si se afectan los derechos, nos ponemos de su lado (de los policías)”, dijo.
Dinorah Barquero, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó cuánto costó celebrar un acto para hacer el anuncio en la plaza de la Democracia, con toldos, sillas y producción videográfica. “Es para generar un circo”, consideró.
Ariel Robles, del FA, dijo que lo positivo es que el presidente asume que sí hay una crisis de inseguridad, porque antes lo había negado. “Un día dice una cosa, otro día dice otra”, mencionó.
