“La gente cree que es que uno anda con guardaespaldas. A mí me han asaltado, yo camino todos los días a mi trabajo, mi papá tiene una carnicería... No es que uno no esté expuesto”.
Las palabras son del juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, en una conversación la tarde del miércoles 30 de octubre.
Dos días antes de la entrevista, la Policía Judicial detuvo como sospechoso de homicidio a un hombre trasladado de una prisión a un régimen de confianza siguiendo una directriz de este juez. Otros dos reos que gozaban del mismo beneficio fueron recapturados por otras supuestas faltas.
Las críticas contra Murillo en redes sociales de Internet surgieron rápidamente, pero él asegura que ya era necesario poner un “hasta aquí” al hacinamiento en las cárceles.
“Yo tengo años de dictar medidas correctivas, y porque se han estado burlando de mis resoluciones es que el perro se va haciendo mañoso. Entonces uno dice: ‘bueno, ¿cuál es el argumento que ha usado el Ministerio de Justicia? Que mientras unos jueces ordenamos cerrar cárceles, otros jueces mandamos más personas’.
”Como el caso de San Sebastián es reiterado y evidencia inoperancia, yo tenía que asegurarme de que se cumplan los derechos humanos y que se resuelva este problema que nadie ha venido a resolver en años”, manifestó el funcionario judicial.
En el fallo del 24 de setiembre, el juez ordenó no llevar más presos a la Unidad de Admisión de San Sebastián, San José, exclusiva para población sin condena.
A la vez, Murillo determinó que 370 condenados que estaban en esa cárcel fueran enviados a otros penales y, que para hacerles espacio en esos recintos, otro grupo de 370 reclusos próximos a cumplir sus penas fueran beneficiados con un régimen de confianza. El Ministerio de Justicia ya acató la resolución.
Garantías. La carrera de Murillo como juez de Ejecución de la Pena se inició en 1998, a sus 28 años.
“Mi primera impresión cuando fui a La Reforma (en Alajuela) fue que yo estaba privado de libertad. Llegamos al portón y yo quería salir, pero no era cuando yo quería, sino hasta que se cumplieran los protocolos”, recordó el abogado, quien tiene un doctorado en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid.
“Es un sistema muy cerrado que, a pesar de que la legislación dice que tiene que flexibilizarse y dar oportunidades, uno ve que se tiende a optar por que nadie salga, por cuestiones como las que pasaron ayer (la detención del hombre en régimen de confianza)”, apuntó.
Murillo relató que estuvo fuera del país varios años y que, al reincorporarse a su trabajo en el 2009, la población carcelaria había crecido desmesuradamente.
En el 2010, reseñó, todos los jueces de Ejecución de la Pena del país exigieron a la Dirección General de Adaptación Social (del Ministerio de Justicia) reducir la población penal a la capacidad real de los centros. No obstante, la resolución conjunta fue objetada por la Corte Plena.
Posteriormente, en noviembre del 2012, Murillo indicó medidas correctivas para San Sebastián. En esa ocasión, dio un plazo de tres meses para trasladar a los 370 sentenciados a otras cárceles.
Además, el juez determinó que, en seis meses, la sobrepoblación debía ser de un 20% y que, en un año, tendría que estar resuelta del todo.
“Salí del país y regresé hasta en abril de este año y me tocó nuevamente visita en San Sebastián. Me encontré con que no solo no habían pasado a los sentenciados, sino que había más y que los niveles de sobrepoblación eran los mismos”, reprochó el juez.
“Yo no puedo pasar por alto las resoluciones de la Sala IV, que dicen que la sobrepoblación no puede ser de más del 20%; ya se había dictado una medida y no se había respetado”, argumentó.
Debate. La decisión tomada por Murillo en setiembre casi pasa inadvertida para la opinión pública; sin embargo, fue cuestionada por el presidente de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla.
El magistrado sostuvo que el fallo era una intromisión de un Poder de la República en otro y que pediría que se declarara ilegal.
Funcionarios judiciales se manifestaron a favor de la independencia de los jueces y, el 14 de octubre, la Corte Plena rechazó hacer un análisis de la sentencia.
Hernando París, exministro de Justicia entre el 2010 y el 2012, resaltó que la directriz de Murillo logró colocar el tema de la saturación en las prisiones en la agenda nacional. “Me da la impresión de que había dejado de tener (ese asunto) la importancia que tenía.
”En mi gestión, yo salí a decir que habíamos tocado fondo”, dijo París al recordar que, para contrarrestar el problema carcelario, durante su gestión se usaron dineros ociosos y se construyeron 1.590 espacios nuevos y se consiguió un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $132 millones para el mismo fin, pero el mismo no ha sido utilizado.
París indicó que, además, se giró una circular que permitía evaluaciones extraordinarias para pasar a presidiarios al régimen semiinstitucional, con base en la cual, en ese tiempo, egresaban aproximadamente 60 presos por mes.