Operan de forma similar a grupos narcos: transportan cargas, las venden y hasta “lavan” mercadería. La diferencia es que, en vez de droga, su producto es la madera.
Se trata de estructuras dedicadas a la tala ilegal de árboles, un delito que preocupa cada vez más a las autoridades costarricenses.
Los jefes de las Policías y los representantes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) coinciden en que, si bien no es crimen organizado pues los delitos se consideran menores (penas de tres años o menos de prisión), sí hay unión para infringir la ley.
Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) del Minae, durante el 2012 la entidad recibió 2.213 denuncias por infracción a la Ley Forestal.
Esa legislación prohíbe la corta de árboles sin autorización y castiga la invasión y el uso de recursos en áreas protegidas.
De las quejas, 610 fueron tramitadas ante instancias judiciales.
El mayor porcentaje de situaciones llevadas a tribunales (20%) se presentó en el área de conservación Cordillera Volcánica Central, misma que contempla 25 áreas silvestres protegidas. Los sectores de Huetar Norte (fronteriza) y Tempisque (Nicoya), también registraron una alta incidencia.
El Minae dijo no tener datos consolidados de áreas taladas o cantidad de madera decomisada.
La oficina de prensa del Ministerio de Seguridad indicó que solicitaría el reporte de decomisos a las policías locales.
La Sección de Estadística del Poder Judicial informó de que, en el 2012, se reportaron 1.102 denuncias ante el Ministerio Público por faltas a la Ley Forestal. En ese periodo solo hubo 26 condenas.
Grave. Luis Martínez, coordinador de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, consideró que sí podrían analizarse estas faltas como parte de delincuencia organizada.
“Como hay normativa fuerte, a los desarrolladores no les resulta sencillo establecer sus proyectos en todo el terreno, principalmente en zonas costeras. Entonces, su interés económico y, a veces, poder político los lleva a buscar la forma”, externó el fiscal.
“Los desarrolladores contratan a ingenieros forestales para que les ayuden a obtener permisos a veces irregulares, introducen documentos falsos y ahí podría haber un delito de falsedad ideológica que tiene una pena de hasta seis años.
”Luego, el documento se traslada al Minae, y tenemos casos donde hemos investigado a funcionarios por prevaricato (resolver en contra de la ley) (...) Finalmente, estas personas obtienen el permiso, cortan los árboles y cambian el uso del suelo. Entonces, hay relación con delitos graves”, explicó Martínez.
El fiscal adjunto resaltó que las investigaciones más recientes buscan identificar a quienes están “detrás” de las talas y no solo a los peones que hacen la corta.
Agregó que la política del Ministerio Público en esta área se inclina en reparar los daños, por lo que los imputados se acogen a planes reparadores y evitan condenas.
Grupos. Gustavo Mata, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó que las indagaciones apuntan a que hay “ gran cantidad de grupitos en todo el país que hacen un gran daño”.
“Esta gente tiene una capacidad de movimiento en la montaña que no tienen las autoridades (...) Y existe otra gente que tiene vehículos y aserraderos donde de alguna manera lavan esta madera para tirarla al mercado”, describió.
El jefe policial detalló que, ante eso, las autoridades internacionales han reforzado las acciones.
La organización policial Interpol realizó el año pasado un operativo en países de Latinoamérica, entre ellos Costa Rica, en el que decomisó unos $40 millones en madera ilegal.
Trabajo. Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del Sinac, declaró que, ante la falta de personal y la peligrosidad de los grupos criminales, la entidad ha recurrido a la ayuda de cuerpos policiales.
“Tomamos acciones preventivas como recorridos y sobrevuelos para luego hacer visitas de campo”, comentó Gutiérrez.
El funcionario apuntó a que también se llevan registros digitales de los permisos otorgados con el fin de verificarlos rápidamente.