El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) defendió este lunes que, tras recibir una denuncia sobre presuntas agresiones contra el niño de cuatro años fallecido en Desamparados de Alajuela, no encontró elementos que permitieran identificar una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad.
Esto llevó a que el expediente de la denuncia, que ingresó el 8 de junio de este año por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) al PANI, se archivara en setiembre.
La denuncia presentada por Educación alertaba sobre presuntas situaciones de riesgo y lesiones físicas en el niño. El menor falleció el 4 de noviembre y ahora su madre biológica y otra mujer, que sería su pareja sentimental, están cumpliendo seis meses de prisión preventiva por el presunto delito de homicidio.
El PANI explicó que cuando ingresó la denuncia, ni la Fiscalía ni la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) determinaron la existencia de elementos objetivos que evidenciaran una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad para el niño.
El Patronato agregó que en el expediente constan los reportes de la Fiscalía sobre la entrevista al niño y la valoración psicosocial, así como dos informes de la Caja que no identificaron riesgo.
Asimismo, en el Proceso Especial de Protección (PEP), la institución afirma que se identificaron redes de apoyo familiar, seguimiento adecuado en materia de salud y nutrición, esquema de vacunación al día y vinculación con el sistema educativo. “Todos estos elementos se analizaron como parte del proceso de valoración integral”, dice el PANI.
María José Vega Sanabria, presidenta ejecutiva del Patronato, ordenó el viernes, de oficio, el inicio de una investigación preliminar sobre la gestión realizada en la oficina local del PANI encargada de valorar el caso del ahora fallecido.
“Es importante señalar que el principal entorno protector debe ser la familia, luego la comunidad y por último el Estado. Si alguna de estas instancias falla, la normativa establece responsabilidades penales y administrativas, que deben aplicarse, de inmediato”, dijo el Patronato.
El domingo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó al PANI investigar las circunstancias que llevaron al archivo del caso y la valoración de medidas cautelares, incluida la separación temporal de funciones de las personas involucradas, cuando corresponda, para garantizar investigaciones objetivas.
Además, el sindicato indicó que la ausencia de lesiones visibles o de indicadores físicos inmediatos no es suficiente, por sí sola, para descartar posibles situaciones de maltrato, especialmente cuando existe una alerta previa de un centro educativo.
Por otro lado, el abogado Arcelio Hernández reveló que en su oficina se tramitaba el proceso de adopción del menor de edad, promovido por las dos sospechosas de matarlo.