Un correo enviado el 9 de junio por una trabajadora social del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a una fiscal de Alajuela, alertó de lesiones coincidentes con el Síndrome del Niño Agredido, en el menor asesinado en Desamparados de Alajuela el 4 de noviembre.
Así consta en el documento del cual La Nación tiene copia y que fue enviado por la funcionaria del PANI, de apellido Villalobos a la fiscal de Alajuela apellidada Hall.
En el escrito, Villalobos explicó que el motivo de la comunicación obedeció a que un día antes acudió al Ministerio Público tras una solicitud que llegó mediante la línea de emergencia 911 y que a partir de la atención brindada, “respetuosamente se solicita información sobre si el niño contó con acompañamiento por parte de profesionales en Trabajo Social y Psicología al momento de rendir su declaración”.
La trabajadora social detalló que el menor no fue quien denunció las agresiones, sino que lo hicieron desde kinder al que acudía y que desde ese entonces “el niño presentaba equimosis visibles en su brazo, pómulo y espalda”. Es por eso que la funcionaria consideró “necesario conocer el motivo por el cual no se procedió con una valoración en Medicatura Forense”.
De acuerdo con el correo de la funcionaria, cuando se le informó “que no sería posible continuar con una causa por incumplimiento o abuso de la autoridad parental”, le generó dudas ya que “la familia manifiesta que las lesiones podrían responder a una condición de salud del menor y que fueron realizadas en el centro educativo”.
No obstante, la trabajadora social detalló que desde el kinder se hizo la denuncia y que descartaron algún incidente en sus instalaciones que hubieran causado las lesiones que tenía el niño. “Aunado a lo anterior, la suscrita realiza referencia a la CCSS para descartar síndrome de niño agredido y la respuesta fue enlistar las lesiones visibles, sin ampliar sobre la condición de salud de la PME, y no descartan el síndrome de niño agredido”, concluyó en el correo.
Reacción de la fiscalía
La fiscalía de Alajuela confirmó que en junio el niño fue presentado en ese despacho por parte del personal del centro educativo al que asistía y cuando conocieron el caso gestionaron con el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial el acompañamiento del menor de edad.
Tras el abordaje del niño, afirmó el Ministerio Público, constataron que por la corta edad, madurez y escaso vocabulario, el niño no logró ubicarse en tiempo y espacio y al “consultársele directamente sobre la posible agresión, él respondió negativamente e indicó que no sabía qué le había ocurrido. Tras esa respuesta, se le preguntó directamente si sus padres lo agredían, pero indicó que no era así”, respondió el ente acusador.
La Fiscalía detalló que la víctima presentaba un hematoma en el rostro y un rasguño antiguo en uno de sus brazos, pero, “por las circunstancias indicadas, él no supo contar cómo le sucedieron”, por lo que, “no fue posible contar con un elemento que permitiera determinar que se estaba ante un posible caso de maltrato infantil, ante el análisis crítico y lógico de ese momento”.
Debido a que se consideró que no había elementos necesarios para demostrar un posible delito y “por un principio de no revictimización”, la Fiscalía decidió no remitir “a la persona menor de edad a la Sección Médico Legal, ya que ésta desconocía quién, cómo y dónde se causaron esas lesiones”. Es por eso que solicitó la desestimación del caso, la cual fue acogida por el Juzgado Penal el 21 de julio.
Según el Ministerio Público ante la falta de relato remitió el caso “a una funcionaria del PANI, de apellido Villalobos, con el fin de que se investigara si existía alguna falta administrativa”, concluye la respuesta enviada por el ente acusador.
En setiembre, el PANI habría archivado el expediente al considerar que las valoraciones realizadas no acreditaban indicadores de riesgo.
Este lunes 9 de noviembre esa institución reiteró que ni ellos, “ni la Fiscalía, ni la Caja Costarricense de Seguro Social determinaron elementos objetivos que evidenciaran una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad para el niño”.
El Patronato defendió su gestión al especificar que “en el expediente constan los reportes de la Fiscalía sobre la entrevista al niño y la valoración psicosocial; además, dos reportes de la Caja que no identifican situaciones de riesgo”.
Según el PANI, en el Proceso Especial de Protección (PEP) se identificaron redes de apoyo familiar, seguimiento adecuado en materia de salud y nutrición, esquema de vacunación al día y vinculación con el sistema educativo. “Todos estos elementos se analizaron como parte del proceso de valoración integral”, aseguró la institución.
El miércoles 4 de noviembre, la fiscalía de Alajuela ordenó la detención de una mujer de apellido Sandoval, de 25 años, quien es la madre biológica del niño, así como de su pareja sentimental, otra mujer apellidada Hernández, de 32 años, a quienes investigan por el crimen del menor.
Múltiples lesiones
Una fuente relacionada con el caso detalló que tras practicarle la autopsia al menor, se encontró una fractura antigua en el húmero izquierdo, que al parecer fue tratada en un centro médico. También presentaba un pronunciado hematoma (chichota) en la región occipital (parte trasera de la cabeza), un fuerte golpe en el labio superior, además de gran cantidad de moretones en la espalda, pecho y brazos.
Estas lesiones vistas en el contexto de la investigación y en un conjunto, podrían encajar dentro del Síndrome del Niño Agredido, según explica el patólogo Maikel Vargas. “Obviamente ninguna de estas lesiones son las que le provocan la muerte, habría que ver en la autopsia exactamente qué señalan como causa de muerte. Sin embargo, sí es importante señalar que la valoración de un Síndrome del Niño Agredido es algo completamente integral”.
El experto agregó que salvo algunas excepciones como recién nacidos con golpes o menores que aún no caminan que presenten fracturas, una sola lesión no podría asumirse como dicho síndrome, pero en el caso del menor de Alajuela las primeras lesiones que le encontraron pudieron dar una alerta.
Según el médico otras señales que advierten de un posible Síndrome del Niño Agredido es la tardanza en buscar atención médica, cuando no se quiere llevar a los menores a los servicios de emergencia o se dejan internados en el hospital sin visitarlos. “Todos esos son indicadores que los médicos generales están capacitados para detectar y todavía más los pediatras cuando llegan a consulta o en emergencias, ahí se prendan las alarmas” detalló Vargas.