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Un supuesto médico herediano identificado como Jorge Alexánder Lobo Ramírez, quien ha sido condenado por estafa y denunciado por al menos 16 personas en los últimos 17 años, fue capturado por las autoridades el pasado lunes 15 de junio después de permanecer cinco meses en fuga con una declaratoria de rebeldía en su contra.
Una vez aprehendido, el Tribunal Penal de Pavas dejó sin efecto la orden de captura y en la misma resolución, firmada por el juez Adrián Solano Corrales, se citó a Lobo para asistir a un juicio por otra presunta estafa los días 11 y 12 de enero del 2029.
Posteriormente, según confirmó el Poder Judicial a La Nación, se ordenó la libertad de Jorge Alexánder Lobo, de 52 años, sin la imposición de medidas cautelares.
Lobo tiene una condena en firme de tres años de cárcel, impuesta en el 2022 por cuatro estafas. No obstante, se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena.
Posteriormente, el 13 de enero de 2026, el Tribunal Penal de Heredia le impuso otra condena de seis meses por otros tres delitos de estafa mediante otro proceso abreviado. Sin embargo, esta segunda resolución aún no está en firme; se encuentra en etapa de apelación en Casación.
Las sentencias versaron sobre estafas con ventas de carros y supuestas importaciones de productos chilenos.
Sobre esta persona aún hay una denuncia y tres acusaciones pendientes, entre ellas de la de una educadora que le dio ¢21 millones para una supuesta casa de madera chilena.
En tanto, el caso por el que se le giró orden de captura es el de un vecino de Escazú que lleva más de siete años esperando justicia por una supuesta estafa con un lote.
En el expediente 19-000459-0283-PE, el escazuceño acudió a la Fiscalía de Pavas para denunciar que un terreno de su propiedad, valorado en $90.720, le habría sido arrebatado mediante un traspaso que, según afirma, fue ilegítimo.
El hombre, de apellido Martínez y hoy de 68 años, ha afrontado un engorroso proceso judicial que lo ha llevado a evaluar la posibilidad de abandonar la causa y resignarse a no recuperar su lote de 7.560 metros cuadrados, ubicado en San Pablo de Turrubares, en San José.
En un primer momento, las partes accedieron a conciliar en julio del 2024, luego de que el sospechoso se ausentó, en dos ocasiones, a señalamientos de juicio alegando incapacidades.
Finalmente, cuando sí llegó a comparecer, Lobo se habría comprometido a devolver el terreno en un plazo de seis meses. Sin embargo, cuando llegó la fecha prevista para formalizar el acuerdo, en enero del 2025, el imputado no se presentó.
El debate se reprogramó para junio de ese año, pero la audiencia fue suspendida una semana antes de su inicio, y lo mismo sucedió con otro señalamiento en agosto del 2025.
Más tarde, el 5 de enero del 2026, Lobo fue citado una vez más a juicio, pero no se presentó; entonces, se le giró orden de captura.
Un lote a cambio de presuntas promesas incumplidas
Martínez y Lobo se conocieron en el 2018, cuando este último manifestó interés en adquirir el terreno. Según la denuncia, Lobo afirmó ser representante de una empresa chilena dedicada a la fabricación de casas tipo chalet, las cuales afirmó que importaba para instalarlas en Costa Rica.
Ambas partes acordaron negociar la venta del terreno a cambio de tres casas prefabricadas de pino chileno valoradas cada una en $10.000 y el pago de $30.000 en efectivo.
Esa suma sería entregada parcialmente por adelantado y el resto quedaría garantizado mediante la suscripción de un pagaré. En ese momento, el terreno estaba inscrito nombre de una sociedad anónima que actuaba como fiduciaria en un contrato de fideicomiso, el cual impedía traspasar la propiedad sin la autorización expresa del fideicomitente, facultad que recaía en el vecino de Escazú.
De acuerdo con la denuncia, un notario sugirió firmar de una vez la escritura de traspaso y aseguró que no la presentaría para inscripción ante el Registro Nacional hasta que Lobo cumpliera con lo pactado. Una vez concretado el negocio, Martínez entregaría la autorización necesaria para sacar la propiedad del fideicomiso y formalizar el traslado registral, indicó el denunciante.
El ofendido asegura que confió en esa recomendación y firmó la escritura de traspaso, aunque conservó en su poder la carta de autorización como fideicomitente. Pese a ello, sostiene que fue engañado e “inducido al error”, pues el notario habría presentado la escritura ante el Registro Nacional y, el 19 de junio del 2018, la propiedad quedó inscrita a nombre de Lobo Ramírez, a pesar de que no existía autorización para retirarla del fideicomiso.
Solo tres meses después, el 26 de octubre del 2018, Lobo habría hipotecado el terreno por ¢6 millones con un tercero, pese a que, según la denuncia, aún no había cumplido con las garantías ni los pagos acordados. Desde entonces, afirma Martínez, el investigado lo inundó de excusas y promesas incumplidas.
En este expediente, figura también como sospechoso el notario, de apellido Breedy, quien negó en un reportaje anterior tener relación con Lobo Ramírez. Sostuvo que únicamente intervino en el proceso en su condición de notario.
Argumentó que sí se firmó carta de autorización y que, al firmar la escritura, las partes indicaron que la suma fue recibida de conformidad. Agregó que él no tenía conocimiento de otras formas de pago.
