La Policía Judicial desarticuló otra banda dedicada a la distribución de droga y ligada a homicidios y tentativas de homicidio cuyo líder es un recluso del Centro Penitenciario La Reforma, Alajuela.
Este hombre fue identificado como Jean Paul Paniagua Hernández, de 35 años, quien cumple condena de 30 años por homicidio en el ámbito de Máxima Seguridad.
Las acciones contra la organización jefeada por Paniagua se realizaron la madrugada de este jueves en once puntos, entre ellos en ese centro penal. También en Hatillo, San Sebastián, San Diego de La Unión y Quircot, en San Nicolás de Cartago.
Se trató de la operación que los oficiales a cargo denominaron "Los Brothers", en alusión a los hermanos Gary Alexánder y Gery Alexánder Campos Barrantes, de 27 y 23 años, respectivamente, miembros del grupo y sospechosos de distribuir droga en La Unión de Cartago.
De los dos hermanos Campos, conocidos en La Unión como Los Garys, solo Gery fue capturado. Además, se detuvo a otros siete integrantes que fungían como sicarios, vendedores y cobradores.
Se trata de otros dos hermanos de apellidos Soto Peraza, así como Villalobos Zumbado, Calderón Rivera, Castro Salazar, Alvarado Vega y Salazar Barquero.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al grupo se le atribuyen tres homicidios y podrían tener relación con cinco más, perpetrados en los últimos dos años.
Se les investiga además por tentativas de asesinato, accionamientos de armas en vía pública (balaceras), amenazas y agresiones a otros vendedores.
Producto de las diligencias, las autoridades decomisaron más de ¢5 millones, varias pistolas de calibre .40 y de calibre 25, así como revólveres calibre 38. Además, se les encontró un kilo de cocaína, tres libras de marihuana, 500 gramos de cajeta de crack y varios cristales conocidos como ice.
En uno de los allanamientos en La Unión se localizó un equipo de laboratorio hidropónico listo para instalar, incluso con macetas, luces y abono. También dos cascos de motos que podrían relacionar a algunos detenidos con varios tiroteos mortales.
De acuerdo con Wálter Umaña, jefe de la oficina del OIJ en La Unión, esa banda pretendía acaparar todo el cantón de La Unión para la venta de droga.
Realizaban tiroteos para intimidar y desplazar a otros vendedores de droga instalados en la zona, incluso se les acusa de matar a algunos de ellos.
Solo en La Unión, Umaña informó de que este año se registran 10 asesinatos, muchos de ellos por líos entre bandas.
El funcionario espera que con las capturas de este jueves se devuelva la tranquilidad a ese cantón cartaginés.
Giran instrucciones detrás de los barrotes
La desarticulación de bandas que eran lideradas por hombres encarcelados, ratifica la necesidad de bloquear la señal celular en los reclusorios.
El Ministerio de Justicia decomisa 4.000 celulares al año en las constantes requisas que ejecuta en los módulos penitenciarios y a personas que visitan a los privados de libertad en los diversos centros penales del país.
Solo 15 días atrás, el 16 de mayo, otra banda que era dirigida desde La Reforma por Leonel Mora Núñez, alias Gordo Leo, fue desarticulada por la Policía. Esa vez se capturó a 13 personas.
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El Gordo Leo es reincidente en dirigir desde La Reforma, ya que en el 2015 se le responsabilizó por manejar otras dos violentas bandas de narcotráfico que operaban en Desamparados y Paso Ancho, en San José.
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Esa vez se detuvo a 13 hombres y 7 mujeres que recibían instrucciones desde ese centro penitenciario en Alajuela.
Aunado a estos casos, en abril pasado Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, manifestó que atraparon dentro de la cárcel dos gatos que llevaban en el lomo una especie de bolsa con teléfonos celulares, cargador y audífonos.
Eso como una de las múltiples formas que usan los privados de libertad para conseguir los teléfonos que usan para estafas, extorsiones, dirigir redes de narcotráfico y otros delitos.
Precisamente, para mitigar este problema, el 23 de mayo la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate (por unanimidad) el proyecto de ley que obliga a los proveedores y operadores de telecomunicaciones a bloquear la señal y así impedir el uso de celulares dentro de las cárceles.
De esta manera se obliga a proveedores y operadores a que apliquen procedimientos y soluciones técnicas para impedir el uso de celulares dentro de las cárceles.
La prohibición de que se presten servicios inalámbricos de telecomunicaciones cae sobre los centros penitenciarios, las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y “cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional”.
Empero, todos los responsables tienen hasta 9 meses para cumplir con esta restricción.
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