Díaz llegó a las 8:30 a. m. a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) en San José, para cumplir con una citación formal y brindar sus datos personales como parte del proceso.
A su salida, la política dijo que está abierta a colaborar con las autoridades judiciales para que se encuentra la verdad de los hechos, aunque evitó pronunciarse sobre el fondo del expediente.
“Me presenté a los Tribunales para brindar mis datos, esa fue una citación que se me hizo específicamente para ese fin. Es lo que les puedo decir y, como siempre, estoy a la disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que corresponda en este proceso”, declaró.
Consultada sobre los allanamientos realizados, que incluyeron detenciones temporales como el del exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, Díaz aseguró que las acciones judiciales forman parte del trabajo investigativo necesario para esclarecer los hechos.
“Obviamente, es una investigación en la cual hay que buscar pruebas. A raíz de eso, es parte de lo que tienen que hacer, es parte de su trabajo y que se busque esa verdad real de los hechos”, afirmó.
Díaz, quien no se hizo acompañar por abogados en esta ocasión, explicó que aún no ha tenido acceso al expediente completo, pero que lo solicitó este mismo miércoles.
“No conozco los detalles, tengo que leerlo y verlo con mi abogado, y con base en ello hacer las acciones correspondientes para poder seguir el proceso”, agregó.
El 21 de junio de 2023, casi un año después del paso de la tormenta tropical Bonnie, el presidente Rodrigo Chaves Robles y Natalia Díaz —entonces ministra de la Presidencia— firmaron un decreto que autorizó la contratación directa de las obras, sin aplicar las reglas ordinarias de contratación administrativa ni contar con el refrendo de la Contraloría General de la República.
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El caso Pista Oscura
La investigación penal 24-000454-1218-PE, denominada Pista Oscura, se centra en la presunta utilización irregular de $39,9 millones del Fondo Nacional de Emergencias para reparar la pista del aeropuerto internacional de Liberia.
Según la Fiscalía, la declaratoria de emergencia que justificó la contratación carece de sustento técnico, pues los informes indican que los daños en la pista eran previos a los fenómenos climáticos del 2022.
Además de Díaz, el caso involucra a figuras clave del Gobierno y de instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Aviación Civil, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la empresa constructora MECO. Entre ellos, figuran Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes; Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil; Alejandro Picado Eduarte, presidente de la CNE; y Henry Villalobos Solís, jefe de fiscalización de obras de la misma entidad.
