Una ciudadana hondureña podría ser enviada a Costa Rica desde su país natal, para que enfrente un proceso penal por el presunto delito de legitimación de capitales derivados del narcotráfico. La información trascendió el pasado 6 de enero por parte del Poder Judicial de Honduras, y fue confirmada a La Nación este martes por el Ministerio Público costarricense.
La sospechosa en cuestión fue identificada como Harlin Clariza Spicer Clark, de 42 años, nacida en La Ceiba del departamento de Atlántida, en la costa caribeña de Honduras, a casi 180 kilómetros de Tegucigalpa.
El medio hondureño TuNota afirmó que la orden de captura contra Spicer existía desde el 2019, y que la mujer ya había sido detenida por esta causa en enero del 2020 en Omoa de Cortés, Honduras, pero se desconoce la resolución del juez que habría permitido su liberación. Posteriormente, en noviembre del año pasado, fue recapturada.
Las autoridades hondureñas informaron que la mujer registra varios movimientos migratorios a Italia, Estados Unidos y Costa Rica, y que era en esos viajes, al parecer, cuando cometía los ilícitos.
La mujer fue detenida el 8 de noviembre en La Ceiba y trasladada en helicóptero a Tegucigalpa. Foto: Policía Nacional de Honduras.
Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, detalló que Costa Rica la requiere porque en territorio nacional habría transportado $586.700 (¢335 millones) en un paquete y $161.021 (¢92 millones) en otro, ocultos en una bolsa para basura en un hotel.
Debido a esto, Spicer se expone a penas que van de los ocho a los 20 años por adquirir, convertir o transmitir bienes económicos “sabiendo que estos se originan en un delito que, dentro de su rango de penas, puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro años o más”.
La pena puede ser de 10 a 20 años cuando los bienes sean producto del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores, entre otros delitos asociados.
El trámite de extradición de Spicer Clark a las autoridades de Honduras fue gestionado por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial ante el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, según confirmó a La Nación la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (Oatri).
“La Oatri agregó que el Juzgado acogió la solicitud del ente fiscal y ordenó el trámite de extradición de la requerida, por lo que Costa Rica formalizó la solicitud en tiempo y forma. Actualmente, se está a la espera de que las autoridades hondureñas resuelvan en definitiva si conceden la extradición de la mujer a nuestro país”, señaló la oficina de prensa del Ministerio Público.
El proceso penal fue iniciado desde el 2015 y se tramita dentro del expediente 15-000001-1322-TP.
“Un juez de Extradición de Primera Instancia resolvió declarar con lugar la solicitud de extradición para la ciudadana hondureña Harlin Clariza Spicer Clark, quien es requerida por el Gobierno de Costa Rica por la supuesta comisión del delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico en perjuicio de la salud pública y otros”, indicó el comunicado divulgado por el Poder Judicial hondureño.
Dicha entidad detalló que Spicer fue capturada el 7 de noviembre del 2022 y puesta las órdenes de un juez al día siguiente en Tegucigalpa, donde se realizó la primera audiencia del proceso de extradición. Luego, el 6 de diciembre, fue realizada la audiencia de presentación y evacuación de pruebas.
El comunicado añade que la encartada tenía tres días hábiles para presentar un recurso de apelación, en cuyo caso el expediente sería conocido por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. No obstante, no ha trascendido si existió tal apelación.
“Mientras tanto, la medida de detención preventiva deberá seguirse cumpliendo en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social”, concluye el documento.
Los procesos de extradición no son extraños en Honduras, donde se tramitaron 34 de estos durante el 2022, entre los que figuran el expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado por Estados Unidos por una investigación de narcotráfico, y el exdirector de la Policía Nacional hondureña, Juan Carlos Bonilla.
¿Extradición de ticos?
Copiado!
El abogado penal Federico Campos explicó que en el caso de Costa Rica, las extradiciones de costarricenses a otros países está prohibida desde la Constitución Política. El artículo 32 de la Carta Magna dispone que ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional.
“La no extradición o entrega de ciudadanos costarricenses por parte de nuestro propio país obedece a criterios de tipo jurídico y político. En el primer caso, jurídico, la Constitución Política veda expresamente esa posibilidad, de forma tal que solo mediante una eventual reforma del cuerpo constitucional por parte del legislativo podría llegar a realizarse en un futuro”.
“Y razones de tipo político, porque esa postura de no entregar costarricenses a otros países que así lo requieran, es una decisión que emana de la soberanía popular de cada pueblo”, agregó.
Campos añadió que esta posición ha ido cambiado en virtud de las relaciones diplomáticas entre países y las colaboraciones conjuntas en la lucha contra el narcotráfico, lideradada principalmente por Estados Unidos, lo que establece presiones para que se lleven a cabo las reformas legales que así lo permitan.
