La organización criminal desarticulada este jueves durante el denominado caso Triángulo no solo controlaba el tráfico local de drogas en la zona sur del país. Según la Fiscalía de Narcotráfico, también adoptó un modelo de operación caracterizado por la violencia, similar al utilizado por estructuras criminales asentadas en el Caribe costarricense para imponer su dominio territorial.
El fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, aseguró que la agrupación, integrada por, al menos, 31 personas, utilizaba homicidios, sicariato e intimidación para controlar la venta de droga entre Ciudad Cortés, Palmar Norte y otras comunidades del cantón de Osa.
“Es una organización grande. Tienen un estilo que yo diría es heredado de algunas organizaciones del Atlántico, de establecer violencia, asociarse con temas de homicidios y sicariato para generar temor en la población y poder ejercer un dominio territorial en la zona”, afirmó Boraschi.
De acuerdo con la investigación, la organización era dirigida por Jason Sáenz, alias la Jota, quien actualmente cumple una condena de 16 años de prisión por narcotráfico. Sin embargo, las autoridades sostienen que continuaba dando instrucciones desde el centro penitenciario, mientras dos mandos medios dirigían las operaciones en el exterior.
Boraschi añadió que la estructura había logrado consolidarse mediante el uso de armas de fuego y la intimidación, con el propósito de mantener el control del narcomenudeo en una de las principales zonas turísticas del Pacífico Sur.
Por su parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, señaló que la organización prácticamente había acaparado la venta de droga al menudeo en la zona y que, además, es investigada por su presunta participación en cuatro homicidios.
“Es una estructura importante para nosotros, que nos genera violencia en una zona que debería ser pacífica y que tenía acaparado el mercado por amenazas, extorsiones e intimidando a la población con el tema de los homicidios”, manifestó Soto.
El jerarca recordó además un episodio ocurrido durante la investigación, cuando integrantes de la organización embistieron una patrulla del OIJ para evitar ser detenidos.
Según explicó, los sospechosos ignoraron la orden de alto y aceleraron contra la unidad policial, lo que provocó que el vehículo en el que viajaban terminara volcado. Tras la detención, los agentes decomisaron un fusil AR-15, un fusil calibre 30-30.
“Las personas que iban en el vehículo no reaccionan; más bien, todo lo contrario, arremeten contra la unidad policial. Cuando los oficiales intervienen encuentran una AR-15, un fusil 30-30 y una cantidad importante de munición”, relató Soto.
Las autoridades también determinaron que el grupo utilizaba el nombre de la organización liderada por Alejandro Arias Monge, alias Diablo, para intimidar a la población y a grupos rivales.
“Ellos se denominaban aquí en la zona como parte del grupo El Diablo, pero lo que hacían era comprarle droga y utilizar el nombre como una especie de franquicia para amenazar e intimidar”, explicó.
No obstante, aclararon que la investigación únicamente ha establecido una relación de proveedor de droga y no que ambas estructuras formen parte de una misma organización criminal.
Para Soto, este tipo de organizaciones ha encontrado en las zonas turísticas un mercado especialmente rentable para el narcomenudeo, razón por la que buscan controlar esos territorios mediante la violencia, las amenazas y las extorsiones.
Detenidos
Las operaciones de los allanamientos comenzaron a las 4 a. m. con 11 operaciones en el cantón del Pacífico Sur, un allanamiento en Río Azul de La Unión, y otro más en una celda en La Reforma, en Alajuela y tienen como objetivo la detención de 18 sospechosos.
Al momento de brindar las declaraciones, Boraschi informó que ya se habían capturado 12 sospechosos. Posteriormente, uno más se entregó en la sede del OIJ de Quepos y otro fue capturado en vía pública, en Ciudad Cortés.
De acuerdo con Boraschi, la investigación comenzó en 2024 bajo la dirección de la Fiscalía de Corredores y permitió la detención de al menos 19 vendedores de droga. Posteriormente, el caso pasó a la Fiscalía especializada para dirigir los esfuerzos contra los mandos medios y la estructura que mantenía en funcionamiento el negocio ilícito.
Por su parte, el director del OIJ, Michael Soto, señaló que la organización también es investigada por su presunta participación en cuatro homicidios, uno de los cuales, ocurrido el año pasado en Uvita, ya cuenta con evidencia que vincula a varios de los sospechosos detenidos durante el operativo. Los otros tres casos permanecen bajo investigación.