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Este jueves, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y fiscales de la Fiscalía de Narcotráfico ejecutaron 13 allanamientos contra una organización dedicada al tráfico local de drogas en la zona sur del país, en el marco del denominado Caso Triángulo.
El nombre del expediente corresponde a la ubicación geográfica donde operaba el grupo criminal.
Así lo explicó el fiscal adjunto Mauricio Boraschi, quien detalló que la investigación recibió ese nombre porque la estructura mantenía su mayor incidencia entre Ciudad Cortés, Palmar Norte y otros sectores cercanos del cantón de Osa.
Las operaciones de los allanamientos comenzaron a las 4 a. m. con 11 operaciones en el cantón del Pacífico Sur, un allanamiento en Río Azul de La Unión, y otro más en una celda en La Reforma, en Alajuela y tienen como objetivo la detención de 18 sospechosos.
Al momento de brindar las declaraciones, Boraschi informó que ya se habían capturado 12 sospechosos. Luego, uno más se entregó en la delegación del OIJ de Quepos y otro fue capturado en vía pública, en Ciudad Cortés.
De acuerdo con Boraschi, la investigación comenzó en 2024 bajo la dirección de la Fiscalía de Corredores y permitió la detención de al menos 19 vendedores de droga. Posteriormente, el caso pasó a la Fiscalía especializada para dirigir los esfuerzos contra los mandos medios y la estructura que mantenía en funcionamiento el negocio ilícito.
La estructura era supuestamente dirigida por un hombre identificado como Jason Sáenz, alias La Jota, quien actualmente descuenta una pena de 16 años en prisión por narcotráfico.
Sin embargo, desde su celda, habría delegado las operaciones en el exterior a dos mandos medios, quienes son dos hermanos de apellidos Martínez Mata, alias Wualón y Camarón.
Las autoridades también presumen que la agrupación adquiría la droga de un capo de mayor nivel, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y que sus integrantes se vanagloriaban de representarlo en el Pacífico Sur.
Por su parte, el director del OIJ, Michael Soto, señaló que la organización también es investigada por su presunta participación en cuatro homicidios, uno de los cuales, ocurrido el año pasado en Uvita, ya cuenta con evidencia que vincula a varios de los sospechosos detenidos durante el operativo. Los otros tres casos permanecen bajo investigación.
Además, se les señala por narcomenudeo, asociación ilícita, resistencia agravada y portación ilícita de armas no permitidas, entre ellas fusiles de asalto AR-15 y AK-47.
“Es una estructura importante para nosotros, que nos genera violencia en una zona que debería ser pacífica y que tenía acaparado el mercado por amenazas, extorsiones e intimidando a la población con el tema de los homicidios”, afirmó Soto.
El jerarca también aclaró que, aunque la organización obtenía droga de la estructura liderada por Alejandro Arias Monge, alias Diablo, los investigadores determinaron que utilizaba ese nombre para infundir temor entre la población y sus rivales.
“Ellos se denominaban aquí en la zona como parte del grupo El Diablo, pero lo que hacían era comprarle droga y utilizar el nombre como una especie de franquicia para amenazar e intimidar”, explicó.
