Tras las imágenes difundidas en el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco), el director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Esteban Vargas, advirtió que las medidas aplicadas por el gobierno en los circuitos de alta contención y extendidas a otros centros penitenciarios costarricenses, “en su conjunto”, constituyen un “entorno torturante”.
Entre las medidas mencionó las limitaciones a las visitas familiares, incluida la prohibición de que los privados de libertad reciban visitas de sus hijos. También señaló restricciones al acceso a televisores, radios y libros, así como la suspensión de actividades educativas, ocupacionales, recreativas y laborales.
Vargas agregó que el Mecanismo y otras instituciones mantienen preocupación por las restricciones relacionadas con la alimentación y la pérdida de peso de los privados de libertad, aspectos que, según indicó, están siendo investigados y documentados.
El director advirtió que, aunque estas restricciones son severas por sí mismas, “en su conjunto se constituye en un entorno torturante”, dijo.
Según Vargas, estas condiciones, sumadas a lo que describió como un “entorno de violencia institucional”, pueden incrementar el sufrimiento físico y psicológico de las personas privadas de libertad.

“Es una renuncia al fin resocializador que la pena”, advirtió Vargas en entrevista con La Nación.
“La responsabilidad es decir si algo es tortura o no, le corresponde a los tribunales de justicia del país. Nosotros, como Mecanismo, lo que decimos es que aquí hay una alerta de que puede haber tortura y malos tratos”, dijo el jerarca del MNPT.
‘Despersonalización y subordinación’
El director del Mecanismo de Prevención de la Tortura advirtió que el rapado del cabello de los privados es una forma de “despersonalizar” y “estigmatizar” a la población libertad.
El funcionario señaló que ese tipo de medidas, aunado a los amontonamientos de reos, genera un “sentimiento inferioridad y su subordinación”.
“¿Qué aporta el corte de pelo a una persona privada de libertad en la seguridad penitenciaria? Qué aporta que una persona se peine para atrás, se pueda peinar de lado, etcétera, no tiene ninguna incidencia en la seguridad penitenciaria“, señaló Vargas.

El director señaló que ese tipo de medidas atenta directamente contra la integridad personal, un derecho que tiene toda persona bajo la custodia del Estado y que está protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales.
Vargas también cuestionó la difusión de imágenes de los traslados penitenciarios. Citó la regla 73 de las reglas Mandela, que establece protecciones frente a la publicidad de esos traslados.
“Cuando los reclusos sean conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán las disposiciones adecuadas para protegerlos de los insultos y de la curiosidad del público e impedir toda clase de publicidad”, dice la norma citada.
Vargas calificó de “publicitarias” las exhibiciones de Justicia y que son, en sí mismas, un mensaje interno y externo: para los reos y la ciudadanía.
“Por algo se transmite: ¿Qué más es esa imagen? Esa imagen se transmite con un propósito específico. Por algo se les pone de rodillas o sentados de esa manera. Hay un montaje... hay un operativo montado de cómo tienen que irse acomodando las personas y creo que el espíritu del Cecot de El Salvador, es el modelo penitenciario que se quiere aplicar en un similar a él. Es parte de ese discurso", denunció Vargas.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, defendió las medidas por razones de “higiene, salubridad y seguridad”.
Explicó que los rapados ocurren para prevenir “plagas de piojos”; además, facilita las requisas. Según explicó, algunos privados de libertad han escondido objetos o drogas en su cabello.
Al ser cuestionado si esta era proporcional y legal respecto de los fines que busca Justicia, respondió: “Absolutamente necesaria”.
El director del MNPT, sin embargo, cuestionó ese criterio. Señaló que la medida se produce cuando el Cacco ni siquiera ha alcanzado su máxima capacidad.
Fin resocializador, no ‘castigo puro y duro’
Vargas recordó que la pena de prisión no debe entenderse como una forma de venganza contra las personas condenadas, sino como una sanción cuyo cumplimiento debe orientarse a la resocialización y la reinserción social.
Según explicó, así se ha establecido en las leyes y tratados internacionales. Explicó que, aunque la cárcel implica la pérdida de la libertad de tránsito, las personas privadas de libertad mantienen sus derechos y las autoridades deben respetar los límites establecidos en el ordenamiento jurídico.

El director señaló que el sistema penitenciario debe ofrecer oportunidades para que las personas puedan reintegrarse a la sociedad una vez que cumplan su condena.
Para ello, destacó la importancia de los programas educativos, el trabajo dentro de los centros penitenciarios y el mantenimiento de los vínculos familiares, como elementos que contribuyen a ese proceso.
“La gente tiene la idea de que la cárcel tiene que ser un castigo puro y duro y no es el propósito de la cárcel”, afirmó Vargas durante la entrevista.
Entre las medidas anunciadas por Justicia para los reos del Cacco son:
- Utilizar uniformes naranjas en todo momento
- Mantener el cabello rapado y no llevar barba
- Restricciones sobre sus pertenencias personales. Únicamente podrán conservar artículos autorizados, entre ellos sábanas, tres pares de medias, tres prendas de ropa interior, pasta dental, desodorante y papel higiénico
- Las celdas tampoco contarán con tomacorrientes, televisores ni microondas.
- 23 horas diarias en sus celdas y tendrán derecho a una hora de sol.
- No podrán salir del módulo al que sean asignadas: todo será dentro del módulo
- No se les permitirá trabajar ni estudiar
- Las visitas generales tendrán una duración de una hora
- Las visitas conyugales se permitirán cada seis meses, durante un máximo de dos horas. Cada persona recluida podrá acreditar únicamente a una persona para este tipo de encuentros.
- No se permitirá el ingreso de menores de edad al centro penitenciario, aunque se habilitarán salas de videoconferencia para que los reclusos puedan comunicarse con sus hijos durante 35 minutos cada dos meses.
Vargas sostuvo que las autoridades penitenciarias no pueden dejar de lado el principio de legalidad ni el propósito resocializador de la pena. Añadió que el cumplimiento de una condena no supone que una persona pierda su dignidad ni que quede fuera de la protección de sus derechos fundamentales.

¿Qué hará el MNPT?
En cuanto a las medidas que puede adoptar la institución ante las restricciones penitenciarias, Vargas explicó que el Mecanismo no tramita denuncias individuales, por lo que su labor se concentra en realizar inspecciones, elaborar informes y emitir recomendaciones dirigidas a las autoridades responsables.
Según dijo, ya cuentan con informes sobre la situación del circuito de alta contención y que también trabaja en nuevos informes de inspección. Sobre los hechos ocurridos en el Cacco, señaló que la institución valoraba la situación y que realizaría visitas al centro.
Incluso, durante la conferencia de prensa realizada este 27 de octubre, Aguilar invitó al Mecanismo, a la Defensoría de los Habitantes, la Defensa Pública y otras instituciones a visitar el Cacco.
“No nos vamos a convertir en torturadores ni en personas que los vayamos a maltratar”, dijo Aguilar.

