El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, defendió que se rapara el cabello de los privados de libertad, amparado en medidas de higiene, salubridad y seguridad, y acuerpó las imágenes de reos amontonados en el piso del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco). Sin embargo, abogados penalistas consultados por La Nación consideran que estas medidas son contrarias a la dignidad y los derechos humanos.
“En el pasado hemos tenido contagios masivos de piojos”, dijo Aguilar para justificar la medida.
“Rapar a la fuerza a los privados de libertad trasladados al Cacco constituye un trato degradante, humillante y arbitrario”, explicó el penalista David Delgado.
Según Delgado, la medida no se sostiene aunque se aleguen razones de salubridad: “El supuesto fin de ‘higiene’ anunciado resulta excesivo y abusivo. Además, no existe una base legal que la fundamente”, sostuvo.
El Ministerio de Justicia emitió una circular que regula y autoriza este tipo de medidas. Se trata de la circular DGAS-15-10-2026. Sin embargo, los abogados coinciden en que norma de rango inferior no puede contradecir las leyes, la Constitución Política y los derechos humanos.
El abogado penalista Federico Campos señaló que la condena de una persona reclusa se limita a la privación de libertad. Por ello, cuestionó los discursos populistas que presentan el trato degradante como parte de la pena y advirtió de que las restricciones desproporcionadas, el sufrimiento y la exposición de los privados de libertad como parte de una “exhibición circense” sobrepasan la condena impuesta.
El abogado cuestionó los discursos populistas que, a su criterio, presentan el trato degradante como parte del cumplimiento de una pena de prisión.
“No pueden permitirse arbitrariedades contra la dignidad humana”, apuntó Campos.
El penalista Alfonso Ruiz coincidió en que lo expuesto por Justicia “dista mucho” de lo que se interpreta como la dignidad del preso, según dijo. Reiteró la idea de que los privados de libertad únicamente pierden temporalmente su derecho a la libertad de tránsito, no otros.
Campos y Ruiz advirtieron que probablemente se presentarán recursos de amparo ante la Sala Constitucional contra lo que calificó como “abusos desproporcionados”.
El exministro de Justicia, Marco Feoli, señaló que “más temprano que tarde” habrá funcionarios que tendrán que hacerse cargo y asumir las responsabilidades de sus decisiones.
Ruiz coincidió: “No podría incluso uno extrañarse de que haya algún otro tipo de gestión judicial que pueda contemplar algún abuso de autoridad o algún mecanismo diferente”, dijo.
‘Ni siquiera en la época más oscura del sistema penitenciario’
Los abogados sostienen que las imágenes de los privados de libertad amontonados y sentados en fila son un “escarmiento público”.
“El preso no es un objeto en exhibición, el preso no es este un mecanismo de hacer publicidad. El preso no debe ser objeto de burla y el preso no debe ser sometido a tratamientos crueles ni degradantes y así lo dice el ordenamiento, ni el preso, ni cualquier persona”, dijo Ruiz.
En la misma línea, Campos calificó las imágenes como un “circo con seres humanos” y criticó el populismo punitivo que, a su juicio, replica el modelo de Bukele y convierte a los reclusos en objetos de exhibición, en detrimento de su dignidad humana.
El abogado David Delgado cuestionó esas medidas: “Están convirtiendo la ejecución de la pena en una especie de escarmiento público y en un espectáculo para ‘aleccionar’ a la sociedad con un fin de prevención general negativa del delito (infundir temor) que, desde la teoría penal, está demostrado no sirve”, señaló Delgado.
Feoli acusó que la exhibición realizada por Justicia “es obscena”: “Nos está haciendo más salvajes a todos como sociedad. Más crueles”, dijo.
Feoli señaló lo que, a su criterio, es una contradicción de un gobierno que dice “reivindicar valores cristianos”: “Ojalá haya alguien con el suficiente sentido común para detener un espectáculo tan inhumano que es todo lo contrario a lo que haría un verdadero cristiano”.
“Las imágenes que observamos de los primeros privados de libertad recluidos en el Cacco (rapados y sentados en filas) son muy dolorosas, e inimaginables, en un país como Costa Rica que siempre fue ejemplo para el mundo por su tradición democrática y de respeto a los derechos humanos. Este circo con seres humanos es consecuencia del populismo punitivo que impera”, dijo Campos.
Delgado coincidió con este criterio: “Ni siquiera en la época más oscura del sistema penitenciario, se atrevieron a utilizar uniformes u obligar al rapado a nadie”.
“Lo que estamos viendo es propio de regímenes que, en definitiva, atentan contra las libertades, contra las garantías y contra los derechos que también tienen las personas privadas de libertad”, dijo Ruiz.
‘Absolutamente necesario’ para prevenir ‘plagas de piojos’
El ministro Aguilar defendió la medida. Al ser cuestionado si la medida era proporcional y legal respecto de los fines que busca Justicia, respondió: “Absolutamente necesaria”.
El ministro alegó prevención de “plagas de piojos” sin aportar cifras ni fechas que documentaran los contagios de piojos que mencionó. Tampoco detalló si se evaluará individualmente la necesidad del corte para cada recluso o por qué la medida únicamente aplica al Cacco.
“En el pasado hemos tenido contagios masivos de piojos. Estos señores, al convivir 60 presos de libertad en una celda, las 24 horas del día, sumando la hora de sol que van a a tener, van a estar juntos. Entonces, por razones de higiene, por razones de salubridad, y para protegerlos a ellos mismos de cualquier tipo de contagio, establecimos esta medida”, dijo Aguilar durante una conferencia de prensa realizada en su despacho ubicado en el Registro Nacional, en Curridabat.
El jerarca detalló que, además, la medida facilita las requisas. Según explicó, algunos privados de libertad han escondido objetos o drogas en su cabello.
Aguilar señaló que los encargados de rapar a los privados de libertad son los propios reos seleccionados. El jerarca defendió que los “amontonamientos” de presos responde a un “recuento” para “asegurarse de la cantidad exacta de privados de libertad”.
Aguilar rechazó que en el Cacco se vaya a maltratar a los reclusos y aseguró que se les garantizarán servicios y derechos básicos.
“No nos vamos a convertir en torturadores ni en personas que los vayamos a maltratar”,dijo.
Aguilar admitió que el gobierno imita el modelo de Bukele: “Aquellos que dicen que estamos copiando el modelo de Bukele. Pues sí, así es”.
Oenegés y organismos internacionales han advertido de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en las cáceles salvadoreñas.