La jueza Cecilia Sandí Aguilar, del Juzgado Penal de Quepos, en Puntarenas, otorgó 48 horas de plazo al abogado del alcalde de Garabito, Francisco González Madrigal, para que acredite una incapacidad médica.
El defensor no acudió a una audiencia preliminar en la cual se resolvería si se eleva a juicio una causa en contra del alcalde por violación de una menor de edad.
La información la confirmó este mediodía Walter Brenes, el abogado de la denunciante, una joven que hoy tiene 19 años y quien lo denunció el 14 de octubre de 2024.
En la audiencia, pactada para este viernes 11 de setiembre en Tribunales de Justicia de Quepos, Puntarenas, estaba previsto conocer la acusación de la Fiscalía de Garabito y resolver si el expediente debía elevarse a juicio. Sin embargo, el trámite quedó pendiente por la ausencia del abogado del imputado.
González, de 48 años, está señalado en el expediente 24-000448-0645-PE por cuatro delitos de relaciones sexuales con menor de edad, cuatro violaciones y un delito de conducta sexual abusiva contra la joven antes mencionada.
La Nación intentó comunicarse con el funcionario para pedirle una declaración al respecto, pero, al momento de esta publicación, permanecía sin referirse.
Documento médico bajo cuestionamiento
Brenes indicó que, cuando se presentó al Juzgado Penal para la audiencia, se le informó que el abogado defensor del alcalde, una persona de apellido Martínez, había presentado el jueves un documento médico.
Según el representante de la denunciante, el documento recomendaba tres días de reposo, pero no constituía por sí mismo una incapacidad formal.
“La revisé y noté que no es una incapacidad, es un dictamen médico donde se da una recomendación de tres días de reposo o incapacidad”, relató Brenes.
Brenes planteó ante la jueza que una recomendación médica no es equivalente a una incapacidad debidamente emitida o validada. Afirmó que, tras abrirse la audiencia, la juzgadora dispuso que Martínez contaba con 48 horas para acreditar esa condición.
Además de dilucidar si el caso se eleva a juicio, la parte denunciante pretendía aprovechar la audiencia para impulsar una acción civil resarcitoria por los daños y perjuicios que alega la joven.
“Consideramos que aquí hay delitos muy graves, que pueden llegar hasta penas superiores a los 96 años”, manifestó el abogado.
Esa cifra corresponde a la estimación planteada por Brenes sobre la suma de las penas asociadas a los delitos atribuidos en la acusación. Una eventual pena solo podría definirse luego de un debate judicial, de la valoración de la prueba y de una sentencia firme.
Denuncia presentada en 2024
La denuncia fue presentada el 14 de octubre de 2024 por una mujer que entonces afirmó haber sido víctima de hechos ocurridos cuando era menor de edad.
Según la versión de la denunciante, el contacto con González surgió después de que ella y su familia, junto con otras personas, fueran desalojadas de parcelas privadas en playa Herradura. La madre de la joven habría obtenido el contacto del alcalde para consultar sobre la posibilidad de gestionar una patente para un carrito de granizados.
La joven sostuvo que posteriormente inició una relación sentimental con González y que al principio mantuvieron relaciones sexuales consentidas.
No obstante, afirmó que, con el paso de las semanas, el alcalde presuntamente la obligó a mantener relaciones sexuales sin consentimiento y le causó lesiones.
En octubre de 2024, el Juzgado Penal de Garabito impuso medidas cautelares a González, entre ellas la prohibición de contactar a la denunciante y a los testigos del proceso, así como la restricción de acercarse a menos de 100 metros.
Además, se le ordenó abstenerse de agredir, perturbar o molestar a la joven.