Las autoridades policiales llevaron a cabo, en las últimas semanas, una serie de desalojos en la zona conocida como Las Parcelas de Herradura, en Garabito, Puntarenas, en respuesta a la reclamación del propietario del terreno.
La ocupación de esta área se remonta a la década de los 70, cuando varias familias se establecieron en la zona.
La Casa Presidencial informó de que, recientemente, un juez del Poder Judicial emitió una orden de desalojo que se ejecutó con éxito en una de las parcelas. La labor se le encargó a la Fuerza Pública.
Sin embargo, en reacción a esto, algunos residentes decidieron manifestarse en las carreteras y llevar a cabo bloqueos, lo que, según la Casa Presidencial, “afectó la libertad de tránsito y puso en riesgo la seguridad de menores de edad en la vía pública”.
Estos bloqueos en las carreteras se registraron desde de agosto. Distintas imágenes difundidas por medios locales muestran la utilización de llantas, quemas, pancartas y filas de personas para impedir el tránsito en las áreas cercanas a Las Parcelas.
Wendy Molina, ministra de Vivienda, se comprometió a coordinar las acciones necesarias para abordar la situación y brindar apoyo a las familias desalojadas.
“Vamos a dirigir las acciones oportunas para estudiar los casos individuales de las familias afectadas; buscaremos poder ingresarlos al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda; esto las facultará para optar por el beneficio del bono familiar de vivienda, siguiendo los pasos y estudios que establece el sistema”, aseguró la jerarca en el mismo documento.
Según la Casa Presidencial, diversas instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) prometieron brindar apoyo a las poblaciones vulnerables, con sus diferentes programas de ayuda social.
Un caso similar ocurrió durante el desalojo del terreno adyacente a la finca La Carpio, en La Uruca, San José, en marzo del 2022. En esa ocasión, las autoridades desalojaron a 200 familias (alrededor de 1.000 personas) entre costarricenses y nicaragüenses, que se instalaron en ranchos y carpas durante 15 días en un terreno privado.
Durante las acciones de desocupación, los oficiales fueron agredidos con piedras por vecinos de otras localidades, mientras que algunas personas acumularon montones de basura y les prendieron fuego para bloquear el paso de vehículos particulares y del transporte público.
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