La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por la exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, con el fin de anular la condena de nueve años de cárcel que había recibido el 29 de agosto del 2019 en el Tribunal de Goicoechea, por 32 delitos de uso de documento falso.
El medio digital CRHoy informó este martes que Taitelbaum alegó, en el recurso presentado el 4 de julio, supuestas violaciones a sus derechos de defensa y al debido proceso. No obstante, tres días después, los magistrados rechazaron de plano el recurso, en el expediente 23-015745-0007-CO.
Ante consulta de La Nación, la oficina de prensa de la Sala indicó que “el principal argumento para este rechazo es que el proceso de revisión de la sentencia planteado por el recurrente excede el conocimiento de esta Sala”.
El Alto Tribunal consideró que lo reclamado en el recurso es competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal de Apelación, “mediante el procedimiento para la revisión de la sentencia regulado en los artículos 408 a 421 del Código Procesal Penal”.
Ofelia Taitelbaum deberá enfrentar un nuevo juicio en noviembre. Foto: Alonso Tenorio. (Juicio Ofelia)
El abogado de Taitelbaum, Hugo Navas, detalló en su reclamo que el proceso penal debió anularse porque la abogada de Ileana Vargas, la otra imputada que falleció antes del juicio, no estaba presente cuando se declaró la apertura del debate.
Navas sostuvo que, aunque Vargas murió y ya no era parte del proceso, la fiscala Patricia Badilla solicitó a los jueces que en sentencia se resolviera la extinción de la acción penal por el deceso, en lugar de solicitar el sobreseimiento definitivo sin necesidad de debate. Según el abogado, esto provocó que Axa Carballo, la defensora pública de la ahora fallecida, tuviera que estar presente durante el juicio.
“No interesa si a mi defendida se le causó daño, el problema es que se violó el debido proceso y que nos enfrentamos a una nulidad absoluta que afecta a todas las partes del proceso”, indicó Navas en el recurso.
Agregó además que sin la convocatoria de Carballo a la lectura de la sentencia integral, “a la fecha no se debe tener por realizada la notificación del fallo, omisión por la que no ha comenzado a correr el término para recurrir la sentencia que nos ocupa”.
Navas ya había presentado un recurso de revocatoria al señalamiento a debate ordenado por el Tribunal de Goicoechea, donde expuso argumentos similares. Sin embargo, ese recurso también fue rechazado, el 9 de junio pasado, y se confirmó que la sentencia contra Taitelbaum será revisada en un juicio de reenvío del 15 al 17 de noviembre. Este nuevo contradictorio fue ordenado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, el 17 de diciembre del 2020.
Los hechos imputados
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La exdefensora de los Habitantes fue denunciada en el 2014 por María Otárola Soto, una costurera que no pudo tramitar su seguro por dependencia familiar ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), porque aparecía con ingresos propios y como contribuyente de impuestos sobre la renta, por una supuesta asesoría a firmas con ingresos millonarios, vinculadas a Ofelia Taitelbaum.
Sin embargo, la costurera nunca tuvo ninguna relación laboral ni económica con la exfuncionaria pública, ni con sus empresas. Ambas se conocieron cuando Otárola vivía en un precario en Pavas y Taitelbaum era viceministra de Vivienda, cargo que ocupó entre 1986 y 1990.
En el 2014, cuando el asunto trascendió en medios, Taitelbaum llamó a la costurera para pedirle que se desdijera públicamente y que, a cambio, ella le tramitaba el seguro ante la CCSS.
La llamada fue grabada y se aportó como prueba válida durante el primer debate. También se presentó una denuncia por coacción, delito por el cual se absolvió a Taitelbaum.
Taitelbaum, de 74 años, inició su carrera política en 1998. Llegó a ser diputada para el periodo 2006-2010 (Administración de Óscar Arias), pero renunció como legisladora en diciembre del 2009, pues la nombraron como defensora de los habitantes. En ese cargo se mantuvo hasta el 7 de julio del 2014, cuando dimitió tras la denuncia de Otárola.
