Luego de una discusión que se prolongó durante toda la mañana, la Corte Plena aprobó por unanimidad una propuesta del magistrado Luis Fernando Salazar para pedir a la Asamblea Legislativa que elimine el secretismo en las votaciones de magistrados sobre procedimientos disciplinarios.
Para hacerlo se requiere de una reforma constitucional.
Asimismo, la iniciativa plantea que las sanciones se hagan con una mayoría simple de los magistrados (mitad más uno) y no por mayoría calificada (2/3), como sucede actualmente.
La discusión se dio luego de conocerse el anuncio de jubilación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, cuatro días después de recibir una amonestación escrita junto con otros tres magistrados de la Sala Tercera. La sanción se resolvió mediante votación secreta y fue criticada por sectores de dentro y fuera del Poder Judicial al considerar que fue muy leve.
Este castigo se dio en relación con actuaciones de los altos jueces en torno al caso del cemento chino. Por los mismos hechos fue suspendida por dos meses la ex fiscala subrogante Berenice Smith.
A raíz de este caso, diez magistrados se adelantaron y enviaron una carta a la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, para que se impulso la reforma constitucional necesaria para eliminar el secreto de las votaciones. Esa gestión no fue bien recibida por otros miembros de la Corte al considerar que debieron haber consultado primero al resto de los magistrados.
Ese fue el reclamo de la magistrada Rocío Rojas, quien manifestó sentirse “triste” porque compañeros que han trabajado a su lado no le avisaran nada y llevaron la propuesta por separado.
Rojas pidió que sean los magistrados los que primero conozcan en frío las propuestas que se enviarán a los legisladores.
La sesión de Corte Plena fue presidida por la magistrada Carmenmaría Escotto, quien también dio a conocer la nota que se remite a la presidenta de la Asamblea, donde se notifica la renuncia del presidente del Poder Judicial a partir de este lunes.
El magistrado Román Solís coincidió con sus colegas Carmenmaría Escoto y Paul Rueda en que ya habían siete grupos de estudio sobre las reformas que requiere el Poder Judicial para estar acorde con los tiempos actuales, sin embargo ahora la crisis les llegó de golpe.
“El nombre mismo de Corte es aprobioso, en toda Corte hay monarcas y plebeyos” dijo Solís, quien agregó que le parece sana la crisis que hoy mueve los cimientos de la institucionalidad de ese poder estatal y surge así la vocación de propiciar un nuevo Poder Judicial, al abrir un proceso de reflexión.
Piden órgano sancionatorio externo a la Corte
El magistrado Luis Fernando Castillo, afirmó en la sesión de esta mañana que redactó un artículo que pidió adjuntar como segunda opción de reforma constitucional, además de acuerpar el que enviaron los diez magistrados el fin de semana, con una propuesta concreta para los procesos sancionatorios de los magistrados.
Castillo propone que esos juzgamientos estén a cargo de un órgano externo con alta credibilidad y propone que lo integre quien ejerza la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el contralor o contralora general de la República y el procurador o procuradora. La instrucción de los procesos estaría a cargo del director de la procuraduría de la ética.
Sanciones a reconsideración
Para la sesión que se inició a las 2 p. m. también se acordó modificar la agenda, que tienen más de 100 asuntos pendientes para conocer una solicitud de reconsideración planteada por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) y de jueza, sobre los dos procesos disciplinarios recién conocidos por la Corte.
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Según el documento de la ANIC, enviado a la Secretaría de la Corte la noche del sábado, la pretensión es que se declare nula la decisión tomada por los magistrados el miércoles pasado, que sancionó con una amonestación escrita a los cuatro miembros de la Sala III.
Consideran que la nulidad obedece a que se infringieron principios de legalidad, de publicidad y de “correlación entre acusación, prueba y fallo”.
Piden además, que sea “sometido nuevamente a valoración de fondo” las recomendaciones del informe del magistrado Román Solís y “se adopte un fallo congruente con la falta atribuida”.
Solís fue el magistrado responsable de elaborar el informe, según el cual, se trató de una falta grave, ante la cual se abstuvo de recomendar castigo por considerar que correspondía a la Corte.
La ANIC fue la organización que planteó la denuncia en octubre pasado que dio origen a este procedimiento para investigara las actuaciones de los magistrados.
En la sesión de la tarde la Corte acordó la misma sanción para los cuatro magistrados de la Sala III que la impuesta a la exfiscala subrogante y acordó suspenderlos sin goce de salario por dos meses.
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