En una sesión que duró 10 horas, la Corte Plena rechazó la noche del lunes destituir a la ex fiscala subrogante Berenice Smith Bonilla y optó por suspenderla dos meses sin goce de salario.
Actualmente, ella ocupa el cargo de fiscal adjunta de Cartago.
La medida disciplinaria la acordaron 12 de los 22 magistrados presentes el lunes a las 9:40 p. m. en una votación dividida.
A Smith se le atribuye que, durante su ejercicio como fiscala general interina, indujo a error a los cinco magistrados de la Sala Tercera al pedir la desestimación de una causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario, y el independiente Víctor Morales Zapata, por el delito de tráfico de influencias.
Los hechos se relacionaban con el caso del cemento chino y se desarrollaron durante el año anterior.
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El asunto empieza el 30 de enero del 2017, mientras Smith, actuando como fiscala general interina, solicitó a la Sala III desestimar la denuncia contra los entonces legisladores por considerar que a partir de la totalidad de la prueba recabada, no era posible proceder a una eventual acusación y solicitar la apertura a juicio por tratarse de hechos atípicos (no considerados delitos).
Un mes después, los altos jueces Carlos Chinchilla Sandí, Doris Arias Madrigal, Celso Gamboa Sánchez (ya destituido), María Elena Gómez Cortés y Jesús Ramírez Quirós acogieron la solicitud de desestimación.
El asunto debía verlo la Sala III porque los implicados eran miembros de un supremo poder de la República, específicamente, la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el caso tomó otro giro el 2 de octubre del 2017, cuando el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, alertó al presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, sobre una incongruencia entre la solicitud de desestimación planteada por el Ministerio Público y un informe sobre contactos telefónicos entre Otto Guevara, Víctor Morales, el exdiputado Wálter Céspedes y el empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños.
El 12 de octubre de ese año, Carlos Chinchilla pidió al Ministerio Público investigar la actuación de la ex fiscala subrogante en el aspecto penal y paralelamente le abrieron un proceso disciplinario.
Precisamente, desde hace dos semanas la Corte Plena analiza las actuaciones tanto de Smith como de los integrantes de la Sala Tercera, pues también se les abrió un proceso disciplinario.
Este lunes, la Corte Plena discutió un informe elaborado por el magistrado suplente Héctor Blanco, quien consideró que la actuación de la ex fiscala subrogante se califica como una falta gravísima y que por tanto su nombramiento debía se revocado.
Sin embargo, la propuesta no obtuvo los 15 votos necesarios para aplicar esa sanción. Entonces, en otra votación dividida, se acogió estimar la falta como grave, en vez de gravísima, cuya sanción mayor es la suspensión por dos meses.
Algunos de los altos jueces estimaron que la falta era leve.
En la lista de responsables de la votación hubo magistrados suplentes, pues no podían estar presentes los miembros propietarios de la Sala III, ya que deben inhibirse de conocer hechos que los involucran.
El criterio estaba en proceso de redacción este martes y será comunicado en las próximas horas, indicó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.
Tras lo resuelto, Smith podrá plantear un recurso de revocatoria ante la misma Corte Plena, empero, si la Corte lo rechaza lo dispuesto queda en firme.
Acto seguido, se notifica a la Fiscalía General para que se fijen los días en que se aplicará la medida disciplinaria.
En un proceso separado, ajeno a Corte, la ex fiscala subrogante podría plantear una demanda en Contencioso Administrativo, para que se revoque la sanción.
Este asunto es estrictamente administrativo y no tiene relación con otro proceso que por los mismos hechos lleva el Ministerio Público (sede penal) contra la exfiscala subrogante.
Pese a que se intentó contactar a Berenice Smith para consultarle sobre este asunto, no atendió las llamadas realizadas a su oficina.
Respetan decisión
Ronald Segura Mena, presidente de la Asociación de Fiscales y miembro del comité ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Fiscales, consideró que lo importante del asunto es que “independientemente del cargo que obstente el funcionario en el Poder Judicial, todos estamos sometidos al régimen disciplinario”.
Además, agregó: “Igualmente es un recordatorio para todos los funcionarios del Poder Judicial independiente de que sea fiscal general, magistrado o integrante del Consejo Superior, de que el régimen disciplinario se aplica para todos los funcionarios (...) desde este punto de vista es sano que el Poder Judicial, de manera transparente ante el país, establezca responsabilidades y se respeta la decisión”.
En tanto, Adriana Orocú Chavarría, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) dijo que prefería no referirse al tema hasta tanto no tener el contenido completo de la deliberación de los magistrados, que los llevó a imponer la sanción.
“Lo que entiendo es que se respetó el debido proceso disciplinario y que al final arribaron al otorgamiento de esa sanción. Nuestra posición es de respeto a lo actuado por la Corte”, dijo Orocú.
Casos relacionados
El tema del cemento chino ha generado secuelas a lo interno del Poder Judicial. Además de Berenice Smith, se tramitaron estos casos:
- Causa contra miembros de Sala Tercera. Este proceso disciplinario se abrió el 6 de diciembre pasado, luego de que la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) denunció a los magistrados por el presunto delito de prevaricato , es decir, dictar resoluciones contrarias a la ley. En este caso, el magistrado instructor es Román Solís Zelaya. Ese informe lo conocerá este miércoles la Corte Plena en una sesión extraordinaria.
- Separación de exfiscal Jorge Chavarría. Contra el exfiscal general de la República se abrieron dos procesos administrativos; uno sobre el por qué no incluyó un informe clave del OIJ, al pedirle a la Sala III que desestimara la causa por tráfico de influencias contra Morales y Guevara y la otra, luego de que la actual fiscala general, Emilia Navas, lo denunció por solicitar dos desestimaciones a favor de Celso Gamboa Sánchez, en agosto y octubre del 2014. El 2 de mayo pasado la Corte Plena estudió ambos procesos y determinó que Chavarría había cometido faltas graves que ameritaban la revocatoria de su nombramiento. Sin embargo, Jorge Chavarría tomó la decisión de volver a la jubilación a partir del 1.° de diciembre anterior.
