La lista de candidatos para el cargo de fiscal general se redujo a 11 personas, informó este jueves el Poder Judicial. 19 aspirantes fueron entrevistados por la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial, y de ellos ocho fueron descartados.
Esta etapa del proceso vale un 5% de la nota otorgada a los participantes. El restante 95% se otorga por requisitos mínimos (70%), experiencia laboral en el ejercicio del derecho (10%), experiencia en supervisión de personal (5%) y estudios universitarios complementarios (10%).
Las entrevistas se efectuaron los días 20, 21, 27 y 28 de enero, de manera presencial en el salón de sesiones de la Corte Plena y fueron transmitidas desde el Facebook Poder Judicial, con el fin de garantizar la transparencia y publicidad de las mismas.
Sesión de Corte Plena La Comisión de Nombramientos debe resolver dos apelaciones antes de enviar la lista definitiva de 11 candidatos restantes a la Corte Plena. Foto cortesía Poder Judicial.
La Comisión de Nombramientos aún debe resolver dos apelaciones presentadas luego de las entrevistas. Una vez resueltas, la lista de elegibles pasará a Corte Plena, que finalmente definirá quién reemplazará a Emilia Navas Aparicio.
Navas, nombrada fiscala general en marzo del 2018, renunció al puesto y se acogió a su jubilación el 29 de junio del 2021, debido a que su compañero sentimental, Francisco José Campos Aguilar, es abogado de MECO, una de las empresas involucradas en el caso Cochinilla.
Navas renunció 14 días después de los allanamientos por este caso, en el que se investiga a empresarios privados y funcionarios públicos por presunta corrupción en obra pública.
El fiscal general interino, Warner Molina Ruiz, figura entre los candidatos restantes para dejarse el puesto por los siguientes cuatro años.
Los aspirantes deben ser costarricenses por nacimiento o naturalización con domicilio en el país no menor de 10 años, ser licenciado en Derecho, incorporados al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, pertenecer al estado seglar y ser mayores de 35 años. También, deben haber ejercido la profesión de abogado durante al menos 10 años, salvo que se trate de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco años.
Además, se les pide un mínimo de tres años de experiencia en la supervisión de personal, no tener parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia.
