La presentadora y empresaria Keyla Sánchez Granados fue indagada este miércoles 21 de setiembre por la Fiscalía de Pavas, que la investiga por los presuntos delitos de conducción temeraria y falsedad ideológica (mentir en un documento oficial). La institución confirmó que el pasado 14 de setiembre ordenó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entregar una notificación que tenía como fin citarla para que acudiera “a la toma de la declaración indagatoria”.
“Dicha gestión (de notificarla) se realizó en el lugar de trabajo de la persona investigada, pues esta cambió de domicilio y no se le ubicó en el sitio de residencia registrado anteriormente. Este 21 de setiembre, la Fiscalía tomó la declaración indagatoria a Sánchez, quien es investigada por los presuntos delitos de conducción temeraria y falsedad ideológica.
“Una vez valorados los arraigos procesales de la imputada (familiar, domiciliar y laboral), el despacho determinó que, por ahora, la persona puede continuar apegada al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares. El caso avanza en la etapa de investigación, por lo que, por ahora, no es posible brindar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicó el Ministerio Público en un correo enviado por la oficina de prensa de la institución ante consultas de La Nación.
El 15 de setiembre anterior, la conductora de Teletica dijo a Viva que “tras el accidente que sufrí en el mes de marzo, hay una serie de procedimientos que se derivan de este incidente y que, como cualquier costarricense, atenderé en las vías que corresponda en la forma debida y respetuosa”. Ese día agregó que “agradezco todo el apoyo y preocupación que muestran hacia mi persona”.
Aunque este medio intentó conocer la versión de la joven, de 30 años, hasta las 6:30 p. m. de este miércoles no fue posible localizarla, pese a que se le llamó a su celular y se le dejó un mensaje de WhatsApp.
Posterior al hecho, la presentadora hizo un trámite ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) para cobrar el seguro de su vehículo y, según un documento publicado por el generador de contenido, Diego Bravo, este le fue denegado por supuestas inconsistencias en su declaración de los hechos. Aunque el ente acusador del Estado no detalló por qué exactamente se investiga la falsedad ideológica, en apariencia, se derivó de esta situación.
El Código Penal establece en el artículo 261 bis un castigo de uno a tres años de prisión cuando se incurre en el ilícito de conducción temeraria, mientras que en el apartado 367 se estipulan penas de uno a seis años cuando alguien “insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.
Este caso se sigue dentro del expediente 22–000203–0283–PE.
