Escuchar
El Juzgado de Ejecución de la Pena de San José prohibió este jueves al Ministerio de Justicia y Paz referirse a temas penitenciarios. La medida cautelar busca “garantizar que el derecho fundamental de justicia sea ejercido libre de todo tipo de injerencia y control”, según la resolución firmada por la jueza Mayra Acevedo Matamoros.
La orden se da en medio de una crisis que, según la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, tiene al sistema penitenciario “al borde de un colapso” por la incapacidad para recibir a más privados de libertad. Justicia ha solicitado insistentemente que se levante el cierre del Centro de Atención Integral (CAI) San José, mejor conocido como San Sebastián, clausurado desde el 2016 por el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José. Este era, a criterio de la jerarca, el único centro que podía resolver el problema de saturación de reos en celdas del Poder Judicial.
LEA MÁS: Juez ordena cerrar única cárcel habilitada para recibir reos
Como parte de dichas solicitudes, este miércoles 29 de setiembre los jueces de ejecución de la pena hicieron una inspección en dicho centro penitenciario para mejor resolver. No obstante, el Juzgado no emitirá una resolución al respecto hasta que Justicia y Paz entregue las pruebas solicitadas por la Defensa Pública, en un plazo máximo de tres días hábiles.
Justicia deberá demostrar las acciones adoptadas para reducir el hacinamiento carcelario, los resultados de la vacunación contra la covid-19 a privados de libertad, las gestiones realizadas para construir un nuevo centro penal para indiciados y las mejoras realizadas en los centros penitenciarios, entre otros.
Según el Juzgado de Ejecución de la Pena, la prohibición de referirse al tema se da debido a que, “en los últimos días, las autoridades penitenciarias han estado realizando manifestaciones en distintos medios de comunicación en donde se ha brindado datos y se ha rendido información que podría no ser conteste con los principios de independencia judicial y de juez natural”.
Por tanto, “se impone como medida cautelar atípica, la obligación a las autoridades penitenciarias de abstenerse, ya sea por sí mismas o por terceras personas y mientras se encuentre en trámite el presente proceso judicial, de realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones que pongan en entredicho los principios antes citados. Lo anterior, a efecto de garantizar que el derecho fundamental de justicia sea ejercido libre de todo tipo de injerencia y control para que las decisiones que se adopten no solo se encuentren ajustadas a derecho sino también sean absolutamente imparciales”, dice Acevedo Matamoros.
LEA MÁS: Crisis en cárceles no es responsabilidad del Poder Judicial, alega magistrada
Como consecuencia, esta tarde el departamento de prensa del Ministerio de Justicia y Paz comunicó que “en cumplimiento de una orden judicial que nos impide referirnos a temas penitenciarios, a partir de este momento no nos será posible atender consultas al respecto. Otros temas seguirán el flujo normal de información”.
