Seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos es la sanción que solicitó el ente acusador del Estado para el ex fiscal general Jorge Chavarría Guzmán.
La petición la hizo la mañana de este martes la fiscala Sofía Valenzuela, en la fase de conclusiones del juicio que se le sigue a Chavarría por dos delitos de incumplimiento de deberes.
La sentencia será dictada este miércoles a las 2 p. m. en el Tribunal Penal de Hacienda en Goicoechea.
La Fiscalía pidió tres años de inhabilitación por cada uno de dos delitos que se le atribuyen, mientras que la defensa de Chavarría solicitó la absolutoria al calificar de imprecisa y débil la prueba presentada.
Durante su exposición, la fiscala Valenzuela insistió en que el ex fiscal general incumplió el deber de probidad al tramitar y pedir a la Sala Tercera la desestimación de dos causas contra Celso Gamboa, cuando este se desempeñaba como ministro de Seguridad.
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Valenzuela fundamentó la acusación en seis resoluciones de la Sala IV así como en el artículo 339 del Código Penal, según el cual, cuando existe amistad íntima entre el imputado y la persona que debe conocer la causa, este último debe inhibirse.
La representante del Ministerio Público dijo que en el juicio se acreditó que existía amistad íntima entre Chavarría y Celso Gamboa, razón por la cual no podía firmar dos solicitudes de desestimación.
A su juicio Chavarría debió excusarse para mantener la confianza de la población en el sistema de administración de Justicia.
Los hechos se refieren a dos casos planteados contra el exministro por no ejecutar un desalojo y por no girar un comprobante de antecedentes. Por esas conductas se le atribuían delitos de abuso de autoridad, desobediencia y prevaricato.
Gamboa ocupó el cargo de ministro por nueve meses, entre 2014 y 2015.
Leonardo Gómez Solano, otro representante de la parte acusadora, dijo que el ex fiscal general, intenta engañar a la ciudadanía, pues actuó con dolor (voluntad) pues con 40 años de experiencia en el Poder Judicial sabía cómo tenía que realizar sus funciones.
“Si hay una situación específica que tienen que cuidar todos los funcionarios públicos, pero en especial los del Poder Judicial, es el deber de probidad”, dijo Gómez.
El fiscal dijo lamentar las declaraciones de Chavarría contra la prensa a lo largo del proceso, en las que afirmó que “la democracia y la administración de la justicia en este país son lo peor”.
Gómez recordó que incluso horas antes del juicio, Chavarría afirmó a los medios de prensa que la Corte “es un antro”. “Debo decirle que la Corte no es ningún antro, pero se puede convertir en un antro si los funcionarios que tienen que cumplir la ley no lo hacen, como usted no la cumplió, por eso está aquí sentado” acotó Gómez.
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Por su parte, el representante de la Procuraduría General de la República, Miguel Cortés, solicitó ¢5 millones por concepto de acción civil, ante el daño que considera Chavarría causó a la sociedad costarricense al dejar en “entredicho la institucionalidad del país”, con las acciones en las que supuestamente incurrió.
Además, pidió que al ex fiscal general se le condene al pago de costas del proceso.
Chavarría ocupó el cargo de fiscal general desde el 16 de octubre de 2010 hasta el 1.° de diciembre de 2017, cuando se acogió a su pensión. Para entonces ya estaban abiertas las investigaciones.
Lo sucedió en el cargo Emilia Navas Aparicio.
Chivo expiatorio
El abogado Primo Chacón, uno de los defensores de Chavarría, refutó las declaraciones de la Fiscalía y arremetió en su contra.
Para él, Chavarría fue un “chivo expiatorio” del que la Corte se agarró ante los graves cuestionamientos por el caso del cemento chino, con el cual políticos corruptos querían entrar al Poder Judicial y Chavarría no se prestó a su juego.
Chacón pidió la absolutoria para el exfiscal al afirmar que este es el primer juicio al que asiste donde la Fiscalía no presenta testigos. ¿Porqué no trajeron a Celso?, cuestionó.
En su criterio, la acusación está incompleta pues no describe la conducta ilícita ni dónde está la falta al deber de probidad.
Por su parte Jorge Urey, codefensor de Chavarría, dijo que la acusación es imprecisa y que el criterio de amistad íntima entre Celso Gamboa y su cliente no fue demostrada en el juicio.
Rechazó en todos sus extremos la solicitud de la Procuraduría para que se castigue a Chavarría con el pago de ¢5 millones y las costas del juicio. “Acogerlo es quebrantar el principio de correlación de sentencia”, dijo.
Al concluir la fase de conclusiones, el propio imputado habló. El ex fiscal general expresó que este juicio que afronta debería ser conocido en las universidades como ejemplo de lo que no se debe hacer en un país de derecho.
Considera que sus acusadores revirtieron el principio de inocencia y llegaron con la presunción de culpabilidad, lo cual “es una vergüenza”.
Chavarría recordó que el artículo 28 de la Constitución Política dice que nadie puede ser perseguido por sus opiniones, pero en su caso, señala, ocurre así. Detrás de esa persecución, reiteró, hay magistrados y la actual fiscala general Emilia Navas.
El exjefe del Ministerio Público confía en salir absuelto porque nunca se ha robado nada.
“Esto jamás debió llegar a juicio. Como llegan con una acusación ultradébil, hacen uso de estas falacias y de estas argumentaciones que no son más que una reiteración de la violación de todos mis derechos y una persecución por posiciones que tuve muy claras”, manifestó.
Las causas
Las investigaciones que se le seguían a Celso Gamboa para las cuales Chavarría pidió desestimación se tramitaron en los expedientes 14-000063-033-PE y 13-000026-033-TP.
En el primer caso se le atribuyó a Celso Gamboa el delito de desobediencia porque, supuestamente, no acató una orden de la Sala Constitucional en su cargo de ministro de Seguridad, cuando un ciudadano pidió una certificación de su expediente judicial.
En la otra investigación se le responsabilizaba por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, por un desalojo en una propiedad en Heredia, pese a que estaba en disputa penal.
En ambos expedientes, Chavarría recomendó las desestimaciones, que fueron acogidas por los magistrados de Sala Tercera, quienes resuelven, en última instancia, los casos que involucran a funcionarios con inmunidad, como Gamboa.