El Ministerio Público abrió, este jueves, una investigación por el presunto uso de maquinaria de la Municipalidad de Corredores, para construir un puente dentro de una de las propiedades privadas de un supuesto narcotraficante.

Esta finca, ubicada en el cantón de Corredores, Puntarenas, estaría asociada a un sujeto de apellido González, quien fue detenido la semana pasada por ser sospechoso de liderar una organización que traficaba una tonelada de cocaína cada dos meses.

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Ante una consulta de La Nación, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que esta mañana recibió una denuncia anónima sobre estos hechos, por lo que de inmediato abrió una pesquisa bajo el número de expediente 21-000007-1775-PE.

Los delitos que se investigan son un supuesto tráfico de influencias y cohecho propio. No trascendió contra quién es la denuncia.

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“No es posible confirmar quién o quiénes son las personas denunciadas, ya que esta información será reservada hasta que se realice alguna diligencia de indagatoria, según la política establecida por la Fiscalía Anticorrupción”, señaló dicha oficina.

Dado que se trata de un caso recién abierto, el Ministerio Público alegó que eso es todo lo que puede decir hasta el momento, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.

La Fiscalía sí confirmó que se trata de la misma denuncia que ingresó desde el martes pasado ante la Contraloría General de la República, pues el documento que llegó al Ministerio Público está dirigido al ente contralor.

Por su parte, ayer la Contraloría, ante consultas de La Nación, reconoció que la denuncia está en análisis de admisibilidad para determinar si se investigan o no los hechos alertados.

Alerta confidencial permite desarticular grupo

En el 2018, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una información confidencial sobre la supuesta colaboración de agentes de esa Policía con un fuerte grupo narco liderado por un hombre de apellidos González Hernández.

A partir de ahí, comenzaron las pesquisas que permitieron establecer que, primero, la organización tenía como labor recibir cocaína procedente de Suramérica para introducir una parte al mercado local y enviar el resto a Estados Unidos, a través de Guatemala y México.

Con la finalidad de que el viaje de la droga fuera seguro, el grupo logró infiltrar al OIJ de la zona. De hecho, un agente de apellidos Campos Esquivel y otro apellidado Concepción Quiel les daban consejos para realizar los traslados con seguridad.

Presuntamente, también suministraban a la banda datos sobre operativos policiales que se desarrollaban en carretera o de operativos para recabar información, muchos de los cuales fracasaron.

La investigación permitió desarticular al grupo, el pasado 6 de abril, cuando se desplegaron operativos en diferentes partes del país y se detuvo a 10 personas, entre ellas, el actual presidente del Concejo Municipal de Corredores, Bernabé Chavarría Hernández.

Él fue detenido porque, supuestamente, realizaba “trámites de permisos municipales” a favor de la organización, precisó la Fiscalía.

Trascendió que González Hernández es un reconocido empresario de palma aceitera de la zona, que recientemente estaba incursionando en un nuevo negocio de embotellado de agua y que, entre sus bienes, cuenta con un quebrador de piedra para extraer materiales como arena y piedras cuarta y quinta, que son especiales para la construcción.

Aunque este hombre y su esposa, de apellidos Jiménez Araya, fueron detenidos en San Joaquín de Flores, en Heredia, contaban con una quinta en La Palma de La Cuesta de Corredores, que tenía gran cantidad de lujos, entre ellos un lago, helipuerto y área para animales silvestres.

Según informó la Policía Judicial, durante ese 6 de abril se pretendía decomisar bienes que están valorados en unos ¢1.500 millones, entre las cuales hay varias propiedades.

En algunos de esos inmuebles hay gran cantidad de cabezas de ganado; y vehículos de diferentes tipos, como automóviles, motocicletas, plataformas, buques y otros.

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Una semana después de esta desarticulación y tras una serie de cuestionamientos, el diputado liberacionista Gustavo Viales confirmó que visitó el Martes Santo (30 de marzo) el condominio en San Joaquín de Flores, donde vivía y fue detenido el líder de esta agrupación.

Él aseguró que asistió al lugar luego de que Bernabé Chavarría le pidiera recoger allí un dispositivo USB que contenía un conjunto de denuncias sobre la situación de los hospitales de la zona sur y sobre el proceso de vacunación contra la covid-19.

Viales insistió en que nunca antes había ido a ese sitio y que no conoce al sujeto que vivía allí, tan es así que al entrar al condominio, supuestamente no preguntó por ninguna persona en específico, sino por un número de casa que le habían suministrado y presentó su cédula.

Agregó que, una vez que recogió ese dispositivo, se marchó.

Ante lo sucedido, Viales decidió tomar las siguientes medidas:

-Separarse de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), para que esta pueda deliberar tranquilamente.

-Separarse de las funciones como secretario general del PLN hasta el 30 de junio, mientras se efectúa la convención interna para elegir candidato presidencial y renovar estructuras.

-Renunciar a la Comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico, en donde era presidente.

-Renunciar a la inmunidad parlamentaria.

-Pedir al Tribunal de Ética del PLN que le abra una investigación.

Colaboraron con esta información los periodistas Carlos Arguedas y Aarón Sequeira